viernes, 20 de septiembre de 2019
Enfoque/ Creado el: 2019-09-09 10:34

Políticas colombianas de discapacidad, una deuda pendiente en el país

Las personas con discapacidad (PcD) pueden y deben participar hoy en todos los espacios, escenarios, entornos y experiencias en las mismas condiciones que sus pares.

Escrito por: Redacción Diario del Huila | septiembre 09 de 2019

 

Aunque en los últimos años se hayan realizado esfuerzos importantes en el marco nacional e internacional, las brechas existentes siguen siendo grandes y las deudas de justicia social con esta población siguen pendientes.

Desde la Constitución Política, donde se consagra la igualdad de los ciudadanos colombianos con discapacidad, se han dado cuatro grandes hitos, el primero de ellos la Ley 361 de 1997, liderada por el actual consejero presidencial de discapacidad, Jairo Clopatofsky.

Casi 20 años después, el segundo hito es la Ley 1346 de 2009, que ratifica la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, de Naciones Unidas, vinculada al bloque constitucional colombiano en 2011, y puesta en marcha con la Ley 1618 de 2013 que garantiza el goce efectivo de los derechos de las PcD.

El tercer gran hito es la expedición de la Resolución 583 de 2017, mediante la cual se orienta el proceso de certificación de las PcD y se determina quiénes pertenecen a este grupo poblacional.

El cuarto hito sucedió con la Ley 1996 del 26 de agosto de 2019, “por medio de la cual se establece el régimen para el ejercicio de la capacidad legal de las personas con discapacidad mayores de edad” en todo el territorio colombiano.

Este acelerador político no se compadece con las exclusiones, inequidades e injusticias que todavía siguen experimentado las PcD y sus familias en un contexto social que no cumple las normas, que no brinda todas las oportunidades que se requieren y donde aún coexisten varios paradigmas e imaginarios negativos frente a esta población.

¿Cómo es posible que con un desarrollo normativo de aproximadamente 350 actos legislativos producidos en los últimos 28 años, entre leyes, decretos, resoluciones y acuerdos, aún no se logre el impacto deseado?

Esto muestra que la política es un componente importante, pero requiere de un deseo de materializar los derechos de esta población por parte de toda la sociedad; no solo los legisladores, también los funcionarios, las familias, deben dejar atrás las imágenes de PcD aisladas, solas, excluidas y prepararse para que participen de todos los escenarios públicos, se casen, tengan propiedades, desarrollen iniciativas como cualquier otro ciudadano colombiano.

Grandes logros, grandes deudas

En educación, el Decreto de 1421 de 2017, que entendiendo que el marco de atención a la diversidad permite hacer ajustes razonables para los estudiantes con discapacidad, anima a que estos no solo accedan a las instituciones sino que permanezcan en ellas y participen plenamente en igualdad de oportunidades con sus pares.

La integración/educación inclusiva/atención a la diversidad de esta población se ha venido gestando desde la Ley 115 de 1994. Los resultados no se compadecen con esta historia y por eso se hizo necesario el mencionado decreto, para garantizar lo que ya se había enunciado, pero que carecía de suficientes herramientas administrativas para garantizar el derecho.

En salud, la Resolución 583 de 2017, que orienta sobre el proceso de certificación de discapacidad, es la llave de entrada a todo el conjunto de acciones afirmativas y de discriminación positiva del que gozan las PcD.

En toda la oferta estatal se estiman cerca de 97 beneficios que favorecen la inclusión de esta población. Aun así, se presentan situaciones en las que un rector, coordinador, docente o padre de familia considera que un estudiante con discapacidad no debe asistir a un aula regular, y es excluido del sistema educativo.

Las políticas colombianas son cada vez más incluyentes

En inclusión laboral se han desarrollado grandes alianzas y programas público-privados, en los que diversos actores promueven la inclusión de jóvenes y adultos con discapacidad. Mediante la Resolución 100-05 de 2018, el Estado Colombiano dará ejemplo de esto y a 31 de diciembre de 2019 espera tener contratados a cerca de 12.000 cargos públicos ocupados por individuos que se reconocen como PcD. También se brindan incentivos en los procesos de licitación, cuando los oferentes efectivamente son empresas incluyentes. A pesar de esto, el desempleo, la desocupación y la falta de ingresos tiene mayor impacto en las PcD y sus familias que en el resto de la sociedad.

En accesibilidad, cada vez más la sociedad se está concientizando de la necesidad de aprender la lengua de señas y usar el braille para favorecer la comunicación con los colectivos de ciudadanos usuarios de estos servicios (Ley 324 de 1997, Ley 982 de 2005). Las tecnologías de acceso al servicio público de la televisión gradualmente han venido acercando a estas poblaciones.

Un paso más en normatividad

El avance más reciente es el referente a la justicia, con la Ley 1996 de agosto de 2019, que establece “el régimen para el ejercicio de la capacidad legal de las personas con discapacidad mayores de edad”; con este se tiene por objeto establecer medidas específicas para garantizar el derecho a la capacidad legal plena de las personas con discapacidad, mayores de edad, y al acceso a los apoyos que puedan requerirse para el ejercicio de esta, tales como asistencia en la comunicación, la comprensión de actos jurídicos y sus consecuencias, la asistencia en la manifestación de la voluntad y preferencias personales, entre otros.

¿Por qué es tan importante este paso? Porque desde ahora las PcD mayores de edad podrán ejercer su capacidad legal, lo que permitirá acercarse aún más a la inclusión plena de las personas con discapacidad como sujetos de derechos, con proyectos de vida valiosos.

Ya no hay vuelta atrás: así la sociedad colombiana todavía no logre informarse del todo, y continuar en deuda con esta población, el tren ya está en marcha. Mejor subirse, que quedarse atrás.