domingo, 24 de febrero de 2019
Opinión/ Creado el: 2019-02-10 10:38

Sentencias inocuas

Escrito por: Aníbal Charry González
 | febrero 10 de 2019

Regla de oro en una democracia regida por un Estado de derecho,  lo constituye el respeto y acatamiento a las decisiones judiciales, indispensable para la vigencia y consolidación de la armonía y la convivencia civilizada. Sabemos que estamos regidos por un Estado social y democrático de derecho, y sin embargo esa regla de oro de cumplir con las sentencias, en este macondiano, violento y empobrecido país donde se roban los ríos como el Aracataca, matan por la codicia otros como El Cauca, se determina por el DANE que pertenecen a la clase media los que ganan irrisorios 450 mil pesos, y suceden a diario crímenes y hechos atroces que se quedan en la impunidad  por tener una justicia que solo muerde a los de ruana y  además necesita 15 años para producir una sentencia;  para culmen de males, cuando finalmente se producen nadie las cumple, ni hay Estado que las haga cumplir. Mejor dicho, como se dice por aquí, sentencias para enmarcar.

Y eso precisamente es lo que ha ocurrido para vergüenza de nuestro Estado de derecho, con la sentencia proferida por la jurisdicción de lo contencioso administrativo como consecuencia de una acción popular instaurada para la construcción de la PTAR de Neiva en el año 2005, convertida en perfectamente inocua y rey de burlas para los encargados de cumplirla, como que después de 14 años de haberse proferido,  no existen  siquiera  estudios y diseños vulnerándose gravemente el interés colectivo como lo ha dicho recientemente el Consejo de Estado, recabando que el incumplimiento ha ocurrido basilarmente por la negligencia y falta de gestión de los gerentes de la Empresas Públicas, y por supuesto del alcalde de Neiva, particularmente, porque lo ha dicho con nombre propio, por la actuación negligente de la anterior gerente Cielo Ortiz Serrato -compulsando copias para que se le investigue disciplinariamente-, que con ese blasón aspira oronda a ser la próxima alcaldesa de esta descaecida ciudad.

Y es que ha sido un verdadero viacrucis el que ha tenido la construcción de la tristemente célebre PTAR, donde se han despilfarrado impunemente ingentes recursos en estudios y diseños que no han servido para nada, porque como lo ha dicho el mismo Consejo de Estado en la práctica  no existen para dar cabal cumplimiento a la orden judicial, ordenando que se tramite de manera inmediata un nuevo incidente de desacato, para ver si al fin, aunque sea el día del juicio final por la tarde, se le da cumplimiento a la orden judicial.

No hay duda que los que han incumplido de manera flagrante y grave con lo ordenado en la sentencia para la protección de los intereses colectivos deben ser sancionados disciplinariamente por su contumacia, pues además han cometido  un hecho punible que tiene nombre propio y se llama fraude a resolución judicial que no puede quedar impune, si queremos que en este país se tenga credibilidad en el Estado de derecho que no puede seguir profiriendo sentencias inocuas que necesitan 15 años para que se produzcan  y otros 15 para que se cumplan como ha ocurrido con la PTAR de Neiva.