La sucesión de acciones criminales por supuestos grupos insurgentes que han aparecido en el municipio de Timaná y en otras localidades, divulgadas en los medios recientemente, se muestra la sevicia con que se ejecutan muchas de ellas. Las personas asesinadas tienen un común denominador. Presentan antecedentes judiciales. Es una situación que genera zozobra en la Villa de la Gaitana. No se pueden permitir que volvamos a vivir los tiempos pretéritos, en que se vieron sometidas las familias huilenses, en otrora por la presencia de grupos insurgentes. Los episodios que se han traducido en homicidios en esta región urgen de un análisis sereno y de la aplicación de medidas eficaces.
Son innegables los casos de inseguridad que se están presentando en el departamento del Huila y en todo el país. A diario están ocurriendo raponazos, atracos a mano armado, homicidios, al igual que el consumo de sustancias psicoactivas, sin que existan los suficientes controles de las autoridades. Estas acciones delincuenciales están desbordando la capacidad de respuesta de la Fuerza Pública, lo cual se convierte en una mayúscula preocupación para las autoridades gubernamentales. Sin duda, la persistencia de estos delitos que se convierten en el motor de la violencia organizada, representan una amenaza para una nación que, como Colombia, ha logrado grandes avances en las últimas décadas en la tarea de proteger la vida e integridad de sus ciudadanos.
Es importante para el bienestar de las familias colombianas, evitar que estos delincuentes se conviertan en criminales profesionales, que siembran miedo en las calles, para lo cual se requiere un trabajo mancomunado entre la Policía, comunidad, autoridades locales, Congreso y los Jueces de la República. No hay que ser laxos con esta situación.
Aunque no es aceptable ante las Leyes colombianas, estos medios para hacer justicia, la deficiencia de la rama judicial para ajusticiar y condenar a estos delincuentes, son capturados por la Fuerza Pública, y luego por decisiones de un Juez, son dejados en libertad a los tres días, quienes salen burlándose de la impunidad que reina en la mayoría de los Despachos Judiciales.
Es plausible que se construya confianza entre la gente y las autoridades para una suerte de trabajo en equipo, para frenar estos actos delictivos. El principal indicador de seguridad de una ciudad es la salvaguarda de la vida. El debate sobre la inseguridad no puede reducirse a lo que muestran las imágenes de TV o exponen las redes. Ello no da espacio a los argumentos y, en cambio, aumenta la incertidumbre y alimenta la confusión. La seguridad también tiene que ver con la manera cómo se comporta la sociedad, como resuelve sus conflictos, aplica justicia y garantiza la transparencia de sus autoridades.
