Una sofisticada red criminal vinculada a las disidencias de las Farc fue desarticulada por la Fiscalía, revelando un esquema de lavado de activos que utilizó el sector salud, con impacto en el Huila, para blanquear millonarios recursos del narcotráfico.
DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL
La Fiscalía General de la Nación, con apoyo de la Policía Nacional, ha revelado un sofisticado esquema de lavado de activos que utilizaba inversiones en el sector salud para blanquear dinero proveniente del narcotráfico. Los recursos, atribuidos a la estructura criminal ‘La Constru’, ahora conocida como ‘Comandos de Frontera’ de las disidencias de las Farc, fueron destinados a la adquisición de ambulancias y la creación de Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) en varias regiones, incluyendo el Huila.
Un esquema que alcanzó al sector salud
La investigación señala que el dinero ilícito provenía del tráfico de clorhidrato de cocaína desde la frontera con Ecuador. Estos recursos se habrían canalizado hacia la compra de bienes y servicios relacionados con el sector salud, incluyendo la adquisición de 24 vehículos, entre ellos ambulancias y un automóvil de alta gama, así como la creación de IPS y droguerías.
Las operaciones ilegales, que se extendieron a departamentos como Putumayo, Caldas, Nariño, Cauca, Valle del Cauca y Huila, buscaban disfrazar el origen del dinero con una apariencia de legalidad al prestar servicios médicos a comunidades vulnerables.
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Impacto en el Huila: Salud y crimen organizado
En el Huila, las IPS vinculadas a esta red operaban bajo la fachada de instituciones legítimas, utilizando ambulancias para cubrir el transporte médico. Sin embargo, detrás de esta operación se encontraba una estructura criminal que desviaba recursos y comprometía la calidad del sistema de salud regional.
El uso de bienes públicos como ambulancias y el manejo opaco de las IPS plantearon graves retos para la población huilense, que ya enfrenta dificultades en el acceso a servicios médicos. Este caso expone cómo las redes criminales pueden infiltrarse en sectores esenciales, afectando directamente a las comunidades más necesitadas.
Capturas y cargos imputados
La Fiscalía capturó a seis implicados, entre ellos Edison Bernardo Rosero, alias Chamón, supuesto líder de la red criminal. Junto a él, otras personas señaladas como testaferros y operadores del esquema fueron judicializadas bajo cargos de concierto para delinquir agravado, lavado de activos, enriquecimiento ilícito y testaferrato.
De los implicados, cuatro fueron enviados a prisión y dos recibieron detención domiciliaria. Este proceso representa un paso significativo en la lucha contra el lavado de activos y las finanzas del narcotráfico.
Extinción de dominio: Golpe a los bienes de la red
Paralelamente al proceso penal, la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio identificó y aseguró 32 bienes relacionados con las operaciones de ‘La Constru’. Estos activos, valorados preliminarmente en 6.414 millones de pesos, incluyen ambulancias, IPS, vehículos de alta gama y establecimientos comerciales.
Las propiedades han sido transferidas a la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para su administración. Esta acción busca desmantelar el soporte financiero de la red criminal y evitar que estos bienes sigan siendo utilizados para actividades ilícitas.
La salud como víctima del crimen organizado
Este caso evidencia cómo las estructuras criminales buscan diversificar sus actividades para legitimarse en sectores estratégicos. El impacto en el Huila y otras regiones refleja la vulnerabilidad del sistema de salud frente al crimen organizado y la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y supervisión en la administración de recursos públicos.
Un llamado a proteger la salud pública
La infiltración del narcotráfico en el sector salud no solo afecta la transparencia de los recursos, sino que también pone en riesgo la atención médica de miles de ciudadanos. Este caso representa una oportunidad para que las autoridades refuercen las políticas de vigilancia y regulación, asegurando que el sistema de salud sirva únicamente a los intereses de la ciudadanía.
El Huila, como parte de esta trama, enfrenta el desafío de recuperar la confianza en sus instituciones médicas y garantizar que los recursos destinados a la salud sean usados para mejorar la calidad de vida de sus habitantes, lejos de cualquier sombra del crimen organizado.
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