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Revocatorias con sabor a demagogia

Por: Ernesto Cardoso Camacho

Los procesos constitucionales de revocación del mandato de alcaldes que se están implementando en estos días, son una buena oportunidad para reflexionar acerca de las falencias que la constitución del 91 contiene en el loable propósito de instaurar la democracia participativa, dejando atrás el concepto de la representación.

El artículo 103 precisa tales mecanismos como expresión de la soberanía del pueblo: plebiscito; iniciativa popular legislativa; referendo; cabildo abierto; la consulta popular y revocatoria del mandato.

De todos ellos el único que ha sido usado con cierta regularidad sobre todo en los últimos años es la consulta popular, especialmente con el fin de evitar las explotaciones mineras y de hidrocarburos para proteger la sostenibilidad de los recursos naturales. Así mismo, la revocatoria del mandato de alcaldes se ha usado muchas veces con propósitos fundamentalmente políticos partidistas, pero solamente en muy contadas ocasiones ha tenido éxito al obtenerse la participación suficiente que revoque al elegido.

De igual manera la iniciativa legislativa ha permanecido como letra muerta dado su muy escaso uso, curiosamente cuando el legislativo se ha caracterizado por su prolija y hasta desmesurada actividad con leyes de muy escasa trascendencia.

Por su parte, el referendo fue usado por iniciativa del presidente Uribe durante los primeros meses de su primer mandato, sin que alcanzara el umbral necesario para la gran mayoría de preguntas formuladas, excepto la primera de ellas que si fue aprobada y justamente se trataba de la inhabilidad permanente para quienes hubieren sido sentenciados por delitos contra el patrimonio público.

La otra ocasión mas reciente lo fue el del referendo anticorrupción impulsado por la actual alcaldesa de Bogotá y su compañera Angélica Lozano, el cual obtuvo una importante participación sin alcanzar el umbral necesario para su aprobación.

Con relación al plebiscito propuesto por el expresidente Santos con el fin de obtener la aprobación o rechazo de su acuerdo de paz con las Farc, no obstante haberse rebajado sustancialmente el umbral necesario mediante ley del congreso; es indiscutible que ha constituido la mayor vergüenza nacional; en el claro entendido que al obtener el umbral mínimo exigido, la voluntad soberana del pueblo colombiano fue cínicamente burlada pues al triunfar el NO de rechazo al acuerdo, dicha decisión soberana fue sustituida por una resolución del congreso increíblemente avalada por la Corte Constitucional.

Como se observa, al hacerse un riguroso balance de la utilidad de tales mecanismos para mejorar el funcionamiento de nuestra debilitada democracia, es indiscutible que los constituyentes del 91 fueron unos soñadores en este aspecto, pues el remedio ha resultado inocuo e ineficaz.

La explicación pertinente a esta indudable frustración no es otra que la crisis del sistema político y electoral aún vigente, de la cual los principales responsables son los partidos políticos, sus dirigentes, voceros y representantes, donde el liderazgo honesto y proactivo ha sido substituido por el clientelismo y la corrupción, pues han colocado sus particulares intereses y privilegios por encima de los de todos los colombianos.

Volviendo al tema principal es incuestionable que la revocatoria de los mandatos de los alcaldes que están hoy en desarrollo, se están caracterizando por una evidente demagogia populista. Las razones son diversas pero contundentes.

Primero, porque apenas acaban de cumplir el primer año de un mandato de cuatro, lo que hace objetivamente imposible un juicio de valor razonado sobre el cumplimiento de su propuesta programática. Segundo, porque la inesperada presencia de la pandemia con sus devastadoras consecuencias hasta ahora visibles, han alterado sustancialmente sus capacidades de ejecución. Tercero, porque quienes las están promoviendo son quienes perdieron en franca lid con los elegidos lo que hace presumir un censurable revanchismo.  Cuarto, porque la inestabilidad electoral de estar convocando a la ciudadanía es un costo fiscal y presupuestal muy alto en las actuales circunstancias, además de colocar a los elegidos en una campaña de reacción que los distrae de sus obligaciones funcionales.

La democracia es algo tan serio que no se debe jugar alegremente con ella, porque se corre el riesgo de debilitarla, cuando lo sensato y conveniente es fortalecerla.

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