viernes, 21 de septiembre de 2018
Primer Plano/ Creado el: 2018-03-17 09:44 - Última actualización: 2018-03-17 09:46

USPEC pagó $2.100 millones en brazaletes electrónicos sin instalar

Un informe de auditoría de la Contraloría General de la República revela la irregularidad. Los pagos se hicieron de junio a septiembre de 2017.

Escrito por: Redacción Diario del Huila | marzo 17 de 2018

En solo 4 meses, de junio a septiembre de 2017, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) pagó $2.152 millones de pesos por brazaletes electrónicos que no habían sido instalados en personas privadas de la libertad; así lo reveló un informe de auditoría de la Contraloría General de la República.

La situación quedó en evidencia luego de darse la selección del prestador del servicio de vigilancia electrónica, escogido en desarrollo de un proceso de subasta en la Bolsa Mercantil de Colombia, dado que en este proceso se modificaron las condiciones de prestación de servicio y la forma de pago, estableciéndose una nueva que, de acuerdo con el concepto de la Contraloría en su último informe de auditoría de cumplimiento, atenta contra los intereses patrimoniales del Estado.

Para el ente de control, lo hecho puede llegar a configurarse en un daño al patrimonio público, derivado del pago por un servicio que no se está recibiendo.

Antes la USPEC sólo tenía la obligación de pagar una vez el dispositivo de vigilancia se encontrará instalado en la humanidad del beneficiario, mientras ahora el pago se genera a partir del sexto día de entregados los dispositivos a la entidad, sin importar si los mismos se encuentran o no instalados en los beneficiarios, tarea a cargo del INPEC y la empresa contratista.

No se programaron recursos

Según la Contraloría, la USPEC en la última selección de contratista, adelantada por operación de mercado abierto, no programó recursos para garantizar continuidad en la prestación del servicio de vigilancia electrónica durante el cambio de operador.

Por tal razón, se autorizó la adición de $3.349,7 millones a la operación ya adjudicada, cuyo destino final fue el pago de monitoreo al anterior operador, esto a pesar de estar vigente un nuevo contrato de operación del servicio, que solo entró a operar en junio de 2017, habiendo sido adjudicado desde febrero del mismo año.

Cambios en las especificaciones

A pesar de las reuniones entre la USPEC y el INPEC para la definición de los requerimientos para el servicio de vigilancia electrónica, una vez adjudicada la nueva negociación, se efectuaron cambios a las especificaciones del negocio, incrementando el valor final de la tarifa.

La auditoría estableció que se pasó de un valor de prestación del servicio diario de $17.556,10 a $20.093,8, equiparando incluso el valor que se venía pagando bajo el contrato anterior; con lo anterior, la Contraloría desvirtuó el supuesto ahorro que la  USPEC informaba del nuevo sistema de vigilancia electrónica.

Así mismo, estableció que se pago doble de servicios de monitoreo sobre beneficiarios a los que se les retiró el anterior dispositivo y se les instaló el nuevo

Por otra parte, debido a que los pagos al anterior operador fueron hechos por el actual contratista, con recursos dirigidos a la prestación del servicio a su cargo, la Contraloría logró establecer el pago doble de servicios de monitoreo sobre beneficiarios a los que se les retiró el anterior dispositivo y se les instaló el nuevo, por un monto de $21 millones, lo cual será materia de análisis en el curso de un proceso de responsabilidad fiscal.

Prisión domiciliaria con problemas

Así mismo se evidenció que la prisión domiciliaria, como medida alternativa a la retención intramural, viene presentando serios problemas de efectividad relacionados con el insuficiente personal de custodia y vigilancia que se dedica a efectuar el seguimiento a los beneficiarios del mismo lo que se refleja en imposibilidad material de hacer seguimiento oportuno a las alarmas que genera la vigilancia electrónica, frente a la violación de las restricciones por parte de sus beneficiarios.

Considera la Contraloría que deben tomarse acciones tanto desde la órbita judicial para otorgar el beneficio a quienes estén en disposición de cumplir las obligaciones que de allí se derivan, como desde el campo administrativo, trasladando el costo del beneficio de vigilancia electrónica a quien tenga la disposición de sufragarlo.

Proveedor fija la tarifa del servicio

Los sistemas de vigilancia electrónica fueron regulados como una medida sustitutiva a la pena de prisión o detención preventiva en virtud de la Ley 1142 de 2007, asignándole al entonces Ministerio del Interior y de Justicia la responsabilidad de implementar gradualmente la adopción del sistema y asegurar su financiamiento.

Para ello se suscribió el Contrato 337 de 2008, con el cual se pactó la prestación del servicio con Gensa S.A. y a partir de 2011, luego de una selección abreviada y directamente en los años 2014 y 2016, con la empresa Energía Integral Andina S.A., entidad que primero como subcontratista y luego como contratista, prestó el servicio de vigilancia electrónica durante 9 años.

Durante la vigencia de los mencionados acuerdos, las entidades estatales que tuvieron a su cargo la responsabilidad de tener en funcionamiento el Sistema de Vigilancia Electrónica, no implementaron ningún sistema de costeo que permitiera establecer la tarifa del servicio, la cual fue fijada en todo tiempo por el proveedor del mismo.

La Contraloría estableció que algunas de las demoras en la instalación de los brazaletes electrónicos, son atribuibles únicamente a deficiencias del operador.

Hasta la fecha, el servicio de vigilancia electrónica ha implicado la destinación de recursos durante los 9 años de $209.061 millones constantes de 2017.

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