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Procuraduría llama a declarar a funcionarios de MinTIC por contrato de $70.000 millones

Ago 19, 2021

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DIARIO DEL HUILA, ENFOQUE

Infobae

La Contraloría abrió un proceso de responsabilidad fiscal donde también están involucrados los funcionarios públicos pero no la ministra Karen Abudinen.

La Procuraduría escuchó la declaración del representante legal de Centros Poblados, Luis Fernando Duque, por el contrato que suscribió esa unión temporal con el Ministerio de las TIC, que alcanzó a entregar un anticipo de $70.243 millones de pesos para llevar internet a más de 14.000 colegios en el territorio nacional.

Tras las declaraciones que entregó Duque, el Ministerio Público anunció que llamará a declarar a funcionarios responsables de supervisión del contrato desde esa cartera. Otros citados para dar su declaración son los miembros del Banco Itaú que supuestamente expidieron la póliza que resultó ser falsa y que Centros Poblados presentó y el MinTIC validó para dar el anticipo sin confirmar su validez. Sin embargo, desde Itaú aseguraron que no expidieron dicha póliza.

Los funcionarios públicos que están en el ojo de la controversia pertenecen al Fondo Único de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones de MinTIC: Adriana Meza, representante legal; Sandra Orjuela, subdirectora de Gestión Contractual y Camilo Jiménez Santofimio, supervisor del contrato.

Por otro lado, la Contraloría anunció que por un presunto detrimento patrimonial investigará también a estos contra funcionarios. El ente de control indicó que también se investigarán las irregularidades en el control y seguimiento adelantado por la interventoría del contrato 1045 de 2020.

Adicionalmente, fueron vinculados el representante legal de Intec de la Costa S.A.S, Hugo Armando Canabal Hoyos; Juan Sebastián Vergara Ortega, representante legal de Omega Bulding Constructora , S.A.S; miembros del Consorcio Pe2020 C Digitales, en calidad de interventor, representado legalmente por Paola Izquierdo Rivero; Pmo Solycom Sas, representada legalmente por Paola Andrea Izquierdo Rivera; Eurocontrol Sa Sucursal Colombia, representada legalmente por Francisco Javier Barrena de Valenciana; y Telemediciones S.A.S., representada legalmente por José María Hougton.

Es de recordar que la empresa contratista insiste en que el dinero del anticipo no se ha perdido, y por el contrario, se invirtió en la compra de equipos. De acuerdo con el abogado de la misma, Jorge Pino, “así lo dijo la interventoría, que es la que verifica que los recursos fueron destinados para temas del contrato, es decir, para compra de equipos”.

Dicha empresa sería la estadounidense Nuovo Security, que terminó exactamente con $58.301.922.067 de los 70.000 millones que le entregó MinTIC a Centros Poblados. Se trata de una organización que, de acuerdo con el periodista de Caracol Radio Jorge Espinosa, fue fundada en 2016, con seis empleados, sede física en la Florida y fiscal en Delaware, que sería un conocido paraíso fiscal.

Además se supo que sus únicas exportaciones han sido a Colombia, entre 2019-2020, cuando

enviaron un cargamento de cámaras desde China, compradas por una empresa conocida como VIRTUAL TICS SAS.

Según Dun & Bradstreet, una compañía dedicada a suministrar información sobre empresas, los ingresos anuales de Nuovo Security no superan los 197 mil dólares. “Muy poco. Casi nada. Ahora, de repente, les dieron 15 millones de dólares”, se cuestionó Espinosa, quien agregó que lo máximo que recomiendan a un banco prestarles es 2.500 dólares, que se traducen a unos nueve millones de pesos.

Tanto en los procesos que abrió la Procuraduría como la Contraloría, llama la atención que entre los funcionarios llamados de MinTIC no se encuentra la propia ministra Karen Abudinen, que recibió el respaldo del presidente Iván Duque pero ha sido la señalada de no ejecutar como se debía ese contrato por la millonaria cifra que entregaron en un anticipo.

La Contraloría abrió un proceso de responsabilidad fiscal donde también están involucrados los funcionarios públicos pero no la ministra Karen Abudinen.

La Contraloría abrió un proceso de responsabilidad fiscal donde también están involucrados los funcionarios públicos pero no la ministra Karen Abudinen.

Autor: WebMaster

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