lunes, 22 de abril de 2019
Regional/ Creado el: 2015-12-17 03:42

El Quimbo apagó sus motores

El Quimbo apagó motores ayer, luego de que la Corte Constitucional anulara el decreto 1979 de 2015 que le daba autorización a la compañía Emgesa para producir energía. Dirigentes celebran, aunque varias paradojas continúan en el proceso. La empresa señaló que la demanda energética nacional abastecida por el embalse durante el tiempo de producción fue de 5%.

Escrito por: Redacción Diario del Huila | diciembre 17 de 2015

Las turbinas de la represa El Quimbo se apagaron ayer. La multinacional Emgesa resolvió seguir el camino jurídico que trazó la Corte Constitucional al anular la norma decretada por el presidente Juan Manuel Santos, la cual le autorizaba a la empresa comenzar con la producción de energía. Y es que el periplo jurídico por llegar hasta lo que hoy, una gran parte de huilenses celebra, fue motivo de inconformismos, señalamientos y duros cuestionamientos.

La multinacional Emgesa informó que las turbinas de la represa fueron apagadas ayer a las 00:00 horas, al tiempo que expresó el acatamiento irrestricto de la decisión de la Corte Constitucional y el cumplimiento a cabalidad de la medida cautelar decretada por el Tribunal Administrativo del Huila.

Los antecedentes de lo que ayer se convirtió en el hecho más trascendental no solo para el Huila sino para el país, datan no de la primera decisión administrativa proferida por dicho Tribunal, sino de todo un proceso que comenzó con el otorgamiento de la licencia ambiental en el año 2008 a un proyecto cuestionado por muchos pero, a la vez, avalado por diversos sectores del país y el departamento.

 

Un camino lleno de decisiones jurídicas

El 2015, año en que Emgesa tenía proyectado el inicio de operaciones de la represa, se convirtió en período récord, tanto para la compañía como para la sociedad civil y las autoridades, en sentar claridades en materia ambiental, económica y social. Pero también, de despejar dudas acerca del futuro de las comunidades, hoy las más afectadas por la situación.

El primer traspié se dio con el llenado del embalse, una acción realizada en el mes de junio de este año y calificada de irrespetuosa e inconsulta por el Gobierno Departamental, las autoridades ambientales y la misma sociedad huilense. En las actas de las reuniones realizadas con anterioridad, Emgesa se había comprometido con una serie de puntos que hasta la fecha del llenado no había cumplido, tales como el retiro de la biomasa del vaso del embalse, la construcción de puertos para piscicultura, la compra de hectáreas para zonas de preservación de las partes altas de la microcuenca, entre otras no menos importantes.

Antes, el 5 de febrero de este mismo año, el Tribunal Administrativo del Huila profirió un auto en el trámite de una acción popular adelantada contra la compañía, en el cual ordenó como medida cautelar, que la empresa se abstuviera de iniciar el llenado hasta “tanto se lograra un caudal óptimo de aguas; disponiendo de manera simultánea, efectuar un monitoreo permanente al agua para efectos de la calidad de la misma”. Emgesa, pese a los incumplimientos y la propia medida cautelar, procedió al llenado.

En otro auto proferido por ese mismo tribunal el 17 de julio de 2015, la corporación judicial constató que entre las obligaciones contempladas en la licencia ambiental, Emgesa debía retirar el material forestal y la biomasa del vaso de la represa, actividad que la compañía no realizó antes de comenzar con el proceso de llenado. Frente a esto, autoridades como la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM) alertó sobre serias afectaciones a la flora y la fauna, pero también a la salud de los pobladores presentes en las zonas aledañas como consecuencia de la descomposición del material presente en el embalse. De esta forma, y considerando que el llenado por parte de la compañía era inevitable por cuanto ya se había efectuado, el tribunal ordenó modificar la medida cautelar y señaló que “se debía suspender la actividad de generación de energía hasta tanto se retiraran los desechos forestales y la biomasa, al tiempo que estableció que la autoridad ambiental debía certificar que no existía peligro de contaminación del recurso hídrico”, expresó el documento.

