Es inevitable seguir comentando con el rigor objetivo necesario la difícil situación que afrontamos los colombianos.

Luego de los agitados 12 días anteriores pareciera que la ardiente temperatura social y política ha logrado enfriarse unos grados. Los actos vandálicos han disminuido su recurrencia e intensidad, aunque persisten la activa movilización indígena y los bloqueos de la infraestructura vial estratégica. Así mismo, las marchas estudiantiles y sindicales muestran movilizaciones masivas pero cada vez más pacíficas.

No obstante, la dinámica económica sigue muy afectada por los bloqueos, al tiempo que ya se evidencia el fuerte incremento de los contagios y fallecimientos por la expansión del virus como se había previsto. De esta manera, vuelve la zozobra del copamiento en la capacidad de respuesta del sistema para atender las demandas de las UCI.

En cierta medida la escalada de la protesta se ha localizado con mayor afectación en el suroccidente del país, hecho que permite inferir con bastante lógica, que los departamentos de Nariño, Cauca, Huila y Valle; por su alta producción de coca y marihuana, y la fuerte población indígena que albergan; han sido el epicentro, pues los cultivos ilícitos son el combustible que acrecienta el conflicto social por la presencia de diversos grupos armados que se lucran del narcotráfico. Y en los departamentos cercanos como Quindío y Risaralda por su localización geográfica de acceso al Chocó donde la minería ilegal y el conflicto armado siguen vigentes.

Los diálogos regionales adelantados por gobernadores y alcaldes han servido para bajarle la presión a las protestas, aunque sus protagonistas tienen claro que su objetivo es desestabilizar al gobierno nacional, el cual persiste en su actitud de equivocada comprensión del problema y de su falta de claridad en abordarlo. La específica evidencia del detonante que el propio gobierno Duque le aportó al conflicto social con su proyecto de reforma tributaria comprueba la desconexión que este ha mantenido con la dramática realidad agravada por la pandemia.

En el aspecto político es indudable que el gobierno se ha quedad sin apoyo inclusive de quienes lo eligieron. El uribismo representado por CD, los conservadores, CR, La U y el liberalismo de Gaviria, se han desmarcado de su apoyo en el congreso y ante la opinión ciudadana, hecho que sin duda ha repercutido en su cada vez mayor fragilidad.

En este escenario la capacidad de maniobra del presidente es cada vez más exigua para acertar en las medidas de contención al vandalismo terrorista, hecho que se explica en la demora en recurrir a la figura constitucional de la Conmoción Interior del artículo 213; indecisión que está recayendo en el desgaste institucional, especialmente de la fuerza pública. La campaña mediática que al respecto ha hecho la izquierda radical socia de las farc en el concierto internacional será muy difícil de recuperar. En este aspecto tampoco supo reaccionar el presidente y la renuncia de la Canciller así lo explica.

El llamado al diálogo con los promotores de las marchas es un buen paso, aunque tardío. Ya le cogieron ventaja al gobierno y ahora quedará preso de la velocidad y la carga de exigencias que la estrategia de aquéllos le imprimirá a las conversaciones. En el aspecto político, recuperar el apoyo institucional más que al presidente, costará inevitablemente la recomposición del gabinete, otorgando la mermelada que supuestamente tanto combatía.

Como se observa, las opciones para el presidente son dramáticas. Su exagerada atención a su reducido grupo de consejeros que lo condujeron a priorizar exageradamente la atención a la pandemia, descuidando su conexión con las angustias e incertidumbres de la inmensa mayoría de colombianos le está pasando la factura. Una dolorosa experiencia personal para el gobernante que estamos pagando todos los colombianos.