Amadeo González Triviño
El cambio que muchos esperaron está ad portas de iniciar su ciclo. Quien regenta las mieles del poder en este instante, no quiere dejar vacíos y sin respetar la trascendencia de un nuevo mandato, se ha ocupado de encasillar en los escaques de algunas entidades del Gobierno, a sus principales asesores, convencido de que de esta manera el cambio no vaya a operar y todo siga siendo una perpetua e ininterrumpida forma de conservar la dirección o el mando de dichas empresas o políticas fallidas.
El reto es mayúsculo, no para el gobernante entrante, lo es para los asesores y la capacidad que ellos tengan para revertir, modificar o rediseñar dichas instituciones o empresas, de tal manera que esa capacidad de manipulación que se pretende orquestar desde la ausencia de poder, vuelva a tener un carácter y una forma de hacer parte de las estrategias del nuevo gobierno.
Es algo que estamos necesitando que suceda: la gobernabilidad no puede cederse, no puede mancharse y tiene que ejercerse por cada uno de quienes lleguen al poder y se busque a toda costa: limpiar o disminuir con la secuela que se ha acostumbrado a entronizar en nuestro Estado Social de Derecho, y que termina siendo una forma de menoscabar la dirección o la política de un nuevo gobernante.
En ese orden de ideas, es preciso defender a toda cosa esa búsqueda de la paz total. Es preciso diseñar estrategias jurídicas que permitan en determinado momento, hacer lo que no ha podido o mejor, lo que no han querido hacer los anteriores gobiernos, con respecto a la existencia de una política criminal coherente, que erradique por completo los nexos y vínculos de la corrupción, del narcotráfico, de los paramilitares o de la violación permanente y sistemática de los derechos humanos, como ha acontecido hasta la presente y como ha de continuar en el evento de que no se adopten esos criterios y la autoridad no se rediseñe para el bien de los colombianos.
Allá al fondo, encontramos que la política de extradición, como mecanismo de luchar contra el crimen a nivel internacional, debe fortalecerse con principios y fundamentos sólidos, que procuren en todo momento, la defensa de las instituciones, las nuestras, la defensa de las víctimas, las nuestras, y sobre esos postulados, que las penas se cumplan y se ejecuten primero en esta patria y luego se lleven a purgar a otra parte, con la necesidad de una política carcelaria mancomunada entre esos países que piden en extradición al delincuente, como de quienes deben ejecutar en primer lugar las sanciones aquí en Colombia. Para eso están los procesos de cooperación internacional y de apoyo en la lucha contra la delincuencia y que se ofrezca una vigilancia extrema, como no ha sucedido hasta la presente en el sistema punitivo colombiano.
De contera a todo lo anterior tenemos que fortalecer debidamente una administración de justicia, para que ésta, se corresponda con las necesidades ciudadanas, para que se corresponda con los objetivos de la convivencia pacífica y de la lucha por el rescate de la igualdad, del respeto al otro y de la aceptación de la diversidad en todos los niveles y condiciones en las que sean posibles entender y comprender una sociedad vapuleada por la violencia, por la impunidad, por el crimen y por todas las formas de desconocimiento del otro, como ha sucedido en Colombia.
Recordemos que el papel principal de un buen gobernante, es un buen asesor, muy buenos asesores y que esa política de seguridad que se ha implementado, donde un dirigente tiene más escoltas o comandos de vigilancia, seguridad y protección personal que son capaces de llenar un recinto, deben ser día a día, evaluados para que a cambio, se tengan asesores, consultores y profesionales que se encarguen de diseñar los procesos políticos, económicos, sociales y culturales que se requieren y que el gobernante debe entregar no a sus electores, sino a toda la comunidad que lo rodea.
Estas son sugerencias que salen de una provincia, con la esperanza de que un día no muy lejano, este proceso duro, difícil y tortuoso por el que nos enfrentamos con el gobierno del presidente electo, ha de saber sortear y exige y demanda, un acompañamiento a toda costa, siempre en búsqueda de la preservación de los derechos humanos, de la libertad, de la paz y de la convivencia entre nosotros.
