jueves, 20 de septiembre de 2018
Primer Plano/ Creado el: 2018-03-25 08:38 - Última actualización: 2018-03-25 08:42

Permisos de funcionamiento a bares y discotecas en Neiva, desatan polémica

Un rifirrafe se vive por estos días entre la Administración y el representante de una agremiación de bares que señala malos manejos en la entrega de permisos de operación. Bares con órdenes de cierre de hasta cinco años siguen operando y hasta invadiendo el espacio público. Polémica.

Escrito por: Redacción Diario del Huila | marzo 25 de 2018

Felipe González
Diario del Huila

Algo anda mal con la asignación de permisos para funcionamiento de establecimientos nocturnos de venta de licores en la ciudad. Así lo denuncia Fabio Guzmán, presidente de Asoent y Asobares, agremiaciones que agrupan a comerciantes del mundo del entretenimiento y bares de la ciudad de Neiva, quien señala que la Administración Municipal no mide con el mismo racero a todos los que viven del expendio de bebidas alcohólicas.

Y lo dice basado en una serie de documentos, derechos de petición y reuniones en las que ha estado, y en las que ha podido evidenciar, según él, que algunos bares de los llamados ‘poderosos’ de la ciudad, parecieran tener corona, pues de acuerdo a su juicio, no se ve la mano dura de la administración contra ellos, como sí se ha visto contra de otros establecimientos que la Dirección de Justicia ha cerrado por no cumplir con la normatividad vigente.

“Uno se pregunta, si hay establecimientos que no cumplen con permiso de Bomberos (ley 232), no está insonorizado y no tiene uso de suelos, ¿por qué están funcionando?”, señala Guzmán, quien señala que esta denuncia no es nueva y la conocen muy bien las autoridades.

‘No cumplen, pero no les cierran’

El dirigente gremial, que dice representar a varios propietarios de establecimientos que se dedican a la misma actividad: expendio de bebidas alcohólicas y entretenimiento, señala que en la ciudad hay unos sitios que parecieran intocables. Son varios pero se refiere a unos de forma puntual: “Por qué no se han cerrado establecimientos como, Los Arrieros que tiene cierre definitivo hace 5 años y no lo han cerrado, M y G tiene cierre definitivo y no lo han hecho, lo mismo Divas que ahora es La Santa, que son los mismos dueños de Mangos VIP”, cuestionó el empresario. Según él, ninguno de estos establecimientos, cuenta con las condiciones para operar, como uso de suelo (documento que según él, más del 90% de los comerciantes de bares no tienen por las variaciones del POT), permiso de Bomberos, insonorización, permiso para ocupación del espacio público, entre otros, y aun así siguen operando de forma normal. Lo extraño, es que la misma Administración Municipal le ha certificado dicha información. Según oficio No. OGRD-1451 de la Oficina de Gestión del Riesgo, firmada por el titular de la cartera, Pedro Pablo Tinjacá el pasado 14 de diciembre, los establecimientos Divas Club hoy La Santa, La Cantina, Fonda La Caprichosa, Fonda Los Arrieros, entre otros, no cumple con el permiso emitido por esta entidad en el que certifica condiciones aptas del sitio para la seguridad humana (salidas de emergencia) y contraincendios; mientras que otros establecimientos como MyG, no lo ha solicitado.

Lo mismo certificó la Secretaría de Planeación a través del Oficio SPOM 0752 del 9 de febrero de 2018, en la que en respuesta a una solicitud hecha por Guzmán, le señalan que: “este despacho no ha expedido a la fecha permisos o autorizaciones a comerciantes para que saquen mesas y sillas en este sector (Carrera 5ª) del mencionado eje lúdico. Al igual este despacho no ha expedido conceptos de uso del suelo para la actividad de venta y consumo de bebidas alcohólicas en dicho sector”.  No obstante, agrega el mismo documento, que por haberse acogido al programa “Rumba Responsable” que lidera la Secretaría de Gobierno, pueden funcionar.

