Pese a las constantes y reiteradas denuncias sobre el hacinamiento en el Comando de Atención Inmediata (CAI) Aguaclara de la Policía, en Tuluá, Valle del Cauca, poco y nada ha pasado. Ni siquiera sirvió una acción de tutela presentada por la Personería del municipio contra el director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), Tito Yesid Castellanos, y el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, para que se hiciera efectivo el traslado de los detenidos a centros carcelarios.
José Martín Hincapié, personero delegado de derechos humanos de ese municipio, señaló que, solo algunos capturados han sido trasladados a centros carcelarios. Dentro del CAI, afirma, permanecen más de 90 de los 109 detenidos que había hasta hace una semana. Por tanto, la Personería de Tuluá ha alertado sobre posibles violaciones a los derechos humanos dentro de ese CAI y ha evidenciado las deplorables condiciones en las que están los privados de la libertad.
No obstante, el Inpec se ha resistido a efectuar los traslados a sabiendas de esta situación y a riesgo de que ocurra una tragedia similar a la de la cárcel de Tuluá, donde más de 50 presos que estaban hacinados murieron en un incendio derivado de una riña al interior del pabellón 8.
Y es que apenas hace dos semanas -el 4 de julio- hubo un intento de motín y un conato de incendio por parte de unas reclusas en el CAI Aguaclara, que por suerte pudo ser controlado por los guardias. Con esto en cuenta, prolongar el hacinamiento en ese establecimiento es, sin duda, tentar demasiado a la suerte.
Finalmente, sigue la alerta por el hacinamiento, la Personería de Tuluá visitó días atrás el CAI Aguaclara para revisar las condiciones en las que están los privados de la libertad. Los hallazgos son estremecedores. Los reclusos, que no deberían estar en ese lugar, sino en centros penitenciarios, se encuentran en un hacinamiento total. En promedio, en cada celda hay entre 10 y 15 capturados.
