La Secretaria de Gestión Humana y Servicios a la Ciudadanía de Medellín, Ingrid Vanessa González, firmó una resolución que le permitió aprobarse recursos para un curso de inglés de la Universidad Eafit
Encontraron inconsistencias en un curso de inglés que tomará la Secretaria de Gestión Humana y Servicios a la Ciudadanía de Medellín, Ingrid Vanessa González. Ella misma aprobó $5′700.000, mediante la firma de una resolución que le permitiría estudiar ese idioma en la Universidad Eafit financiada con recursos públicos.
El curso es un servicio tipo premium que ofrece esa institución de educación superior: los estudiantes pagan una suma de dinero por recibir clases personalizadas, o con grupos muy reducidos de personas, y los docentes acomodan sus horarios y sitio de trabajo acorde a las necesidades de sus usuarios.
Por esa razón se iniciará un proceso disciplinario para esclarecer si el de González es o no un caso de corrupción. Sin embargo, se conocen algunos detalles preliminares, como el hecho de que sea legal que los servidores públicos adscritos al Municipio de Medellín tomen cursos adicionales, pagados por el erario, para mejorar sus habilidades. El subsidio es brindado con ciertos porcentajes de reconocimiento de la inscripción, como un 70% y 80 % si se trata de pregrados o posgrados.
Pero, en primer lugar, se dice que para que peticiones como las de González sean aprobadas, es necesario que el superior jerárquico, o sea el alcalde, sea quien firme la resolución para el desembolso de dinero, cosa que no se cumplió para el curso de inglés en Eafit: la misma Secretaria de Gestión Humana fue quien se aprobó el requerimiento, acorde a información de la Alcaldía de Medellín.
Incluso, fuentes cercanas al despacho de González han afirmado que este tipo de solicitudes se demoran más de un mes en ser aprobadas luego de que quien desee recibirla haya pagado el valor total del curso académico al que desea ingresar.
Otra condición es que, una vez terminada la formación, la persona beneficiada replique en menos de dos meses lo aprendido y presente evidencia en la secretaría de Gestión Humana, despacho del que González es la máxima autoridad.
Por lo pronto, la posible infracción por haber pagado el curso de inglés ameritaría una investigación por parte de la Secretaría de Evaluación y Control de la Alcaldía, e incluso una indagación en la Procuraduría General de la Nación. Las penas en este tipo de casos podrían escalar hasta la destitución del funcionario hallado culpable.
