Por: Juan Carlos Ramón Rueda
Tras un año del experimento colectivo más profundo para quienes estamos vivos en el planeta, se debate sobre la reformulación de las responsabilidades del estado con respecto a la población más pobre y vulnerable en el mundo post Covid. En Colombia es necesario apoyar las iniciativas que plantean una renta decente para las familias más pobres, que seguramente puede incluir seguro para quienes quedan sin empleo, una pensión básica para todos al llegar a la tercera edad, mantener y mejorar la garantía de la educación y la salud universales, es decir, para todos, mejorando la pertinencia y calidad de los servicios; en términos generales mejorar las condiciones económicas de los más pobres partiendo de la terrible inequidad que tiene a Colombia en los primeros lugares en tasa de desigualdad social en la región. Los economistas aseguran que un re direccionamiento de tales proporciones tiene la ventaja de fortalecer la capacidad de compra de millones de personas y vigoriza la economía, lo que al final beneficiará a los empresarios.
El problema de llevar a cabo estas iniciativas es el costo. El proyecto que formula Fedesarrollo en este sentido, por ejemplo, puede costar un poco más de $45 billones de pesos adicionales al gasto público actual, en un momento en el que las finanzas del estado están colapsadas y el déficit crece. El presupuesto nacional para este año es de $313,9 billones y no tiene mucha flexibilidad. En Educación son $47 billones; Defensa, $39; Salud, $35; Trabajo, $27; Inclusión social, $15.9; Transporte, $11.1; en términos generales destaco que se gasta más en Funcionamiento que en todo lo demás, $184.6 billones. Solo en gastos de personal son 35.4 billones, es decir, más que en salud; las Transferencias a los Territorios casi $48 y las mesadas pensionales $41 billones. La Deuda Pública supera más del 60 por ciento del PIB y para atenderla se van casi $75 billones por año.
Es necesaria una reforma, pero no para aumentar los impuestos y mantener el ciclo que nos ha empujado hasta acá; sino la pensional y tributaria que elimine los exagerados privilegios y exenciones de sectores cercanos al poder de turno. Que redefina la política de endeudamiento público y se oriente en promover y fortalecer la industrialización y la economía interna. Es necesario atender la responsabilidad social del estado al tiempo que hacemos un gran esfuerzo en las próximas décadas por mejorar la capacidad interna de producción para el consumo y la atención de los servicios; manteniendo la dinámica y el espíritu exportador, que está creciendo.