La Policía Metropolitana también señaló en Acta 0055 del 16 de febrero de 2018, que tras una verificación y reunión realizada por el CAI Circunvalar 2.25, con los propietarios o representantes d los bares ubicados sobre la Carrera Quinta, que estos no tienen permiso actual de ocupación del espacio público, destinado a la venta de bebidas embriagantes. El comandante de Policía Metropolitana, coronel Nelson Quiñónez, señaló que los operativos se vienen haciendo indiscriminadamente en toda la ciudad, amparados en el Código de Policía y las facultades entregadas, donde se verifican aspectos como ruido, no presencia de menores, alteración del orden público, documentación, permisos y no ocupación del espacio público.

 Y es que este permiso, el de espacio público, que también sería causal de sanción por parte de las autoridades, fue emitido el año anterior por la Dirección de justicia, bajo firma de la titular María Vidal, a través del Plan Maestro de Espacio Público, en el que se permitió la ocupación de dicho espacio, a cambio del pago de una renta al municipio. De esta forma, establecimientos como Los Arrieros y MyG, podían durante el año anterior, ocupar parte del andén con sus sillas y mesas. No obstante y pese a no tener los permisos vigentes, los establecimientos siguen invadiendo el espacio público como se evidencia en las fotografías tomadas el pasado viernes 23 de marzo.

¿Culpa de quién?

La pregunta es entonces, si se evidencia que no cuentan con los permisos respectivos, las autoridades (Policía) son conocedoras de estas infracciones, e incluso dependencias de la administración Municipal (Gestión del Riesgo y Planeación) conceptúan que dichos establecimientos no cuentan con los permisos respectivos para operar, ¿por qué estos establecimientos siguen con su actividad comercial cada noche sin ninguna restricción?

Buscamos a la directora de justicia del Municipio, María Vidal, quien el año anterior entregó los permisos de ocupación de espacio público a estos establecimientos y conoce de cerca la situación legal de cada uno de estos bares, para conocer qué tanto ha actuado dicha dependencia para controlar esta evasiva a la normatividad, no obstante la funcionaria a la llamada hecha por este periodista, se limitó a responder que no se pronunciará a ninguna denuncia que haga el señor Fabio Guzmán, y sólo responderá a los organismos de control respectivos.

En ese sentido, no se podrá determinar si existen procesos sancionatorios o de cierre contra estos bares que incumplen la normatividad. Tampoco pudimos establecer, por qué estos bares mencionados hacen parte del grupo “Rumba Responsable” de la Alcaldía, que les permite funcionar sin dificultades, cuando para pertenecer a este programa que busca “incentivar la promoción de la convivencia, autorregulación, generación de cultura ciudadana en el consumo responsable de alcohol”, entre otros factores; se exige cumplir con una serie de requisitos tales como certificado de uso de suelo, matrícula mercantil, certificación de Gestión del Riesgo, certificación de sanidad, certificado de Dirección de Justicia donde se evidencie que no existen ni existido sanciones en los últimos 12 meses, paz y salvo de Industria y Comercio e impuesto Predial, derechos de autor y una capacitación de la Dirección de Convivencia y Seguridad, de los cuales, muchos de estos requisitos como evidenciamos, varios no cumplen.

Bares detrás de la Usco

Guzmán denuncia también que bares ubicados sobre la Transversal 6AW, detrás de la Universidad Surcolombiana, como Mangos y La Celosa, no deberían estar operando por la cercanía con la institución de educación superior. Al respecto, la Secretaría de Planeación expidió el 20 de noviembre de 2017, el Decreto 0697 de 2017, en el cual se reglamentan las distancias que deben existir entre un establecimiento de expendio de bebidas y un predio de uso dotacional (Educación, Seguridad, Salud y Defensa), que la Ley 1801 (Código de Policía), pedía a las administraciones municipales reglamentar. En él se establece que deben ser 100 metros de distancia mínima que deben existir entre los dos sitios, medidos entre el acceso principal al predio de uso dotacional, en este caso la Usco, y el bar. Así las cosas, aunque estos bares se encuentran frente al costado sur de la universidad, pueden operar, pues el acceso principal de la institución queda sobre la Carrera Primera.

