La propuesta del gobierno nacional para buscar la anhelada Paz Total empieza a tener tropiezos en el seno del Congreso de la República. Esta iniciativa del primer mandatario de los colombianos arranca una semana decisiva, porque se van a discutir en el Senado y en la Cámara de Representantes, respectivamente, la Ley 418 o ley de orden público, que da facultades al Gobierno Nacional para adelantar negociaciones de paz. Para la opinión pública nacional, es claro que su aprobación es fundamental para iniciar los diálogos con la guerrilla del ELN, los cuales, según ha manifestado el Ejecutivo, deberían arrancar en las primeras semanas de noviembre, por lo cual es fundamental que ésta se convierta pronto en Ley de la República. Pero no todo es favorable, a pesar de las mayorías gubernamentales con que cuenta el ejecutivo.
Pero apareció el disenso entre los sectores políticos enmermelados que apoyan la gestión gubernamental. Aparecieron varios artículos que fueron calificados como micos teniendo en cuenta que no estaban en lo aprobado en las comisiones primeras que debatieron la iniciativa en conjunto, pues el proyecto tiene mensaje de urgencia. Uno de los esperpentos jurídicos, está relacionado con darle facultad al presidente de la República para indultar a personas capturadas por cometer delitos en medio de la protesta social. Absurdo. Es conciliar con el crimen y la delincuencia que mucho daño le ha hecho al país en las protestas sociales durante los últimos años. El otro, le da al jefe de Estado facultades para realizar sometimiento y acuerdos parciales con estructuras criminales que no son de origen político a través de decretos reglamentarios sin pasar por el Congreso.
Las anteriores iniciativas, fueron rechazadas de plano por la coalición del gobierno y por la presión de la sociedad colombiana, que se encuentra hastiada de estas personas criminales, que se jactan de ser amigos del gobierno de turno, pero que su actuar ha generado mucho daño a la infraestructura productiva del país, muerte, desolación, lesionados y una afectación al comportamiento de la economía nacional. Lo anterior obligó al gobierno nacional, ordenar el retiro de estos artículos.
Consideramos oportuno, destacar que se debe seguir insistiendo en la búsqueda de la paz total. Hay necesidad de brindarle al ejecutivo las herramientas jurídicas para lograr estos acuerdos, como los obtenidos con el Acuerdo Renegociado de Paz. Es importante, que no exista impunidad. La Ley 418 existe desde 1997 y cada cuatro años los gobiernos la prorrogan y le agregan elementos según las necesidades y objetivos que se tengan desde la Casa de Nariño. Permite adelantar diálogos, negociaciones y la firma de acuerdos con voceros y miembros de grupos organizados al margen de la Ley. Pero los temas relacionados con los integrantes de la primera línea deben ajustarse a la normatividad penal vigente.
