Por: Álvaro Hernando Cardona González
El pasado mes de septiembre, la Procuraduría General de la Nación, publicó el Diagnóstico Nacional de Plástico, como resultado de la aplicación de la propuesta metodológica de Naciones Unidas y el Instituto para las Estrategias Ambientales Globales para su gestión sostenible en Colombia para el 2022-2026.
El documento apuesta por hacer recomendaciones generales para que el Gobierno y el legislativo adelanten las acciones concretas que faltan para lograr metas de reducción de uso del plástico, promover la producción de elementos biodegradables, y la economía circular. Y es que, aunque Colombia ha logrado mucho en esta materia, por ejemplo, la distribución de bolsas plásticas en organizaciones formales se redujo en un 70% en un período de 4 años cuando la meta establecida en la norma era del 60% para un período de 10 años a (termina en el 2026), también hay muchos aspectos por resolver.
Sus propuestas son valederas. Por ejemplo, propone adoptar normativas adicionales para reducir el impacto del plástico con las cuales se busca la recuperación y aprovechamiento de materiales reciclables. Es decir, adicionar la Resolución 1407 de 2018 modificada mediante Resolución 1342 de 2020, que reglamenta la gestión ambiental de los residuos de envases y empaques incluidos el plástico, así como la adopción y puesta en marcha de la Estrategia Nacional de Economía Circular.
Plantea, que la ausencia de “diagnósticos a nivel nacional, regional y local en torno a factores como la oferta, demanda, consumo, separación en la fuente y disposición de plásticos reduce o limita la toma de decisiones”. Observa que la fecha de los envases y empaques de diferentes productos están elaborados de multilaterales, lo que impide el adecuado aprovechamiento del material.
También, regular el ingreso de plástico a rellenos sanitarios. Esto es, prohibir el ingreso de envases y empaques plásticos o de productos aprovechables a rellenos sanitarios para aumentar su vida útil. Se estima que a 2030, 113 rellenos sanitarios nacionales tendrían su vida útil vencida (si no se amplía su capacidad de carga y se renuevan las respectivas Licencias Ambientales) afectando regionalmente el 84% del territorio nacional.
Es controversial su propuesta de agilizar el ajuste a la tarifa del servicio de aseo; porque aunque plantea revisar la regulación del esquema tarifario del servicio de aseo que actualmente está basado en el concepto de “pago por toneladas dispuestas” en un relleno, siendo un “sistema perverso” en el que se promueve recoger y disponer bolsas que incluyan todo tipo de residuos incluidos los aprovechables, como envases y empaques, porque dejar de hacerlo podría estimular que no haya recolección de los residuos.
Los residuos plásticos son un problema mayúsculo.
