Los líderes sociales en Colombia, se encuentran inermes en medio del creciente conflicto armado, porque se encuentran asediados por las organizaciones criminales que tienen controlado el 33% del territorio Colombia, producto de la laxitud gubernamental que se ha venido presentando desde que se posesionó el actual primer mandatario de los colombianos. No para la sevicia de estos desadaptados sociales y asesinos, que se han ensañado contra estos seres humanos, que han dedicado su vida a trabajar y a liderar los procesos de desarrollo en beneficio de las comunidades que representan. De acuerdo con la Defensoría Nacional del Pueblo que en el periodo comprendido entre el 2016 y 2023, se tiene conocimiento del asesinato de 1.294 líderes sociales en el país. El año anterior, fueron asesinados 189 defensores de derechos humanos. Según datos de la Procuraduría General, hasta el 8 de septiembre, ascendieron a 87 las víctimas en Colombia. Desafortunadamente estos abominables crímenes se han vuelto un paisaje en el país, sin que exista un plan de contingencia por parte del Estado para protegerlos, a pesar de los esfuerzos que realizan las autoridades para protegerlos.
En este sentido, todavía persisten amenazas contra éstos. Los grupos armados siguen citándolos a las montañas y los mantienen acosados para que sirvan de instrumentos de guerra bajo presión, so pena de ser afectados con sus familias. Los líderes sociales en Colombia, siguen atravesando su verdadero viacrucis porque las permanentes amenazas de las organizaciones subversivas que hacen presencia en sus territorios y que desafortunadamente son asesinados sino se someten a la voluntad de estas organizaciones que tienen en jaque a la sociedad colombiana. La misma Corte Constitucional de Colombia, ha proferido un fallo recientemente, donde expresa que la falta de concordancia ante la persistente, grave y generalizada violación de los derechos fundamentales de la población líder y defensora de derechos humanos, sumada a la incapacidad institucional y presupuestal para asegurar el respeto, garantía y protección de esos derechos, la motivó a declarar el estado de cosas inconstitucional por la violencia, que no cesa, contra los líderes sociales en el país.
Este flagelo ha alcanzado unas dimensiones aterradoras, que la institucionalidad del país no logra detener. La sociedad colombiana debe entender que los líderes, más que héroes anónimos, desde luego, son personas que al defender lo colectivo, están defendiendo a toda la sociedad. El día que ésto, quede por fin claro, cualquier esfuerzo para protegerlos tendrá un impacto mucho más contundente. No se trata de un problema nuevo. Lo frustrante es que cambian los gobiernos, cambian la ideología y las estrategias, pero nos vemos en la penosa obligación de terminar el año contando muertos. Cada una de esas personas deja familias en duelo, comunidades que ven truncados sus procesos democráticos y territorios enteros sometidos a la violencia.