“Planeación viene actuando”

En relación a las denuncias, el secretario de Planeación Rafael Yepes fue enfático que su despacho ha venido actuando conforme a la ley y no ha facultado a ningún establecimiento que no cumpla la norma. Aclaró que no necesariamente establecimientos que tengan uso de suelo conforme al POT vigente (Acuerdo 026 de 2009), pueden operar, pues puede que no cumplan con algunos requisitos; y tampoco los que no tengan permiso de operación de acuerdo a lo definido en el POT, están impedidos de operar, pues para ello se han definido unos usos complementarios en los que caso por caso se ha analizado por la Secretaría, para evaluar la conveniencia y posibilidad de permitir el funcionamiento.

“En el marco del acuerdo 026 hay una facultad de determinar los usos complementarios, entonces de acuerdo a la solicitud de los particulares y acorde a las dinámicas, evaluamos la conveniencia de determinar esos usos complementarios. Eso es lo que ha permitido que la ciudad no se detenga”, señalando que gracias a esta acción sectores como el de la construcción es el que le sigue dando una mano a la generación de empleo y economía de la región.

Dichos usos complementarios, son palabras más, palabras menos, unas excepciones que se hacen a las consideraciones del acuerdo, ya obsoleto en muchos aspectos y en mora de actualizarse o reformularse, en las que se tienen en cuenta aspectos como la convivencia, medio ambiente y demás. Así las cosas, explica Yepes, jamás se podría facultar o permitir dar permisos para operación de establecimientos de bebidas de alcohol, en zonas residenciales, aunque reconoce que en algunas zonas residenciales pueden existir como el caso de la Calle 19 en el barrio Guaduales. “Esos usos no los expedimos cuando van en contravía de la tranquilidad o armonía de un sector”. Y agregó, “ya la parte policiva la hace Gobierno, nosotros sólo somos ente regulador del ordenamiento”.

Sobre espacio público

El funcionario explicó también que el Plan Maestro de Espacio Público, requisito para el nuevo POT, que entró en vigencia a finales de 2016, determinó un usufructo del espacio público, en ese sentido, su dependencia definió unas condiciones y tarifas que cobrará la Secretaría de Hacienda, para permitir que particulares se lucren del espacio público. Actualmente dicho documento está en revisión del tema tarifario, pero advirtió que no permitirá en el caso de la Carrera Quinta, facultar el uso del andén del eje lúdico, a quienes vendan bebidas alcohólicas y sí a quienes vendan otro tipo de productos, como comida, helados, café, entre otros. “Nosotros sacamos un Acto administrativo que permite la ocupación de esas áreas de manera ordenada, bajo unas condiciones de ocupación y mobiliario (parasoles vinotintos, sillas de mimbre, mesas de madera, etc). Allí se hace una especie de contrato de arriendo, donde se paga por metro cuadrado ocupado. Nosotros lo que estamos haciendo es ponerle orden a algo que siempre se ha visto, pero que nunca se ordena, ni nadie lo paga”, explicó.

Otra denuncia

Guzmán denunció también que por ejemplo, la fonda La Caprichosa, ubicada frente a Banquetes Castillo, opera como establecimiento de eventos temporales, pese a que abre sus puertas todos los días. “Deben sacar permiso cada ocho días. Las dos primeras semanas lo hicieron”, agregó. “No tienen permiso de Bomberos, y pese a ello, dice Guzmán, hacen parte de Rumba Responsable, y tienen permiso de operación hasta las 4:00 am”, denunció.