La Procuraduría y la Contraloría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la Mesa de Víctimas reconocieron los aciertos, pero solicitaron fortalecer la articulación institucional y las medidas para reparar a las víctimas en el país

La Procuraduría, Contraloría y Defensoría del Pueblo de Colombia pidieron al gobierno de Iván Duque redoblar los esfuerzos presupuestales e institucionales para la atención y reparación de las víctimas del conflicto armado en el país.

Los entes de control, junto a la Mesa Nacional de Víctimas, instaron a las entidades del Gobierno nacional para que implementen y fortalezcan la Política Pública de Asistencia, Atención y Reparación de las Víctimas del Conflicto Armado con la intención de garantizar los derechos de esta población.

“A raíz de la agudización del conflicto armado en las regiones, la minería ilegal, el narcotráfico y las disputas por el territorio entre los grupos armados ilegales, se duplicaron los desplazamientos masivos en 2021 en comparación con el mismo periodo de 2020”, indicaron los entes de control.

En ese sentido, anunciaron que durante el primer semestre de este año se han presentado 102 eventos de desplazamiento masivo en el que 44.920 habitantes de diferentes regiones del país se han movilizado de manera forzada a otros territorios por culpa de la violencia, una cifra superior a la presentada durante el año anterior, en medio de la pandemia del covid-19.

Durante este mismo periodo durante el año anterior se registraron 51 eventos de desplazamiento forzado, la mitad que durante 2021, que afectaron a 13.912 ciudadanos pertenecientes a 4.311 familias.

Los órganos de control “hicieron un llamado a las alcaldías municipales donde se encuentran los 34 puntos de atención de la Unidad para las Víctimas a asignar recursos para su funcionamiento y mantenimiento, ya que algunas obras presentaron deterioros durante la suspensión de la atención presencial en 2020, debido a la pandemia por covid-19”.

Las entidades llevaron a cabo un evento de aprobación de los informes de las Comisiones de Seguimiento y Monitoreo, en cumplimiento de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras y de los Decretos de Leyes Étnicos, en el que las víctimas y los organismos identificaron ciertas dificultades en los procesos de indemnización, rehabilitación, reparación colectiva, retornos y reubicaciones.

En estos informes se destacaron los avances logrados desde 2019, en el que también señalaron aspectos por mejorar con el fin de atender a las víctimas en el país que suman más de nueve millones, a la vez hicieron un llamado a seguir fortaleciendo la implementación de medidas reparadoras sostenibles para las comunidades y las víctimas y la articulación institucional.

“El 91 % de las víctimas del conflicto armado están en situación de pobreza o vulnerabilidad. En materia de reparación se destacaron 276.434 órdenes proferidas por jueces especializados en restitución de tierras, a través de 6.483 sentencias que beneficiaron a 33.028 personas. No obstante, se requieren esfuerzos adicionales para lograr un alto nivel de cumplimiento de las decisiones judiciales”, indicaron los organismos.

Por último, indicaron que se requieren $328,3 billones de pesos adicionales a los $135,5 invertidos desde el 2012, del que reconocieron los esfuerzos del Gobierno nacional y el monto asignado para la implementación del Acuerdo de Paz, para garantizar la reparación integral de las víctimas.