La última treta que exhiben quienes tratan de eludir la acción de la justicia, cuando ya no tienen más argumentos, es la desacreditación del juzgador, acusándolo de parcialidad, o de obedecer a protervos intereses, económicos o hasta políticos. Por ello hay que actuar con suma cautela cuando se filtran ataques al juez que adelanta una causa.
Acabamos de presenciar los colombianos unas supuestas grabaciones de una dama, gamonal política, implicada en varios delitos graves, prófuga de la justicia, donde se comunica con un Senador de la República, para advertirlo sobre que el Magistrado que adelanta la investigación, le manda a decir que lo tiene interceptado, para que no diga nada comprometedor, es decir, acusa al Magistrado de haberlo advertido sobre su propio instrumento de investigación. Por supuesto, que se trata de hechos muy graves que hay que investigarlos; sin embargo, hay que andar con prudencia.
Cuando se denunció el entramado del llamado “cartel de la toga”, resultó ser cierto que algunos miembros de la alta cúpula de la administración de la justicia se habían corrompido. Pero también es cierto, que la misma administración de justicia se impuso sobre esos miembros que la defraudaron, los sentó en el banquillo de los acusados y les ha aplico la sanción que merecen por sus indebidas conductas. El sistema funcionó y no se presentó solidaridad de cuerpo alguna.
Ahora, algunos de los mafiosos con quienes se busca firmar treguas en este gobierno, vuelven a mencionar algo que nunca han demostrado, que sobornaron magistrados para elegir al Fiscal Iguarán. Lo que estamos presenciando es una consistente y sistemática desacreditación de la justicia, olvidando que sin justicia no puede encontrarse la tan anhelada paz.
Señalaba Cicerón que los pueblos que ya no tienen solución suelen tener epílogos letales: se rehabilita en todos sus derechos a los condenados, se libera a los presidiarios, se hace regresar a los exiliados, se invalidan las sentencias judiciales; esto es el camino hacia el colapso total, sin esperanza alguna de salvación. Agregaríamos nosotros que también se desacreditan sus jueces, para que la población pierda la confianza en ellos.
Este estado de cosas llama la atención sobre que ya es hora de que el gobierno retome un tema aplazado y comience a plantear cual su idea sobre reformar la justicia; por supuesto que hay que acercarla al ciudadano y procurar que sus conflictos se diriman pronta y cumplidamente; este debe ser uno de sus empeños más caros. Pero también hay que reformar la cúpula y el gobierno de la rama, pues el diseño constitucional no fue el más adecuado. Se atomizó la rama y se desvaneció el control de pesos y contrapesos frente a las demás ramas del poder y se contaminó con funciones electorales que no deben corresponderle.
La justicia tiene que estar en el centro de los fines del Estado, en un permanente y continuo mejoramiento. El propósito de todo gobierno debe ser su defensa y su acreditación ante los ciudadanos.
