lunes, 10 de diciembre de 2018
Política/ Creado el: 2018-09-04 11:28 - Última actualización: 2018-09-04 11:36

ZOMAC en el Huila a debate en el Congreso

El debate de control político lo hará el representante Julio Cesar Triana y se adelantará en la Comisión I de la corporación.

Escrito por: Redacción Diario del Huila | septiembre 04 de 2018

Tal como lo había anunciado días después de posicionarse, el representante a la Cámara, Julio César Triana Quintero, adelantará hoy sobre las 9:00 a.m. en el salón Boyacá del Capitolio Nacional, el debate de control político sobre la ejecución e implementación de las Zomac en el Huila.

Triana busca que se dé claridad a los huilenses sobre cuál ha sido la inversión realizada  para el postconflicto en el Huila; toda vez que el departamento fue una de las zonas más afectadas por el conflicto armado entre el Estado colombiano y las Farc como grupo ilegal.

Para el debate, están citados el Ministro de Agricultura, Andrés Valencia, el Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, y la directora del Departamento de  Planeación Nacional, Gloria Amparo Alonso.

El representante quiere que los anteriores funcionarios en el marco de sus competencias rindan cuentas en el Congreso  de la República sobre la casi nula inversión en el Huila en la implementación de los recursos del posconflicto (ZOMAC).

Advierte el congresista que: “a la fecha, el departamento del Huila ha sido beneficiario de un (1) solo proyecto de inversión por valor de $612.492.592 en el mecanismo de obras por impuestos. Por otra parte, Algeciras fue el único municipio incluido como beneficiario de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y en el departamento no se ha ejecutado hasta el momento ningún Contrato Plan para la Paz. Este escaso apoyo institucional en las políticas de Paz no es congruente con la histórica afectación que ha sufrido el Huila por el conflicto armado. De acuerdo con lo establecido por el Observatorio de Memoria y Conflicto, entre 1958 y 2018, en el Huila se registraron más de 1.000 acciones bélicas y aproximadamente 1.600 víctimas”.

El Representante a la Cámara dará la oportunidad para que altos dignatarios del departamento sean escuchados en la Comisión Primera, en la cual se tendrá la  presencia del Gobernador del Huila, Carlos Julio González Villa, el Presidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio, Ariel Rincón Machado, y los alcaldes de los municipios de Acevedo, Algeciras, Baraya, Colombia, Hobo, Isnos y Tello, así como el Alto Comisionado para la Paz. 

Radicado proyecto anticorrupción

De igual forma, Cambio Radical, con la vocería del Representante Julio Cesar Triana, radicó el Proyecto de Ley de anticorrupción con el cual se espera se adopten medidas para combatir la corrupción.

Triana, fue escogido por el partido como vocero para presentar esta iniciativa y destacó que este Proyecto de Ley contempla mecanismos que realmente garantizan que las obras se ejecuten y que los corruptos paguen penas severas por sus delitos.

ABC del proyecto

Fortalecimiento y aprovechamiento de las declaraciones de bienes y rentas:

  • Actualmente los funcionarios públicos deben presentar la declaración de bienes y renta del último año, por lo cual se hace necesario ampliarlo a 5 años para tener un marco de observación más amplio.
  • Envío de todas las declaraciones a la Contraloría General de la República. Estas declaraciones serán centralizadas en el Sistema Central de Declaraciones. La Contraloría verificará su veracidad, de acuerdo a los datos recolectados por la DIAN.

Fortalecimiento del proceso de extinción de dominio

  • En los procesos penales iniciados por la comisión de delitos contra la administración pública, la fase inicial deberá ser adelantada desde la presentación del escrito de acusación.
  • Cuando en el proceso de extinción de dominio se inicie por delitos contra la administración pública, la entidad pública deberá intervenir de manera obligatoria.
  • El peor problema que tiene la extinción de dominio en Colombia es que solo hay 11 jueces especializados para conocerla, lo cual es totalmente insuficiente. Por lo que es necesario ampliar la competencia para que también puedan conocerla los Jueces Penales del Circuito Especializados.

Aumento del plazo de la prohibición de vender bienes sujetos a registro

  • Actualmente con la formulación de la imputación en el proceso penal se presenta la imposibilidad de vender bienes sujetos a registro, sin embargo, ello solamente sucede por 6 meses, tiempo en el cual no ha terminado el juicio, por lo cual se propone su aumento a 2 años para evitar que los funcionarios se insolventen.

Medidas para evitar la corrupción en la contratación pública

  • Ninguna entidad pública podrá contratar directamente más del diez por ciento de su presupuesto anual.
  • Todas las entidades públicas deberán aplicar acuerdos marco e instrumentos de agregación de demanda.
  • Las entidades públicas deberán publicar en sus páginas web todos los contratos públicos que celebren de forma oportuna.
  • En los contratos de obra y de concesión el pago deberá hacerse contra la entrega de obras parciales. En aquellos eventos en los que no pueda hacerse, la entidad pública deberá motivar expresamente las razones para no exigirlo.
  • Al final de la ejecución de cada contrato, el interventor y el representante legal de la entidad deberán evaluar su ejecución cualitativa y cuantitativamente. Esta puntuación se enviará a la Contraloría General de la República y deberá ser tenida en cuenta en todos los procesos de contratación futura.
  • Al interior de las entidades públicas deberá existir un tribunal de adjudicaciones que ejerza control sobre estas decisiones para procesos superiores a 2.000 salarios mínimos.

Medidas para luchar contra la corrupción en la política y el sector público

  • Fortalecimiento de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado.
  • Las entidades públicas deberán implementar sistemas electrónicos que permitan que los ciudadanos califiquen la gestión de los funcionarios públicos ante quienes realicen trámites que será tenida en cuenta en su evaluación.
  • El servidor público que haga uso indebido de información incurrirá en prisión de 4 a 8 años.
  • Sistematización de todas las quejas y reclamos a nivel nacional.
  • Aplicación del testaferrato a todos los delitos.

Medidas contra la corrupción en el sector privado

  • Establecimiento de la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

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