sábado, 23 de febrero de 2019
Opinión/ Creado el: 2019-01-10 08:38 - Última actualización: 2019-01-10 08:39

Recientes sucesos judiciales

Escrito por: Jaime Alberto Arrubla Paucar
 | enero 10 de 2019

Terminamos el año 2018 frente a un suceso sin antecedentes en Colombia, como fue la comunicación que el Embajador nuestro ante el gobierno de los Estados Unidos, dirigió a jueces norteamericanos, interfiriendo en un proceso de extradición.  Las autoridades de la República tienen como deber funcional hacer cumplir las sentencias de los jueces y hacerlas respetar, aca y en el exterior y es grave falta actuar en sentido contrario, hecho que incluso puede tipificar algunos delitos.   Las razones de solidaridad de partido e incluso humanitaria con el copartidario y amigo, deben ceder ante la institucionailidad de la nación, y frente a los deberes como funcionario público, así nos duela.

Es cierto que por Acto Legislativo se aprobó  la segunda instancia para los aforados.  La Corte Suprema de Justicia en su Sala Penal venía,  de conformidad con la Constitución, conociendo en única instancia.    Ahora se creo una nueva Sala de Instrucción compuesta por tres Magistrados y otra de  primera instancia compuesta de seis;   la segunda instancia la atendería la Sala Penal  actual,  compuesta por nueve Magistrados.    Pero los procesos que fueron definidos conforme al sistema anterior de unica instancia, hicieron tránsito a cosa juzgada y ni siquiera la misma Corte Suprema puede desconocerla y estan equivocados quienes insisten en que hay que aplicarles el nuevo trámite.   Tales procesos se rituaron conforme a la norma constitucional vigente en su momento y cumplieron el debido proceso.

Con tan mal ejemplo que dan algunos funcionarios públicos, desconociendo las sentencias judiciales y desestimando el sistema judicial colombiano, no es de extrañar que los defensores del exfiscal anticorrupción en USA, pretendan alegar,  para evitar su traslado a Colombia, una vez cumpla su exigua pena de 48 meses, que es un perseguido político, que que nuestro sistema no ofrece garantías de defensa o que su vida corre peligro, con tanta victima que dejo en el camino de su iter criminis.    Nada mas desorbitado.    Una vez cumpla su pena en el vecino pais,  debe ser enviado a Colombia, para que responda por lo que aqui se le acusa y se defienda como es debido.    Su participacion es necesaria para que podamos conocer la verdad de lo ocurrido en el mas grave episodio de corrupción por el que ha atravezado la justicia patria.

Nuevamente se escandaliza el país al observar en vacaciones playeras a algunos de los protagonistas del carrusel de la contratación en el Distrito Capital,  que a pesar de cumplir escasos ocho años de reclusion de su pena de 19, ya son objeto del subrrogado de la libertad condicional.     El problema es del sistema legal y de todos los beneficios que concede y no de los jueces que no hacen cosa distinta que aplicar la ley.   Una pena en Colombia nunca se cumple al 100 por ciento, a lo sumo el 50.   Hay rebajas, por colaboración por sentencia anticipada, por estudio, por trabajo, por  cumplir las tres tres quintas partes de la pena, etc.     La politica criminal del pais no es coherente y se encuentra desarticulada.  No nos sorprendamos, pero sobre todo, no son los jueces los responsables.

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