Un fuerte debate jurídico y político se abrió ayer a partir de la petición del presidente Iván Duque al Congreso para que en la próxima legislatura se debata un proyecto de ley moderno antidisturbios y antivandalismo.

De un lado, voces de los partidos políticos dividieron opiniones en torno a si es necesario impulsar una nueva legislación o aplicar las normas ya vigentes. Y, de otro, congresistas, analistas y distintos sectores consideraron que la polémica nacional e internacional alrededor del accionar de la Fuerza Pública en medio de la ola de paros, no da para que en estos momentos se proyecte una norma como la propuesta por Duque.

Lo cierto es que en la ceremonia de ascenso del director de la Policía, general Jorge Luis Vargas, el Jefe de Estado indicó que “tenemos que rechazar con claridad la violencia y el vandalismo, y por eso invito a todos los miembros del Congreso de la República a que trabajemos en la próxima legislatura para que tengamos en Colombia una ley moderna antivandalismo y antidisturbios, para que no pretendan quienes promueven esas prácticas pasar impunemente por soslayar los derechos de los colombianos”.

El Presidente declaró que la Constitución consagra el derecho a la protesta pacífica “y esa connotación no amerita discusión”. Pero hizo énfasis en que la protesta pacífica debe estar exenta de violencia, de vandalismo, de disturbios y de bloqueos, “porque la protesta pacífica no puede ni busca afectar derechos colectivos”.

Agregó que, “por eso, es muy importante también diferenciar entre lo que debe ser una expresión pacífica y lo que es vandalismo, terrorismo urbano de baja intensidad, destrucción de la infraestructura o violentar los derechos de la ciudadanía”.

“A esos actos se les enfrenta con toda la capacidad institucional, con todo el imperio de la ley y con todo el apego a los derechos humanos”, sostuvo.

Agregó el Presidente que “… debe existir cero tolerancia frente a esos fenómenos y debe actuar la Fuerza Pública con toda la legitimidad, porque esos hechos no solamente violentan el orden institucional y el orden constitucional, sino que también amenazan a toda la sociedad colombiana”.

… Ley contra el vandalismo y antidisturbios como tal no hay… Lo que sí hay es el Código Penal y allí están claramente tipificados los delitos más recurrentes que se cometen en acciones de vandalismo y actos de violencia durante la protesta social, sin que esta tenga algo que ver con los primeros”, precisó el jurista, que pidió la reserva de su nombre.

Es más -según lo recordó ayer uno de los expertos consultados  ese mismo Código es precisamente el que contiene en su artículo 170 la figura de la “asistencia militar” a que pueden acudir los alcaldes y gobernadores para afrontar y superar los hechos que dan lugar a la grave alteración de la seguridad y la convivencia, en sus respectivas jurisdicciones.

Como se sabe, en medio de la parte más complicada de los bloqueos y paros, el Gobierno expidió el decreto 575 de mayo, que permitió a los mandatarios seccionales y locales de varios departamentos y municipios poder acudir a la “asistencia militar” para restablecer el orden público en su región y levantar los bloqueos.