No solamente por los perjuicios materiales, sino por los daños emergentes que sufrió, tras la liquidación que sufrió EPS Comfamiliar en agosto de 2022.
Diario del Huila, Investigación
Carlos Andrés Pérez Trujillo
Hace unos días llegó al Tribunal Administrativo del Huila un millonario pleito entre la Superintendencia Nacional de Salud y la Clínica Belo Horizonte.
En el escrito de demanda, que no supera las 30 páginas, se advierte que las pretensiones superan los $26 mil millones, tanto por los daños emergentes, como por los daños materiales. Según se advierte, tras la orden de liquidación de Comfamiliar del Huila, por la SuperSalud el 26 de agosto de 2022, se generó una crisis en la clínica “la cual representaba para la Clínica Belo Horizonte cerca del 22.35% de la facturación mensual. Esa medida, la cual se dio de manera tardía, lo que no permitió la permanencia de la EPS y, con ello su viabilidad financiera, impidió el recaudo del valor de los servicios facturados durante la vigencia para 2022”.
Crónica de una liquidación
El día 30 de junio de 2020, la Caja de Compensación Familiar del Huila – Comfamiliar y la Clínica Belo Horizonte suscribieron contrato de prestación de servicios de salud: “El prestador de servicios de salud se comprometer a prestar los servicios ofertados y debidamente habilitados de internación, quirúrgicos, consulta externa, apoyo diagnóstico y complementación terapéutica, otros servicios, procesos de baja – media – alta complejidad, contemplados en el plan de beneficios en salud con cargo a la UPC (PBSUPC), definidos en la Resolución 3512 de 2019 del Ministerio de Salud y Protección Social y las normas que las modifiquen, aclaren, adicionen y las tarifas emitidas por la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y/o Ministerio de Salud y Protección Social, medicamentos NO POS, Tutelas, así como demás dispositivos médicos previamente autorizados por la Entidad responsable del pago a los afiliados se encuentren activos en la entidad responsable del pago”. En ese sentido, la Clínica Belo Horizonte prestaba servicios médicos a pacientes asignados a la EPS Comfamiliar Huila.
Sin embargo, el declive de la EPS Comfamiliar se vino a pique tras las medidas que iniciaron desde 2016 por la Superintendencia Nacional de Salud, quien ordenó una medida preventiva. Posteriormente, la misma entidad prorrogó por primera vez la medida (Resolución N°2578 de 2017).
Sucedieron tres prórrogas, y tras esto, a través de la Resolución N°4706 de 2019, la SuperSalud levantó la medida preventiva y a su vez impuso la medida preventiva de vigilancia especial.
Se dieron cinco prórrogas de la medida preventiva de vigilancia especial. Asimismo, el 22 de agosto de 2022, la clínica suscribió un acuerdo de pago con la Caja de Compensación Familiar del Huila por virtud del cual esa entidad se obligaba a pagar la suma de tres mil millones de pesos ($3.000.000.000). El acuerdo fue incierto, pues en uno de sus parágrafos se leía “conforme a lo anterior, el pago acordado en el presente documento posee una fecha futura pero incierta, pues depende del pago que realice la Superintendencia Nacional de Salud y la Adres”.
La estocada final se dio el seis de agosto de 2022, para esa fecha la Superintendencia de Salud, ordenó la toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios y la intervención forzosa administrativa para liquidar el Programa de Entidad Promotora de Salud de la Caja de Compensación Familiar del Huila.
Los cobros a Comfamiliar
De acuerdo con el demandante, la liquidación se dio de manera tardía, lo que no permitió la permanencia de la EPS y, con ello su viabilidad financiera, impidió el recaudo del valor de los servicios facturados durante la vigencia para 2022.
“Las acreencias que fueron oportunamente radicadas ante el ente liquidador ascienden a la suma de novecientos treinta y seis millones setecientos cincuenta y siete mil chocientos veinti seis un PESOS ($936.757.826), recursos que también dejaron de percibirse durante la vigencia y se acumularon a la cartera, afectando el funcionamiento de la Clínica Belo Horizonte y poniendo en riesgo la prestación del servicio de salud para el Departamento del Huila”, señala la demanda.
Las pretensiones
Básicamente lo que pide la clínica es que se declare la existencia de responsabilidad patrimonial del Estado en razón al daño antijurídico causado por la Superintendencia Nacional de Salud a la Clínica Belo Horizonte.
Además, que se condene a la Superintendencia Nacional de Salud a que reconozca y pague la indemnización de perjuicios materiales por concepto de daño emergente y lucro cesante a favor de la Clínica Belo Horizonte S.A.S. Asimismo, que se condene a la Superintendencia Nacional de Salud a pagar a favor de la Clínica una indemnización por perjuicios materiales a título de daño emergente por valor de $18.445.341.342.
Por otro lado, que se condene a la Superintendencia a pagar una indemnización por perjuicios materiales por valor de $8.302.000.000).
El reclamo
Para la Clínica esta medida de liquidación de la EPS Comfamiliar, tan sólo se dio luego de haber transcurrido un largo periodo de tiempo en el que la demandada no adoptó ninguna medida eficiente de manera oportuna que permitiera la recuperación de la EPS Comfamiliar – Huila y con ello evitar las pérdidas económicas para las IPS que, “con gran esfuerzo y con cargo a su presupuesto propio, continuaban prestando los servicios de salud a los pacientes de esa EPS para evitar traumatismos en el sector”, señala la clínica.
“Pese a que las medidas preventivas fueron adoptadas desde el 2016, estas se prolongaron de manera repetitiva, sin que estas lograran el efecto deseado, esto es, la recuperación de la EPS. Sin embargo, al permitirse el funcionamiento de la EPS durante más de 6 años en los que de acuerdo a los informes de auditoría era evidente que aquella EPS no iba a recuperarse financieramente, esto condujo a que las IPS padecieran una afectación económica por la falta de pago por parte de EPS Comfamiliar”.