Mientras las decisiones jurídicas hacían mella en el camino de El Quimbo, el fenómeno del Niño arreciaba y se convertía en el peor de los tres registrados en el inicio del nuevo milenio. Los 60 embalses pertenecientes al sistema de abastecimiento de energía en el país presentaban una disminución considerable en sus caudales.

Esta razón obligó al Gobierno Nacional a emitir el Decreto 1979 de 2015 y declarar a través del mismo el estado de emergencia por la crisis nacional generada por dicho fenómeno climático, pero también, a reconocer las afectaciones económicas en materia del transporte de combustibles a través del río Magdalena, afluente con pocas condiciones de navegabilidad debido al bajo nivel de su caudal.

“Con el fin de elevar el caudal del Río Magdalena, se hace necesario habilitar el flujo de agua del proyecto hidroeléctrico “El Quimbo, actualmente suspendido por la citada decisión del Tribunal Administrativo del Huila, dado que, de acuerdo con lo constatado por la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, las obligaciones impuestas por dicho Tribunal en el auto del 17 de julio de 2015 relativas al retiro de la biomasa, se han cumplido en un 99%”, había expuesto el Decreto.

“Que en las condiciones actuales, una vez iniciada la generación de energía eléctrica por parte de Emgesa, se aportarán al río Magdalena cantidades suficientes de agua para elevar el nivel del mismo, en las magnitudes que requiere la navegabilidad de las barcazas que transportan el combustible de que tratan los considerados anteriores”, añadió.

En noviembre de este mismo año, otra sentencia del mencionado tribunal resolvió inaplicar el decreto presidencial. No obstante, Emgesa contravino la decisión administrativa y manifestó que en este caso acataría la orden presidencial y no la del tribunal, acción que desató toda suerte de cuestionamientos y alarmas a nivel nacional.

Pero las instancias no habían terminado en este caso, a favor de Emgesa. La Procuraduría General de la Nación, a través de su titular Alejandro Ordóñez Maldonado, decidió enviar un concepto a la Corte Constitucional para que se revisara el decreto presidencial y definir nuevas acciones.

Fue así como la Sala Plena decidió frenar la producción de energía de la hidroeléctrica, declarando inexequible el decreto 1979 de 2015, pues incumplió la mayoría de requisitos estandarizados por la jurisprudencia de esa corte, por lo que carece de congruencia externa e interna, al invadir las competencias para suspender los efectos de una providencia judicial. Tras la decisión, la compañía Emgesa decidió apagar sus turbinas, hasta tanto no se defina nuevamente un rumbo jurídico que le permita generar nuevamente energía.

“Una vez conocido el comunicado oficial No. 56 de la honorable Corte Constitucional, publicado el día 15 de diciembre, mediante el cual informa que declaró inexequible el decreto 1979, que autorizó a la generación de energía del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo, Emgesa procedió a suspender la prestación del servicio público de generación de energía desde las 0:00 horas del día 16 de diciembre, al permanecer vigente la medida cautelar decretada por el Tribunal Administrativo del Huila”, comunicó la compañía.

Asimismo, la empresa señaló que durante el período de vigencia del decreto 1979, en el cual El Quimbo produjo energía, “se atendió aproximadamente el 5% de la demanda diaria nacional”.

“Emgesa continuará ejerciendo todos los recursos que la Ley le otorga. La Compañía ha aportado todas las argumentaciones y pruebas necesarias que acreditan el cumplimento de las obligaciones contenidas en la licencia ambiental, con el fin de que sean valoradas y se pueda levantar lo antes posible la medida cautelar”, añadió la empresa.

