Ernesto Cardoso Camacho
Ya sabemos los colombianos en qué consiste la propuesta del gobierno del cambio sobre La Paz Total. Pero también estamos descubriendo que se trabajó desde la campaña cuando se conoció el escándalo de la visita del hermano del candidato y de Piedad Córdoba a la cárcel La Picota.
Con las decisiones anunciadas por el presidente y algunos de sus ministros al respecto, no queda duda alguna acerca de sus verdaderos alcances. Al parecer, será una ley de punto final mediante la cual habrá amnistía general para todos los actores armados que aún tienen presencia en diversos territorios, en donde su cruenta lucha por la producción y comercialización de la coca y de la minería ilegal, son los responsables de asesinatos y masacres de quienes defienden esos territorios como líderes sociales y ambientales.
Por otra parte, se ha conocido también la intención de negociar con el gobierno americano la modificación sustancial de la extradición; en el claro propósito de “evitar” que se siga afectando la soberanía nacional, al entregar la justicia a los gringos; cuando el verdadero objetivo es que se utilice tal instrumento jurídico como mecanismo de presión para obligar a los narcos a que acepten el acuerdo de ser incluidos en la paz total. La manifestación reciente del presidente, según la cual quien no acepte ingresar al acuerdo, será extraditado sin contemplaciones, es una contundente evidencia al respecto.
Los otros beneficiarios serían los paramilitares y disidentes de las Farc, abriendo el camino para la negociación con el ELN, lo que explica el llamado de Timochenko y de Mancuso a la dejación de las armas para contribuir a esa propuesta de paz total. Esto explica que la cúpula del ELN haya expresado que no le interesa la propuesta de la paz total pues desean una negociación similar a la de Santos con las Farc, donde obtendrían, como mínimo, los mismos beneficios institucionales y políticos otorgados en el Acuerdo de la Habana.
Ahora bien. Y, ¿qué ocurriría con las llamadas “bandas criminales” tipo clan del golfo y demás especímenes dedicados principalmente al narcotráfico como enlaces de los carteles mundiales de la droga? ¿Recibirían inauditos beneficios legales cuando su actividad criminal es de carácter penal y sin contenido político?
De todo lo anterior surge una pregunta inevitable que, hasta ahora al parecer, nadie se ha hecho. De concretarse esa propuesta del gobierno ¿qué pasaría con la JEP y con las decisiones que ésta ha venido generando especialmente en relación con los militares involucrados en los llamados “falsos positivos”? Y ¿qué pasaría con Timochenko y demás miembros de las extintas Farc? ¿Sería esta paz total la completa impunidad para los delitos de lesa humanidad cometidos por unos y otros? Ojalá hubiese claridad al respecto porque en principio lo que se podría pensar es que la JEP fue una estrategia para debilitar aún más el sistema judicial colombiano y su utilización en el discurso político para avanzar hacia la conquista del poder.
En todo este escenario conceptual ha llegado la gran propuesta del ministro de justicia para que los raponeros de celulares, billeteras, bicicletas y demás bienes menores; sean beneficiarios de una justicia restaurativa; donde la víctima concilia con su victimario a cambio de una “indemnización”; propuesta a todas luces absurda que con el objetivo de descongestionar las cárceles, lo que se logrará es más impunidad dado que según los registros estadísticos del Inpec, estos delincuentes representan menos del 3% de los reclusos.
En conclusión. La llamada “paz total” parece dirigida a consolidar la impunidad porque entre otras razones, las actividades criminales tienen cada una sus propias características y consecuencias en la sociedad. Además, las motivaciones del delincuente son diversas, pero lo que bien sabemos es que narcos, extraditables, paramilitares, ELN, y algunos militares y policías, no son delincuentes políticos pues su motivación es el delito trasnacional del narcotráfico.
Para raponeros y demás delincuencia común lo que se requiere es una política criminal disuasiva y regeneradora y donde el sistema judicial y carcelario funcione eficazmente.
La prohibición de utilizar glifosato; la suspensión de la erradicación manual; y la eventual negociación de la extradición; son todos mecanismos que expandirán el negocio criminal; los cuales pueden considerarse como la cuota inicial que pagarían el Estado y la sociedad para acordar la “paz total”.
