Diario del Huila

Tenga en cuenta los delitos electorales

May 28, 2022

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DIARIO DEL HUILA, ELECCIONES 2022

La Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral, URIEl del Ministerio del Interior, recordó a los ciudadanos abstenerse de caer por desconocimiento u omisión en los llamados delitos electorales, que les pueden acarrear desde multas hasta la privación de la libertad.

Son 11 delitos, fraudes o irregularidades de tipo electoral, que los ciudadanos deben conocer para denunciar ante la Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral.

1. Perturbación de las elecciones

No puedes permitir que personas impidan, perturben o interrumpan las elecciones, así como el escrutinio de la misma, quienes lo hagan tendrán una condena de 4 a 9 años de cárcel.

2. Presión al votante

Debes denunciar en caso de recibir o ser testigo de amenazas que busquen alterar intención de tu voto o la de cualquier ciudadano. Solo tú decides a quien elegir. Esta práctica tendrá una condena entre 4 a 9 años.

3. Engaño al votante

Nadie puede engañar a un ciudadano para que vote por determinado candidato, partido o corriente política, ya que tendrá una condena entre 4 y 8 años. 

4. Trasteo de votos o electores

Denuncia si sabes que un ciudadano o un grupo de ciudadanos inscribieron la cédula en un lugar diferente al de su residencia, trabajo o negocio. Este tipo de fraude tendrá cárcel de 4 a 9 años.

5. Compra y venta de votos 

Si observas que una persona promete o recibe dinero o bienes a cambio del voto debes denunciarlo. Este tendrá una condena de 4 a 7,5 años 

6. Suplantación de votantes 

Debes denunciar en caso de que un ciudadano suplante a otro en el momento de votar o vote más de una vez. Quien cometa esta suplantación tendrá cárcel de 4 a 8 años. 

7. Complicidad de voto fraudulento

Los funcionarios públicos que intervienen en el proceso electoral que propicien la práctica del voto fraudulento tendrán una condena de 4 a 8 años.

8. Mora en la entrega de documentos relacionados con la votación 

Denuncia cuando un funcionario público no haga entrega oportuna de los documentos de votación, sellos de urna y/o arca triclave, tendrá una condena de 1,3 a 4,5 años de prisión.

9. Alteración de resultados electorales 

Nadie podrá alterar el resultado de una votación, introducir documentos o tarjetones indebidamente. Si lo hace tendrá una condena de 4 a 8 años, salvo que la conducta constituya delito sancionado con pena mayor. 

10. Retención ilícita de cédula

Debes denunciar cuando una persona haga desaparecer, posea o retenga cédula(s) de ciudadanía ajena(s) o cualquier otro documento necesario para votar. El que cometa esta conducta incurrirá en prisión de 4 a 8 años, salvo que la conducta constituya delito sancionado con pena mayor.

11. Denegación de inscripción 

Denuncia al servidor público que deba inscribir a candidato o lista de candidatos para elecciones y no cumpla con esta función, la dilate o la entorpezca, tendrá una condena en prisión de 1,3 a 4,5 años. 

Designados los nuevos Jurados

Dentro del plan de garantías electorales para fortalecer los comicios presidenciales del 29 de mayo, la Registraduría Nacional del Estado Civil seleccionó a los nuevos jurados de votación que prestarán su servicio en esta jornada democrática.

Mediante sorteo, en el Huila fueron seleccionados 15 226 jurados de votación (1 384 remanentes) que fueron postulados por las agrupaciones políticas, empresas del sector privado, entidades públicas, estudiantes de universidades y docentes, quienes prestarán su servicio en las elecciones presidenciales 2022 y garantizarán el normal desarrollo de los comicios en las mesas de votación del próximo 29 de mayo.

En el país, 690 367 ciudadanos servirán de jurados de votación (86 932 remanentes), después de surtir igual proceso de selección. 

Cabe señalar que prestar el servicio de jurado de votación es de carácter obligatorio y que quienes sin justa causa no asistan a desempeñar las funciones de jurado o las abandonen, podrían ser destituidos del cargo que desempeñan, en caso de ser servidores públicos, y quienes no lo sean deberán pagar una multa de hasta 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

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