lunes, 10 de diciembre de 2018
Dominical/ Creado el: 2017-10-22 07:33 - Última actualización: 2017-10-22 07:37

Proyecto urbanístico Villa Marina ¿realidad o fantasía?

Algunos de los inversionistas en la obra afirman que se les están haciendo los ‘locos’ con las viviendas, mientras los encargados del proyecto manifiestan que la iniciativa es una realidad que se verá materializada en los próximos días.

Escrito por: Redacción Diario del Huila | octubre 22 de 2017

César Pérez Rojas
Diario del Huila

En este asunto hay dos versiones diferentes de una misma realidad. Está lo expresado por algunos inversionistas que afirman que desde hace más de dos años les han informado que se dará inicio a la construcción de las viviendas, hecho que según los demandantes, ha sido falso. Y está lo expresado por la constructora que manifestó que aunque ha habido algunos problemas para  iniciar la construcción, la próxima semana se van a iniciar las primeras fases del proyecto que será una realidad.  

Contexto inversionistas del proyecto

El abogado Thomas Murcia, hijo de uno de los afectados expresó a DIARIO DEL HUILA que llevan mucho tiempo esperando por el inicio de las obras del proyecto que empezó desde el año 2014 como un programa que beneficiaría principalmente a los funcionaros de la Alcaldía y a la comunidad en general. Las convocatorias se abrieron en el 2015 y a las personas interesadas les hicieron consignar un dinero para poder adquirir unos subsidios que entregaría la Administración Municipal de ese entonces. Se contrató a la Constructora Argeco S.A que empezó todo el trámite de construcción del proyecto.

El problema según Murcia, fue que con el paso del tiempo las obras no iniciaron y  nadie les daba una explicación razonable por lo sucedido. «Empezaron a tirarse la pelota entre la Constructora y la Alcaldía, a echarse la culpa entre ellos», expresó el abogado.

La respuesta que les dio la constructora fue que no tenían punto de equilibrio; es decir, no contaban con el músculo financiero para construir las 15 torres prometidas. Manifestaron que solo podían construir tres. Otro punto  a tener en cuenta según los afectados, es que nadie se inscribe a las convocatorias hechas en algunos medios de comunicación.

Por lo anterior, el padre de Murcia se acercó hasta la constructora donde le hicieron firmar un otrosí en el que se establecía una nueva prórroga, y en el que la constructora no se hacía responsable por las demoras de unas supuestas cláusulas, que por cierto, están prohibidas por la Superintendencia de Industria y Comercio en el estatuto del consumidor.

“Nos retiramos del proyecto”

Según los afectados, cuando las demoras en el inicio de la obra completaron 30 meses, algunos de ellos tomaron la decisión de gestionar el retiro del proyecto al considerar una falta de respeto y seriedad los notables incumplimientos. La sorpresa se la llevaron cuando Argeco les informó que el plazo para retirarse se venció el 29 de septiembre. Para Murcia eso es falso, porque ellos se acercaron a Argeco antes de ese supuesto vencimiento y nos les permitieron retirar el dinero.

Ante las negativas de la empresa constructora, solicitaron explicación a la Administración Municipal por ser la encargada de entregar el lote para la construcción de las casas. En la Secretaría de Vivienda les manifestaron que ellos solo se encargaban de entregar el terreno como subsidio.

“Nos van a quitar más de la mitad de la inversión”

Cuando se inició el proyecto, se les dijo a los inversionistas que tenían que recoger el 30% para poder llegar a un primer punto de equilibrio, lo que ascendía a 15 millones de pesos, los cuales se entregaron a una Fiduciaria; proceso que hicieron 130 personas. El problema se da como se mencionó previamente, cuando la constructora al ver que se van a retirar, según declaraciones de Thomas Murcia, les dice que tienen que pagar una multa de más de nueve millones de pesos, lo que para ellos es algo totalmente inaceptable. «Vamos a denunciar, de hecho ya tuvimos una asesoría con la Superintendencia en Bogotá y nos dijeron que realizáramos un derecho de petición para que la constructora responda», puntualizó Murcia.

