Ernesto Cardoso Camacho
Siguiendo la atenta observación sobre la dinámica de la vida nacional en estos tiempos del cambio que ha prometido el presidente Petro y su coalición política del Pacto Histórico, es necesario preguntarse si solamente con las reformas económicas y sociales, incluida la promesa de la paz total, lograrán consolidarse para disminuir los altos índices de violencia, corrupción e inequidad que caracterizan a nuestra sociedad.
A punto de terminar la primera fase de la legislatura se destacan tres decisiones de alto impacto. La reforma tributaria que ha generado expectativas e incertidumbres; la prorroga de la ley que incorporó la promesa de paz total; y la ratificación del tratado de Escazu relacionado con la política ambiental.
En relación con la primera, es inevitable reconocer que su propósito fundamental es absolutamente fiscalista con el objetivo de incrementar el recaudo de los impuestos y bajo el criterio de que paguen más quienes tienen más. No obstante, se ha generado gran incertidumbre sobre las inversiones en el sector y las regalías que generan la industria del petróleo y la minería; pues contribuyen con cerca del 18 % de los ingresos fiscales de la Nación y aportan abundantes recursos de regalías para estimular el desarrollo regional; además de generar empleos formales, bien remunerados y estables. En similares circunstancias se encuentra el sector productivo industrial y empresarial.
La promesa de la paz total ha generado tanta incredulidad como desconfianza. Las principales censuras se localizan en la negociación política con el ELN y las disidencias de las Farc; dado que todavía existe la sensación de que; con el Acuerdo de Santos de hace 6 años; el Estado y la Sociedad entregaron demasiado a cambio del desarme; mientras que, por una parte; la reparación a las víctimas ha sido lenta y parcializada; y por la otra; los miembros de la cúpula de las Farc no han sido juzgados y condenadas por la JEP, pero siguen disfrutando de grandes beneficios políticos y personales.
Por tanto, el temor y la desconfianza de que haya que otorgarle al ELN por lo menos similares beneficios, es plenamente comprensible. Y a los reincidentes de las Farc, sería como premiarles su falta de seriedad en el cumplimiento del Acuerdo y perdonarles, una vez más, sus nuevos actos criminales. Ni que decir del presunto sometimiento de las bandas criminales a la justicia. Sería como premiar al delincuente para que reincida en su conducta criminal.
Sobre la ratificación del Acuerdo de Escazu, basta con decir que si bien es cierto es un acto de responsabilidad del Estado; también lo es que, al ser declarada su asequibilidad por la Corte; ingresaría al bloque de constitucionalidad abriendo así la puerta a decisiones legislativas sobre la política pública ambiental que, aún por necesarias, generarían incertidumbres para los ingresos fiscales destinados a la inversión social. La aprobación en tercero de ocho debates del proyecto que prohíbe la técnica del Fracking para la explotación petrolera va claramente en ese sentido.
En este delicado aspecto lo que se percibe es que el gobierno pretende convertir la defensa y protección de los recursos naturales en una nueva ideología política, presunción que se confirma con las recientes intervenciones del presidente en los foros internacionales donde ha expuesto su criterio al respecto.
La observación anunciada conduce a señalar que existen urgentes reformas estructurales que son indispensables para mejorar nuestro sistema democrático y para corregir las evidentes falencias que destruyen el tejido social. Me refiero concretamente a los sistemas políticos electorales y de la justicia. La rampante corrupción tiene su origen en cada uno de ellos. En la política electoral porque ya no existen partidos sino clientelas atornilladas al poder. Y en la justicia, donde la impunidad es alarmante, entre otras cosas, porque allí han influido los políticos. Las investigaciones duran una eternidad favoreciendo al delincuente con el vencimiento de los términos y cuando se logran las condenas, 8 y 10 años después, los corruptos se fugan o pagan la tercera parte, saliendo felices a disfrutar de sus inmensas fortunas.
El panorama en estas circunstancias no permite ser muy optimistas. El año próximo habrá elecciones regionales y locales en octubre, donde los actuales congresistas buscarán colocar sus fichas para asegurar su reelección. En consecuencia, es casi imposible pensar que colocarán los grandes intereses nacionales sobre los suyos personales. Los antecedentes así lo demuestran. Allí tiene el residente Petro su verdadero reto.
