En Colombia  los líderes sociales, defensores de la paz, de los derechos humanos, defensores de la biodiversidad,  de las reservas naturales, que rechazan proyectos de extracción mineral que van en detrimento del medio ambiente, comunidad  LGTBI, defensores  de las víctimas,  aquellos que piden una distribución más justa de la tierra o  que han dejado las armas, entre otros,   se  ven cada vez más vulnerables,  son expuestos a muertes violentas y despiadadas, son amenazados hasta en sus sitios de trabajo, son masacrados junto a sus familias, incluso son torturados. Los hechos se   concentran justo en las regiones marginadas y más golpeadas por el conflicto armado.

No hay día en el que la prensa no publique sobre el asesinato o las amenazas a los líderes sociales de los pueblos, de las comunidades más marginadas del país, por sencillamente querer defender los derechos de las personas que honradamente viven de sus tierras, los que  velan por la justicia, el respeto y el bienestar de los más vulnerables. En resumen, los ciudadanos que practican la democracia en las regiones son estigmatizados, perseguidos y asesinados.

Frente a esta realidad, Michel Fost, un relator francés de los derechos humanos, expresó para BBC New: “Colombia sigue siendo el país con el mayor número de personas defensoras de los derechos humanos asesinadas en América Latina, y las amenazas en su contra se han disparado, en un contexto de altos índices de impunidad, pese a avances en esta materia”.

Según la ONG Indepaz,  en Colombia  en 2020  fueron asesinados  310 líderes sociales,  entre  indígenas, afrocolombianos, campesinos, y mujeres y hombres defensores de la identidad sexual, además de 12 de sus familiares y 64 firmantes del  Acuerdo de Paz, agregando que los crímenes y amenazas  se han incrementado tras la firma del proceso de paz en 2016. En el Huila, entre finales de 2019 e inicios de 2020, se registraron  al menos seis asesinatos de  integrantes de organizaciones sociales y excombatientes.

Queremos recoger el dolor y la impotencia de  la comunidad huilense, especialmente las organizaciones de la sociedad civil como: Consejo Departamental y Municipales de Mujeres,  Consejo Comunitario de Mujeres, Defensoras de derechos humanos, REDEPAZ , Mesa  de víctimas,   Consejos de Voluntariado, Lideres de Acción Política y demás colectivos de mujeres,   que  registran consternadas y rechazan  el execrable crimen cometido en la persona de la lideresa Derly Pastrana Yara, quien venía ejerciendo como  Presidenta  de la Mesa  Departamental de Victimas  y nominada para la Instancia Especial de Mujeres para el Enfoque de Género en la Paz,  en la primavera de sus 46 años, quien dejó de existir por la alevosía de fuerzas oscuras al margen de la ley que hace 22 días habían atentado contra su vida.

Hablar de la existencia de Derly, es referirse inevitablemente a una vida de lucha sin cuartel, atentados y vejaciones en su persona y en su familia que dada su fortaleza inquebrantable, compromiso social, decisión de salir adelante y de defender valerosa y solidariamente a sus congéneres y comunidad, que   nunca nadie pudo doblegar, salvo las balas asesinas que en forma despiadada terminaron cegando su meritoria vida. De ella solo queda su ejemplo y su legado de dignidad y sacrificio.

Esperamos confiados que las autoridades competentes develen a los autores de este abominable delito y sean judicializados, que las instancias de poder incluyan a los líderes sociales en la solución de los problemas y se les conceda participación, además, la protección oportuna de los que son amenazados y la solicitan, ya que cada hora de demora puede costar vidas, °Se debe garantizar la seguridad para todos, no solo en el Huila, sino en todo el país”.