Afirmaciones de inversionistas son falsas.

Edgar Javier Ahumada, representante legal de Argeco S.A. expresó que todo empezó como un proyecto de vivienda de interés social que se generó a través de una convocatoria pública en donde el municipio de Neiva entregó el aporte de un lote como subsidio, luego de que cada una de las familias que están dentro del proyecto se postulara ante la Administración Municipal, que fue la entidad  encargada de seleccionar a las personas para que se iniciara un ahorro programado por cuotas mensuales, por medio de promesas de compraventa. 

En este orden de ideas, el argumento de que van 30 meses de retraso carece de todo fundamento, ya que estas promesas de compraventa se empezaron a firmar desde noviembre del año pasado, en donde se estableció como se puede constatar en los pliegos de condiciones, que para el inicio de la obra se debía tener un punto de equilibrio no del 30% como afirman los afectados, sino del 70% de las unidades que se van a construir en cada una de las etapas. La primera consta de 380 apartamentos, en la que el punto sería tener el capital para hacer 225.

Desafortunadamente las familias por situaciones económicas personales y por la situación actual de la economía en todo el país no han podido firmar las promesas de compraventa, sólo 125 familias las han podido firmar. Se acordó con la Alcaldía que se va a iniciar el proyecto en fases para poderle cumplir a las familias que están en el proyecto, por consiguiente se van a construir tres torres, la A, B y C con 180 apartamentos teniendo como punto de equilibrio 120 unidades las cuales ya se encuentran en firme para arranar el proyecto la última semana de octubre.

Palabras referentes a la multa de nueve millones

En respuesta a las afirmaciones de Thomas Murcia, el representante legal de Argeco S.A., afirmó que luego del 30 de septiembre del presente año se autorizó el punto de equilibrio en conjunto con la Alcaldía para la primera fase, y que hasta esa fecha llegaron renuncias de pocas personas, alrededor de 12, a los cuales se les aceptó toda la documentación por parte de la Administración Municipal, ya que ellos fueron los encargados de seleccionar a las familias y son los que tienen la facultad de hacer efectivas las renuncias. «A estas familias ya se les informó que una vez esté toda la documentación, si se retiraron antes del punto de equilibrio, se les va a hacer la devolución total del dinero que invirtieron que están en la fiducia consignados. Nosotros no hemos tocado un solo peso, esto es de las familias y para nosotros como constructora es sagrado», afirmó Edgar Javier Ahumada.

Situación actual del proyecto

El proyecto en este momento según lo que dice la constructora cuenta con el aval del Ministerio de Vivienda para recibir subsidios, al igual que con el de la Alcaldía. Además se está gestionando con Comfamiliar y la Gobernación del Huila la asignación de subsidios adicionales, lo que claramente demuestra que las afirmaciones realizadas por algunas personas son falsas y corresponden a una desinformación.  

Otro aspecto que mencionó Ahumada es que ya en el lugar de la construcción se ha realizado el encerramiento de la obra, se han hecho las obras preliminares como lo son rellenos, excavaciones compactadas, una cometida de energía eléctrica por parte de la Electrificadora del Huila; adicionalmente están los diseños aprobados en lo referente a licencias de construcción por parte de la Curaduría Urbana Segunda de Neiva para empezar en firme la primera fase de 180 apartamentos el 25 de octubre.

Para finalizar la constructora afirmó que se ha garantizado el precio de la firma de compraventa que se hizo en el año 2016, pero que lastimosamente debido al bajo número de personas que han firmado las promesas solo se podrán iniciar las obras la próxima semana. «Hemos realizado un sacrificio en el sentido de iniciar la obra hasta este año, buscando una alternativa de salida partiendo la primera etapa y dividiéndola en dos fases. Se mantuvieron los precios de noviembre del 2016 que se establecieron en 134 salarios mínimos mensuales vigentes, que dan un poco más de 90 millones de pesos.  

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