jueves, 20 de septiembre de 2018
Primer Plano/ Creado el: 2017-11-05 07:29 - Última actualización: 2017-11-05 07:31

Participación de FARC en política. Las salidas a un nuevo tropiezo

Para la Procuraduría el pronunciamiento de la Corte en referencia al artículo 20 del Acto Legislativo del 2017 es clave; así mismo plantea la posibilidad de incluir una norma específica en el contenido de la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para La Paz que actualmente se tramita en el Congreso.

Escrito por: Redacción Diario del Huila | noviembre 05 de 2017

Diario del Huila, Especial

Días después de que se le otorgará por parte del Consejo Nacional Electoral, la personería jurídica al recién creado partido de las FARC, le surgió otro inconveniente luego de que la Comisión de Seguimiento a los Delitos Electorales concluyera que las inhabilidades que tienen algunos miembros de las FARC para participar en política.

La razón esgrimida por la comisión es que quienes aspiran a participar en política se les han impuesto condenas que a la fecha siguen vigentes.

Lo anterior a la luz de dirigentes políticos es parte del sistema político del país y por tanto se debe cumplir y no que sea un ‘saludo’ a la bandera, simplemente porque se trata de las FARC.

Ya en días pasados la sola presencia de algunos miembros del otrora grupo insurgente que hicieron presencia en sesiones de Cámara de Representantes generaron un reclamo airado de miembros de la oposición que no ven con muy buenos ojos una eventual llegada de jefes de las FARC al Congreso de la República sin antes haber hecho su tránsito o contado sus verdades a la justicia transicional; un mecanismo que a paso lento busca su reglamentación e implementación.

Participación, parte del acuerdo

La participación en política de las FARC, quedó contemplado en los acuerdos de paz y fue precisamente a través del artículo 20 del Acto Legislativo del 2017, que se creó la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y cuya exequibilidad estudia la Corte Constitucional, y es que precisamente dicho Acto Legislativo estableció expresamente que las condenas en la JEP, una vez se produzcan, no generarán el efecto de inhabilitar políticamente a los responsables. También, que las condenas penales que vengan de la justicia ordinaria quedan suspendidas hasta que sean de conocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz.

Opciones a la vista

Para el ministro del Interior, Guillermo Rivera, la situación aunque es compleja tiene solución de fondo. El jefe de la cartera ministerial manifestó  que aunque desde siempre se pensó que el levantamiento de las penas a los guerrilleros también representaba la eliminación de las inhabilidades electorales; no obstante señaló que con este impase se buscará precisar ese tema en la ley estatutaria de la JEP.

Otra de las alternativas es esperar que la Corte Constitucional de ‘luces’ y sea muy precioso con el fallo que emitirá sobre el Acto Legislativo.

“El Gobierno tenía la idea de que suspendidas las condenas, también se suspendían las inhabilidades que aparecen en la base de datos del Ministerio Público, pero dado que el señor procurador ha planteado que se necesita un fundamento normativo adicional, estamos estudiando otras alternativas”, señaló.

“Ese fundamento normativo que solicita el procurador la vamos a examinar y vamos a estudiar alguna salida. Nos parecería muy interesante que la Corte Constitucional se pronunciara sobre ello en la decisión que tome una vez concluya el examen del acto legislativo 01 del 2017 y vamos a examinar la posibilidad de incluir alguna precisión en alguna de las normas que se tramita en el Congreso”, añadió.

Sin embargo, otra cosa es la que piensan quienes están a cargo de los procesos electorales en el país como el registrador Juan Carlos Galindo, quien hace parte de la Comisión de Seguimiento a los Delitos Electorales.

Galindo, aseguró que esta dificultad afecta el proceso electoral porque “para inscribir la candidatura se necesita un certificado de antecedentes disciplinarios en el que no puede haber una suspensión de derechos políticos”. “Algunos desmovilizados han manifestado su deseo de inscribir sus candidaturas, pero mantienen suspendidos los derechos políticos”, resaltó.

Y lo complejo del asunto radica en que a la luz de la jurisprudencia esta la Ley 1864 creada en agosto de 2017 y mediante la cual se modifica la Ley 599 de 2000 y en la cual se dictan otras disposiciones para proteger los mecanismos de participación democrática.

La ley en su artículo 389A, en lo que respecta a la elección ilícita de candidatos, dice que el que sea elegido para un cargo de elección popular estando inhabilitado para desempeñarlo por decisión judicial, disciplinaria o fiscal incurrirá en prisión de cuatro (4) a nueve (9) años y multa de doscientos (200) a ochocientos (800) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Así mismo, el artículo 396, de la misma ley en lo referente a denegación de inscripción, señala que el servidor público a quien legalmente corresponda la inscripción de candidato o lista de candidatos para elecciones populares que no cumpla con esta función o la dilate o entorpezca, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años, multa de cincuenta (50) a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilidad para ejercer cargos públicos por el doble de la pena de prisión impuesta.

Lo anterior, es parte de la disyuntiva en la que se encuentra la participación política de las FARC en las siguientes elecciones, por tanto lo que cree la Comisión, de la que forma parte el Consejo de Estado, es que si no se hace plena claridad legal habría una alta probabilidad de que una eventual candidatura sea demandada; como efectivamente sucedería según advierten expertos en temas electorales.

Otras opiniones

Al debate también se sumó el fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez quien manifestó que el artículo 20, aunque suspenda las condenas, no quita la inhabilidad, ya que esa suspensión “tendrá efectos en otras áreas, pero no tendrá la potencialidad de desvirtuar la inhabilidad o hacerla inaplicable”.

Toda esta situación ya había sido advertida por la Procuraduría, que hace varios días  había pedido al Ministerio del Interior y al Alto Consejero para el Posconflicto que emitieran una norma reglamentaria para que el Sistema de Información de Registro de Sanciones y Causales de Inhabilidad (Siri) pueda informar también de la suspensión de las sanciones contra los miembros de las FARC; no lo hicieron y ahí están las consecuencias.

A la cadena de peticiones de claridad se unió el procurador Fernando Carrillo, el funcionario le solicitó a la Corte, en el concepto que le envió sobre la JEP, que establezca claramente los alcances del artículo 20. La posibilidad de que los magistrados ajusten el asunto parece ser la vía más expedita para evitar la situación. La otra vía sería apostarle a introducir el tema en el Congreso en uno de los proyectos de paz que están en trámite.

El magistrado ponente del caso, Luis Guillermo Guerrero, ya entregó un proyecto de fallo que avala ese artículo y no se descarta que la Corte haga una interpretación del artículo 20 de la JEP, como la que pide la Comisión. Así el alto tribunal tendría que precisar que las condenas ordinarias quedan suspendidas bajo el entendido de que lo mismo sucedería con sus efectos, como las inhabilidades.

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