 

Las leyes son para cumplirlas: Gobierno Departamental

Ante la decisión de la multinacional Emgesa, de apagar las turbinas de la hidroeléctrica y acatar la decisión del Tribunal Administrativo, el Gobierno Departamental en cabeza del mandatario huilense Carlos Mauricio Iriarte Barrios, celebró el acontecimiento y expresó que en este caso las leyes son para cumplirlas. “Creo que la licencia ambiental, la Constitución y la Ley son para cumplirlas, ahí no cabe ninguna excusa ni ninguna negociación. La producción de energía no puede pasar por encima de los intereses regionales, por encima de los derechos que tiene el departamento, por encima del medio ambiente que claramente ha dicho el Tribunal se ha puesto en sumo riesgo al no recoger y retirar la biomasa antes de iniciar el llenado”, sustentó el mandatario regional.

El mandatario reiteró además, que los compromisos pactados por Emgesa se deben cumplir. “Los fallos de los tribunales y de los jueces de la república representan la justicia del país y hay que acatarlos. Emgesa siempre ha tratado de incumplir los compromisos que deben respetarse y por mucha vuelta que le den, este es un departamento que seguirá luchando para que cada uno de los derechos del Huila se cumplan y no sean burlados”, manifestó el Gobernador del Huila.

 

Clamor por no desarrollar más represas en el Huila

Con el ánimo de no continuar con la ejecución de más represas en el Huila, varios dirigentes políticos del Huila y activistas ambientales se manifestaron por la reciente acción de la multinacional, al tiempo que clamaron por continuar procesos sociales que permitan defender a las comunidades y los ecosistemas.

 

“La decisión sienta un precedente”

“Está demostrado que las posiciones asumidas por las comunidades y la clase dirigente tenía todo el asidero. Esta decisión es una gran oportunidad para exigir el cumplimiento de los acuerdos pactados, así como de las compensaciones que trajo consigo la construcción de este megaproyecto. La decisión de la justicia sienta un precedente hacia el futuro con proyectos de esta naturaleza y nos corresponde como huilenses y como vocera de las comunidades, exigir respeto por la región y por los habitantes afectados con esta obra. Hoy expresamos nuestra satisfacción porque la justicia nos ha dado la razón a los huilenses que nos sentíamos atropellados, desconocidos y hasta burlados por las decisiones inconsultas y arbitrarias de los directivos de Emgesa”, expresó la congresista huilense Flora Perdomo.

 

“Esperábamos ansiosos que El Quimbo apagara turbinas”

“Esta es una victoria del Huila, de las comunidades afectadas y campesinos. Emgesa debe entender que el llamado y el clamor de los miles de huilenses es que en este territorio no se construirá ni una sola represa más, por respeto a nuestro medio ambiente y las comunidades. Esperábamos con ansias que apagaran turbinas, ya las han apagado y hemos venido defendiendo el Huila como siempre lo hemos venido haciendo. Tenemos que esperar qué puede pasar, ahora El Quimbo no está funcionando porque así lo ha ordenado nuestra Corte Constitucional, como lo había ordenado antes nuestro Tribunal Administrativo. Ayer presentamos un derecho de petición ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales para que se nos aclare si se han pedido licencias ambientales y de esta forma, saber si hay solicitudes de nuevas construcciones de represas, específicamente en el sur del Huila”, dijo el congresista huilense, Jaime Felipe Losada.

 

“Convocamos a la movilización social”

“Emgesa cuenta con el respaldo irrestricto del presidente Santos, de la ANLA, del Ministerio de Minas y de Ambiente, que a cambio de proteger los intereses de la Nación y las comunidades, venían presionando al tribunal para que se levantara la medida cautelar y le permitiera a Emgesa continuar con la producción de energía. Es evidente que no se trataba de un interés nacional bajo el requerimiento del supuesto de una sequía. Desde hoy estamos convocando a todas las poblaciones para que haya movilizaciones desde el mes de enero contra toda la política minero energética del presidente Santos, contra el plan de privatización del río Magdalena, las 11 áreas destinadas para el fracking y las pequeñas centrales hidroeléctricas que se quieren imponer. Todas estas movilizaciones deben concluir el 14 de marzo, Día Mundial contra las Represas, en un paro cívico regional contra toda esta política”, señaló Míller Armín Dussán, activista y líder de la Asociación de Afectados por El Quimbo.