Por: María Clara Ospina
Por fin 18.677 niños tendrán reconocimiento como víctimas, de las FARC y supuestamente tendrá reparación y justicia. Niñas y niños, todos menores de 14 años, secuestrados de sus casas, sus escuelas, por esa narcogerrilla. Arrancados del abrazo de sus padres, quienes muchas veces murieron tratando de impedir que se llevaran a uno o varios de sus hijos.
Por fin, esos niños, hoy adultos, recibirán el consuelo de saber que los criminales que destruyeron su niñez y su futuro, que acabaron con la felicidad de sus progenitores dejándolos sumidos en la más profunda desesperación, tendrá que reconocer los crímenes que cometieron contra ellos ¿Cuántos jamás volvieron a ver a sus padres? ¿Cuántos de esos padres hoy, décadas después, aún no sabe si sus hijos están vivos o enterrados en algún lugar desconocido?
¿Cuál fue el pecado cometido por estos pequeños para ser forzados a vivir este miserable destino? Fue ser pobres, ser campesinos en regiones apartadas, estar indefensos ante una narcogerrilla embrutecida por el dinero del narcotráfico y el poder que esto les generaba.
Por fin, desde la firma del Acuerdo de “Paz” entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC, y el establecimiento de la pactada Jurisdicción Especial Para la Paz (JEP), el país presenciará el juzgamiento de los horrendos crímenes de “lesa humanidad” cometidos por las FARC; su uso y abuso de niños como guerrilleros, los múltiples y horrendos crímenes sexuales contra ellos, sobre todo contra las niñas.
Por fin, la JEP ha hecho una primera imputación por omisión a quienes formaron parte de Secretariado de las FARC, o sea a estos hombres que teniendo conocimiento de estos hechos y teniendo el poder para evitarlos no lo hicieron. Estando hoy la mayoría de ellos disfrutando en el Congreso de la República (5 en la Cámara de Representantes y 5 como Senadores). Inmerecidos honores adjudicados vergonzosamente a dedo como parte del tal acuerdo de paz.
Es claro que casi todos ellos, además de muchos más, inclusive mujeres como Sandra Ramírez, la mujer de Tirofijo, alcahueta de todos sus crímenes, son culpables directos. Muchos han sido acusados por una o varias de las 18.677 víctimas que han dado su testimonio señalándolos como sus secuestradores, abusadores y violadores sexuales, y de ser quienes dieron las órdenes para los abortos forzados y la muerte o desaparición de los bebes nacidos a jóvenes guerrilleras.
Conocí algunos de estos casos directamente de las víctimas pertenecientes a la Corporación Rosa Blanca, que recibieron apoyo en la Fundación Mariano Ospina Pérez. Son tan horrendos y traumatizantes los relatos de estas mujeres, apenas niñas cuando ocurrieron los hechos, que es imperdonable que la JEP se haya demorado tantos años en judicializarlos. La injusticia y abandono cometido hasta hoy contra estas victimas por la JEP, es una vergüenza.
Sin embargo, este acto de la JEP es una primera victoria para las víctimas. Aun cuando solo endilga responsabilidad a los excabesillas de las FARC de lo ocurrido, tarde o temprano llegará a la individualización de los crímenes contra los menores y, por fin, criminales como Rodrigo Londoño, Pastor Alape, Julián Gallo, Jaime Alberto Parra, Milton de Jesús Toncel y Pablo Catatumbo, serán acusados directamente de secuestro de menores, violación, sometimiento de niñas como esclavas sexuales y otros horrores.
