Ante el reciente fallo de la justicia penal en relación con el caso conocido como TIGSA, que involucra a unos militantes y ex servidores públicos del Partido Conservador en el Huila, el Directorio Departamental, se pronunció.
“Fieles a la ideología y tradición del Partido, somos respetuosos de los principios y valores consagrados en la Constitución Política, la ley y los fallos judiciales. Por lo anterior, respetamos la independencia y las decisiones de los operadores judiciales”, manifiesta el comunicado.
Aseguran que hasta tanto el proceso penal no termine con sentencia ejecutoriada, que haga tránsito a cosa juzgada, no es posible considerar a las personas sujeto del fallo judicial responsables del delito que se les imputa.
“Además, aclaramos que ni en el caso del Neiva ni en el de Palermo hubo pérdida de dineros, dado que los recursos depositados y los rendimientos financieros generados fueron pagados a los municipios. Por el contrario, en el caso de Neiva, en su momento el alcalde Héctor Aníbal Ramírez Escobar y su funcionario Alberto Calderón Gómez pagaron una multa de 500 millones de pesos a favor del Municipio”, agregaron desde el Partido Conservador del Huila.
Y concluyen señalando que: “destacamos que en ambos casos se presentó un engaño a los funcionarios públicos a partir de la falsedad de documentos presentados por particulares, razón por la cual los servidores públicos de entonces presentaron las respectivas denuncias penales ante las autoridades competentes”.
