Por: Amadeo González Triviño
Contra todo pronóstico y en medio de un movimiento pacífico, pero con pequeños baches de violencia y de vandalismo, vandalismo que se ha difundido grandemente por los medios de comunicación y las autoridades de la república y que sirve de soporte para negarse a aceptar cualquier diálogo sobre la razón de ser de la protesta, se han desarrollado las movilizaciones de los colombianos para confrontar los procesos legislativos que se adelantan por parte de los gobernantes de turno, entre ellos, la mal llamada reforma social y de solidaridad, que en últimas es una reforma tributaria con grandes afectaciones hacia ciertos sectores de la sociedad colombiana, a cambio, según se dice, de beneficios a esa franja que según las estadísticas del DANE, superan el 44% de pobreza colombiana.
Algunos críticos han aprovechado dentro del mismo partido de Gobierno, para advertir la ausencia de autoridad, la carencia total de servicios de inteligencia que proyectaran un análisis serio y responsable de lo que se veía venir, y menos aún, que existieran decisiones respecto a la forma de confrontar y de replicar dichos actos que se salieron de la normalidad.
Y no valieron las advertencias de un funcionario judicial, que desafortunadamente en un proveído por congraciarse con el Gobierno Nacional, dictó una providencia horas antes de la hora cero del inicio de actividades, para llamar la atención y ordenar que se cancelaran y se suspendieran todas las autorizaciones concedidas a los que realizarían las marchas en el país, cuando en muchas partes de Colombia, las mencionadas autorizaciones o permisos, ya no se hacen, ya no se solicitan y todo es fruto de las acciones de masas o de grupo que surgen y se dan espontáneamente.
Parece que esa decisión judicial, como muchas de las decisiones improvisadas e injustas que se encuentran en cabeza de los operadores judiciales, terminó por ser un reto, una forma perversa de suscitar e incitar su rechazo a la injerencia de estos nefastos funcionarios en aspectos que constitucionalmente y frente a las mismas normas internacionales, se encuentran amparados y protegidos para una sociedad que se precia de propiciar el libre pensamiento, la libertad, la paz y la convivencia nacional.
Y sin hacer referencia a esos actos vandálicos propios de ciertos procesos históricos a lo largo de la historia de la humanidad y lo cual no puede constituirse en elemento distractor del trasfondo que se esconde en el repudio social y colectivo frente a las políticas económicas del gobierno nacional y sobre todo, a la forma como se pretende proteger a los altos empresarios de la banca y de la economía colombiana en tanto que se pretende gravar a los asalariados o contratistas que desde escasos dos millones y medio de pesos, se conviertan de la noche a la mañana en obligados al pago de impuestos, en tanto que los grandes congresistas y expresidentes de la república, no pagan un solo peso y se aprovechan de todos los recursos del Estado para su protección y para hacerle el esguince a su obligación contributiva y de impuestos de renta y de patrimonio, como se denuncia a cada instante de los personajes de la política nacional.
Las marchas se hicieron sentir y es tal la desidia, es tal el colmo de la indiferencia de nuestros dirigentes políticos, que todos han guardado silencio, que todos al unísono solo se han dedicado a pregonar una forma de advertir que las pocas unidades de cuidados intensivos que quedan aún en las clínicas de Colombia, serán para quiénes en ejercicio de sus derechos constitucionales y legales, marcharon e hicieron protesta contra el Gobierno nacional.
Es eso lo que realmente les importa. Pero no es cierto. El gobierno nacional ha sido permisivo y ha procurado que no haya un proceso de vacunación real a las necesidades de quienes deben ser inmunizados. EL gobierno nacional es y ha sido el único responsable del incremento de la mortalidad en el país por y como consecuencia del COVID-19, y cuando el clero y los partidos políticos han pedido el retiro de la mencionada reforma, el gobierno con mayor soberbia se levanta y advierte que no la retirará y que permitirá un pequeño cambio o sugerencia a último momento, y todo, será otra forma de burlarse de los colombianos, como ya lo hemos dicho, en tanto, con la pandemia, ocupamos lugares preferentes por el contagio, por las muertes y por culpa y gracia del Gobierno Nacional, que ha protegido supuestamente la economía, antes que la vida de sus habitantes.
