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sábado, 22 de julio de 2017
 
Regional/ 2015-12-11 09:43

Frenan producción de energía de El Quimbo

La Corte Constitucional ordenó parar la producción, advirtiendo que se había desacatado una orden judicial del Tribunal Administrativo del Huila.

Escrito por: Erick Rojas | diciembre 10 de 2015

La Sala Plena de la Corte Constitucional tumbó el decreto 1979 que fue expedido por el presidente Juan Manuel Santos el pasado seis de octubre, contrariando una medida cautelar del Tribunal Administrativo del Huila que impedía que se iniciara la producción energética.

El alto tribunal afirmó en la decisión que este decreto incumplió la mayoría de requisitos estandarizados por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, por lo que carece de congruencia externa e interna, al invadir las competencias para suspender los efectos de una providencia judicial.

Este reparo judicial a las obras de El Quimbo se une a una denuncia penal interpuesta recientemente por el diputado Orlando Ibagón contra el representante de Emgesa en Colombia Lucio Rubio.

“Es que el Tribunal le dice que no puede iniciar la generación de energía, no pueden iniciar el llenado del embalse, hasta tanto no se hicieran unos correctivos ambientales. Para mí hubo una trasgresión, violación al Código Penal. Y esa conducta es punible y va a haber una condena en contra del representante de Emgesa y lo acabe de ratificar la Corte Constitucional al afirmar que no debió desacatarse la sentencia judicial. Entonces, nos están dando la razón a medida de que pasa el tiempo”, afirmó Ibagón ayer al conocer la decisión de la jurisdicción constitucional.

“Esperamos que se cumpla”

El gobernador Carlos Mauricio Iriarte, afirmó que “esperamos que se acate la decisión de la Corte Constitucional porque creemos que este es el fin primordial de esta providencia y máxime tratándose un  alto tribunal”.

Para el mandatario de los huilenses este concepto conocido ayer, es similar al que ellos dieron en días pasados. “Ahora solo esperamos que se cumpla. Y está en manos del Tribunal Administrativo del Huila resolver el conflicto que se tiene y la acción popular, por su puesto con una providencia de fondo”, recalcó.

La inspiración de la decisión

La Corte acogió los argumentos que presentó el procurador general, Alejandro Ordoñez Maldonado quien cuestionó que con dicho decreto se pretendía hacer creer que con la ejecución de dicho proyecto se buscaba aumentar el caudal del rio Magdalena para el transporte de combustible de Barrancabermeja cuando realmente la finalidad es contrarrestar los efectos del Fenómeno de El Niño.

El procurador dijo que el Gobierno lo que pretendió fue evadir una orden judicial que había suspendido el inicio del proyecto de El Quimbo al asegurar que habían supuestas irregularidades sin subsanarse.

Las medidas cautelares

El Tribunal Administrativo del Huila, en dos oportunidades decretó medidas cautelares: la primera tuvo el sentido de evitar el llenado de la presa, hasta tanto la compañía constructora no sacara toda la biomasa del vaso  del embalse.

Luego, de manera sorpresiva, esta medida cautelar se modificó y el Tribunal ordenó que no se produjera energía hasta tanto no se sanearan los daños causados. Sin embargo, la medida no se hizo efectiva debido al Decreto 1979 que expidió el Presidente, amparado en la emergencia económica.

Las dos medidas cautelares nacieron de una acción popular interpuesta por 16 personas jurídicas (acuicultores) y una natural, quienes buscaban parar esta megaobra hasta tanto no se definiera la protección de sus intereses como piscicultores.

Paradójicamente, luego de iniciarse el llenado del embalse, ellos fueron los primeros en pedir que se comenzara la generación de energía, pues necesitaba el agua para mantener a salvo el negocio de la piscicultura.

¿La razón del Decreto 1979?

De acuerdo con la motivación del Decreto que ordenó la puesta en funcionamiento de El Quimbo, “mediante el Decreto 1770 de 2015, el Gobierno Nacional declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica” en algunos municipios de los departamentos de Norte de Santander, Boyacá, Arauca, Guanía, Guajira, Cesar y Vichada “con el fin de contrarrestar los efectos de la decisión del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela de cerrar la frontera con Colombia”.

Una de las consecuencias de este cierre fueron los “problemas de abastecimiento en los municipios objeto de declaratoria de la emergencia que debe satisfacerse con combustibles nacionales”, pues un eventual desabastecimiento de combustibles en la zona de frontera “afectaría gravemente el normal desempeño de la economía pues produciría un incremento de precios en los productos que se comercializan en dichos municipios”. Por esta razón se hacía necesario el transporte de gasolina en barcazas, actividad que se estaba viendo perjudicada con los bajos niveles de agua en el río Magdalena.

Es así como el Gobierno Nacional expidió este Decreto no para proteger a los piscicultores de Betania por los bajos niveles de agua que podrían afectar esta empresa, sino para permitir la navegabilidad del río Magdalena.

Un proyecto judicializado

El proyecto de El Quimbo estuvo judicializado desde sus inicios y durante su ejecución. Uno de los temas candentes fueron las indemnizaciones.

De acuerdo al censo oficial se presentaron 2210 personas (T-135-2013), que manifestaron realizar actividades relacionadas con la construcción, quienes además indicaron haber sido impactados con la disminución de fuentes de material para la construcción.

Sin embargo  la compañía Emgesa desconoció a cientos de ellos en un sondeo que hizo entre octubre de 2009 y enero de 2010. Pese a esto, muchas personas que no quedaron incluidos tutelaron y en primera y segunda instancia (Tribunal Administrativo del Huila), perdieron judicialmente.

Las tutelas tuvieron que llegar por revisión automática a la Corte Constitucional, quien no solo ordenó un nuevo censo, sino que expresamente obligó a compensar a siete personas: cuatro constructores, un transportador, un palero y un pescador.

El censo se practicó y a corte de marzo de este año, 13.729 personas habían sido incluidas, según el reporte de Emgesa, y otras 14.935 fueron referenciadas por solicitudes ocurridas paralelamente al censo. En total 28.664 personas quedaron en los registros de afectados.