“La seguridad ha sido muy difícil, han habido amenazas, homicidios, desplazamientos de espacios territoriales, desapariciones, por esta situaciones, se requiere plantear una ruta de seguridad integral”, indicó Laura Vega, delegada ante el Consejo Nacional de Reincorporación, componente comunes.
El Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación Mariana Páez, en Mesetas, Meta y otro en el Cauca, tuvo que ser movidos a otros predios, debido que los firmantes, recibieron amenazas contra sus vidas.
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Reincorporados asesinados en el Huila
Se conoció que José Antonio Rivera, Ronald Rojas, Hover Hernán Esquivel, Esder Pineda Peña, Humberto Guzmán, Jhon Fredy Vargas Rojas, José Antonio Rivera, Manuel Olaya, Jorge Enrique Corredor González, son 9 de los 11, reincorporados que fueron ultimados en el departamento, luego de haber firmado la paz en el año 2016, entre las antiguas Farc y gobierno del presidente Juan Manuel Santos.
En relación a este problemática de sangre y muerte, Laura Vega, delegada ante el Consejo Nacional de Reincorporación, componente comunes, expresó: “es el derecho a la vida y las garantías para misma, las que vemos vulneradas con la falta de seguridad”.
Se han presentado amenazas, homicidios, desplazamientos de espacios territoriales y hasta desapariciones.
Por ejemplo, el 30 de agosto de 2023 ocurrió grave atentado en contra de la vida e integridad física de Marino Molina Cruz integrante de la Mesta Técnica de Seguridad y Protección de la Unidad Nacional de Protección. Marino Molina, es beneficiario de la UNP, integrante de la Dirección Nacional del Partido Comunes y quien además integró la Mesa de Negociaciones de la Habana Cuba en el 2016. En el atentado resultaron heridos dos de sus agentes escoltas Flor Lozano y Uberley Mendoza quienes reciben atención médica en el momento.
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¿Quejas contra la UNP?
Varios reincorporados a la vida civil, han expresados a sus voceros, temor por su integridad y la de sus familias, tras ser objeto de amenazas. “Hay muchas quejas frente a la Unidad Nacional de Protección (UNP), porque no dan respuesta rápida, a la solicitud de seguridad, también hay muchas dificultades para el acceso a vehículos. Necesitamos una ruta de seguridad integral para los firmantes de paz”, agregó Laura Vega.
Asimismo, la Corte Constitucional manifestó. “Para la Sala que hace seguimiento a la Sentencia SU-020, es preocupante la ausencia de respuesta de la UNP frente a los requerimientos de información efectuados por la Corte, así como los hallazgos al interior de la entidad sobre situaciones que obstaculizan el debido funcionamiento de los programas de protección para la población firmante”.
Además de la situación de la Unidad Nacional de Protección, los atentados, homicidios y desplazamientos de la población firmante, revelan la persistencia de bloqueos institucionales y fallas estructurales que impiden el funcionamiento óptimo e integral de las medidas de protección individuales y colectivas, diseñadas como uno de los subcomponentes esenciales de la política de seguridad para los excombatientes firmantes del Acuerdo Final de Paz, agregó el documento de la Corte.
“Por tal motivo, para la Sala, con ponencia de la magistrada Cristina Pardo Schlesinger, es muy importante hacer un seguimiento estricto al cumplimiento de las órdenes dirigidas a la UNP para proteger la vida de los firmantes del Acuerdo Final de Paz. Estas órdenes se traducen en la materialización efectiva de las medidas idóneas de protección colectivas e individuales, desde una perspectiva de seguridad humana. Igualmente, la Sala exhortó a la UNP a cumplir las órdenes dictadas en dicha sentencia, así como aquellas proferidas por la JEP para proteger la vida de los firmantes”, indicó el Auto 481 de 2023.
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Voz del Gobierno Nacional
Frente a este problemática, Diana Sánchez, directora de la oficina de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Defensa, agregó que están comprometidos con la seguridad, la protección y con la vida digna de los firmantes de paz y por eso han ido a los territorios a escuchar las preocupaciones, recogerlas y procesarlas.
En este sentido la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, después de siete años creo la política pública de desmantelamiento del crimen organizado y de grupos sucesores del paramilitarismo.
En estos lineamientos, participó la sociedad civil, Ministerio de Defensa y voceros de los reincorporados. Ya Gustavo Petro, presidente de Colombia, dio el aval y el borrador del decreto, que va a hacer funcional este plan. El documento tiene consignado las peticiones hechas por todos los entes participes, con el fin de desmantelar los ‘paras’.
Asimismo, la funcionaria indicó que Iván Velásquez, ministro de Defensa, tiene planeado visitar los territorios, donde se van a realizar Consejos de Seguridad Integrales, que permitirá escuchar a líderes sociales, defensores de Derechos Humanos y firmantes de paz, sobre el aumento de la violencia en el país.
“También, se le está haciendo seguimiento minucioso del comportamiento de la Fuerza Pública en los territorios y el compromiso, es que se ciñan a los pactos de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, para eso construimos un sistema de información que no existe, donde se pueden hacer las denuncias, sobre situaciones que no son propias del Ejército y Policía”, añadió la directora de la oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa.
Otra situación que viven los firmantes de paz, es la estigmatización, por ende las instituciones ya trabajan en estrategias con el fin de parar este hecho que revictimiza a los reincorporados y que puede poner en riesgo su integridad, dadas las dinámicas del conflicto armado actuales. El ser constantemente juzgado por su pasado o por su condición actual, genera que las expectativas de reincorporarse a la vida civil se vean lejanas.
Ya para finalizar, la Misión de Verificación de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y el Equipo de País de las Naciones Unidas, manifestaron su preocupación por los constantes hostigamientos que se han dado en diferentes zonas del país, en contra de los excombatientes de las Farc.
