Luego de haber sido aprobada en el Congreso de la República, el presidente Iván Duque, sancionó ayer la Ley, con lo que queda en firme la aplicación de la sentencia de cadena perpetua para los violadores de niños y adolescentes. Así, la ley, de la que se empezó a hablar hace más de una década con el liderazgo de la ya fallecida Gilma Jiménez, es un hecho.
El proyecto de ley tuvo varias discusiones en el Congreso, pues para algunos no protegía a los menores; sin embargo, terminó siendo aprobado con la condición de que el sentenciado con la pena podrá solicitar la revisión de su pena cuando cumpla 25 años de prisión.
Cuando se dé esa revisión se podría levantar la cadena perpetua, pero eso no significa que el condenado quedará en libertad, en esa instancia el juez deberá definir una nueva condena que, incluso, puede ser la pena máxima actualmente contemplada para esos delitos: hasta 50 años de cárcel.
La iniciativa, que había sido radicada en marzo con un mensaje de urgencia por el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, fue aprobada por el Senado el pasado 15 de junio tras recibir 67 votos a favor y 14 en contra.
Esta disposición se suma a otras adoptadas con ese objetivo, como la que declara imprescriptibles los delitos contra los niños, niñas y adolescentes, la de abolición del castigo físico y la que ordena hacer público el registro de quienes han violado las cuotas de alimentos.
Aunque el hecho ha sido celebrado desde muchos frentes, otros sectores sin embargo no hicieron lo mismo y por el contrario consideran que brindar la máxima protección a niñas y niños no se logra con cadena perpetua para violadores, pues lo que se va a obtener es lo contrario: menos denuncias, menos condenas, menos celeridad.
Qué se condene a los autores de estas atrocidades puede ser un gran logro, pero no solo dirigida a los menores de edad, sino contra cualquier persona, nadie merece vivir una situación así. Pero, una cosa es la ley y otra la realidad, pues qué sacamos con que se ‘amenace’ a estos delincuentes con una pena semejante si al final todo queda dentro de cuatro paredes, al no denunciar, ya sea por temor o por vergüenza, porque los casos que se presentan en la realidad, son mucho más de los que finalmente se denuncian y que terminan judicializados.
La iniciativa es buena, pero ojalá no pase a engrosar las innumerables leyes que se aprueban y terminan en el olvido, porque simplemente no se aplican.
