Parapeto. –
POR: Julio Bahamon
Hace 37 años el entonces primer vicepresidente del Senado de la República, el exgobernador Héctor Polanía Sánchez pronunció en Neiva durante el merecido homenaje que le brindamos sus paisanos, un vehemente discurso con frases que hoy cobran notoria vigencia, y que es bueno recordarlas:
“tenemos una subversión que no cesa en su sangrienta acometida a pesar de treguas, pactos indultos y amnistías, a pesar del perdón y a pesar del olvido. Porque la verdad es esa; la paz no ha regresado a los campos de Colombia, ni a los campos del Huila. Por el contrario, cada día se extienden por nuevos parajes del territorio la inseguridad, el pillaje y la muerte. Cada día son agredidos en sus bienes y en sus vidas colombianos de todos los confines”.
“Hemos denunciado y clamado, pero todo sigue igual porque ahora se agrega el ingrediente del proselitismo político armado. Ahora quieren votos y apoyo político. Antojados que son. Y no es que nos parezca malo que las fuerzas que hasta ahora han adelantado una guerra subversiva y criminal contra las instituciones y el pueblo colombiano, adopten formas legales de lucha política en su búsqueda del poder. Por el contrario, hemos celebrado esa posibilidad y estamos dispuestos a facilitarla, aun a costa de sacrificios y renunciamientos y venciendo profundas repugnancias morales hasta el punto de ir a los cuarteles generales de las organizaciones guerrilleras a servir de testigos de su conversión en movimientos políticos desarmados”.
“Pero lo que resulta inaceptable es que no se cumpla esta última condición y que se pretenda ejercer la actividad política, pero con las armas en la mano, y que paralelamente continúen su actividad delictiva con secuestros, extorsiones, amenazas, invasiones, asesinatos y toda suerte de agresiones contra las personas, sus bienes y los más elementales derechos humanos”.
“Vamos a tener el indeseable privilegio de ser uno de los principales escenarios de confrontación entre el sistema democrático de gobierno y de vida, y las fuerzas que viene tratando de destruirlo y de sustituirlo, primero con las armas y ahora además con los métodos electorales, el mismo objetivo, pero últimamente con una diversificación de medios”. “Nuestro deber y compromiso consiste en hacer frente a esa amenaza de los enemigos del sistema”.
16 años después, en el año 2001, el exsenador y exgobernador Don Héctor Polania Sánchez fue vilmente asesinado por las Farc en su finca Pompeya en Pitalito.
Ahora, a raíz del globo que elevó el gobierno de adelantar un proceso de PAZ TOTAL nos preocupa saber cómo, y de qué manera ha pensado el gobierno adelantar el plan. Tenemos que los actores violentos son disimiles y contradictorios. Por un lado, existen las disidencias de las Farc, mal llamadas la nueva Marquetalia, que habiendo suscrito con el gobierno Santos el acuerdo de paz en 2016 lo incumplieron y como reincidentes, según lo previsto, no pueden ser sujetos de nuevos pactos de paz, sin antes someterse a las leyes de la república.
Por el otro, tenemos al ELN, rebeldes que nunca han sido serios en los “acercamientos” ni en las negociaciones de paz. No lo hicieron con los anteriores gobiernos pues lo poco que se había avanzado lo echaron al traste a raíz del criminal atentado contra la escuela de Cadetes de la Policía en Bogotá en donde asesinaron a 22 de sus integrantes. Y los otros actores, lo sabemos, no son organizaciones guerrilleras propiamente dichas, sino grupos de delincuentes comunes y narcos dedicados al sucio y criminal negocio del tráfico de cocaína. Los otros figurantes son personas condenadas por corrupción. Las actividades delincuenciales y crímenes de estos últimos sujetos no pueden ser catalogados como delitos políticos y, por lo tanto, no podrían ser considerados en una posible negociación, ni merecedores de amnistías, ni de indultos.
Es importante saber si la propuesta oficial considera que la misma vaya acompañada de una política de sometimiento a la justicia, o no. ¿Pregunto, como encajaría, entonces, en un proceso de paz total, la idea del ministro Leyva de propender por una política de “acogimiento”, en vez de sometimiento? ¿A cambio de qué? ¿Cuántas curules nuevas en el congreso estarán negociando? ¿Cuál es la intención? Hagamos una sumatoria simple: Si a los más de 20 asientos que hoy tiene el Pacto Histórico le sumamos las 10 de las Farc, primer capítulo Santos con el partido de los Comunes, más las que pedirán las disidencias, otras 10, más las otras 10 que exigirán los del ELN, adicionalmente las que comprarían los narcos, y los voceros del pacto de la picota, que no serán inferiores a 20, además de las 16 curules de las “victimas”, entonces la izquierda se alzaría con las mayorías absolutas en el congreso con un total de 86 escaños, y ahí sí, sumada a la reforma electoral que pretende el gobierno, que entre el diablo y escoja. ¿Ha pensado el gobierno como garantía a favor de los colombianos intervenir y erradicar en su totalidad las 250.000 hectáreas sembradas de coca? Ese es el gran meollo del problema. ¿Y por el otro lado, están decididos los primeros a entregar todas las armas, a decir la verdad y a no repetir sus andanzas, y los narcos a develar sus rutas y los contactos del criminal negocio y los corruptos a devolver el dinero robado?
