En El Salvador, el congreso aprobó este miércoles una sexta prórroga por 30 días del régimen de excepción para combatir a las pandillas, y con el que se ha detenido a unas 52.000 personas, presuntamente pandilleros. “El régimen de excepción se prolonga en todo el territorio nacional por el término de 30 días”, señaló el decreto aprobado con los votos de 65 diputados, aliados del gobierno del presidente Nayib Bukele.
Dando respuesta a una escalada de 87 asesinatos cometidos entre el 25 y 27 de marzo, el congreso acogió un pedido del gobierno para decretar el régimen de excepción, que se ha extendido al menos hasta el 18 de octubre, y ha permitido detener sin orden judicial a poco más de 52.000 presuntos pandilleros. El régimen de excepción también suspende la libertad de asociación, el derecho a la defensa que tiene un procesado, extiende el plazo de detención preventiva de 3 a 15 días y faculta la intervención de las comunicaciones.
Aunque el régimen de excepción ha sido criticado y desaprobado por organizaciones defensoras de derechos humanos, por considerar que la medida representa un mecanismo para irrespetar derechos de los detenidos, se extendió por sexta vez. La subdirectora para las Américas de Human Rights Watch (HRW), Tamara Taraciuk, puso el martes en su cuenta de Twitter que el régimen de excepción “ha resultado ser un desastre en materia de Derechos Humanos”.
Igualmente, el pasado mes de junio, Juan Pappier, investigador sénior de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW), aseguró en su cuenta de Twitter que la organización ha documentado más de 100 casos de “detenciones arbitrarias” y “varias muertes” bajo el régimen de excepción vigente en El Salvador desde finales de marzo.
Al parecer bajo el régimen de excepción han muerto unas 40 personas detenidas y en custodia de las autoridades. “En algunos casos, las familias aseguran que los reos murieron a consecuencias de torturas debido a que, al revisar los cadáveres, han encontrado huesos fracturados, laceraciones en la piel, moretones y heridas profundas en la cabeza”, reportan medios locales.
Las organizaciones apuntaron que en la mayoría de los casos los testigos señalaron que las fuerzas de seguridad no habían presentado una orden de captura, ni explicado los motivos de los arrestos, pero sí golpearon y maltrataron a los detenidos.
