La revocatoria de los alcaldes y gobernadores está contemplada en la Ley 134 de 1994, que les permite solamente a los ciudadanos que concurrieron a las urnas en las pasadas elecciones para elegirlos, tener la opción de revocar después su mandato, cuando se verifique que han incumplido el respectivo programa de gobierno. Estas acciones populares solamente han prosperado en dos municipios del país, desde que se aprobó este mecanismo de participación comunitaria. Solo se podrán solicitar, una vez transcurridos por lo menos un año, desde la posesión de éstos. Lo anterior se ha vuelto muy complejo porque se necesita por lo menos el 30% de los votos que obtuvo el funcionario electo el día de las justas electorales. Esta iniciativa está reglamentada por la Ley 1757 de 2015, que establece que se debe conformar un comité integrado por un mínimo de cuatro personas y un máximo de nueve. Para tal efecto, se debe verificar por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil, el cumplimiento de todos los requisitos exigidos en las normas para viabilizar dichas revocatorias.
Estas revocatorias de mandato, se convirtieron en una herramienta de oposición política que poco les aporta a las ciudades. Lo hemos dicho en el pasado. No se trata de respaldar la labor de un alcalde particular, sino de ver cómo las revocatorias de mandato son la respuesta casi que automática al hecho de que sea elegido alguien que incomode a un determinado grupo político. Aunque la Constitución las permite, nos parece importante la pregunta: ¿por qué es lo que ganan los colombianos cuando los períodos de alcaldes y gobernadores se ven dominados por la discusión sobre una revocatoria? Un mecanismo de participación ciudadana que debería ser excepcional, en casos de quiebres institucionales, se ha convertido en una herramienta más para hacer oposición política. No debería ser así.
La democracia no puede ser tener elecciones cada dos años: una para elegir al alcalde y otra para removerlo. Hay mecanismos más efectivos de oposición política que, además, no afectan la institucionalidad. La revocatoria es patear la mesa una y otra vez, buscando popularidad para quienes la promueven, pero condenando a los municipios a vivir en campañas políticas perpetuas, con todos sus vicios.
Consideramos que es muy prematuro que empecemos esta actividad, que no se ajusta a la verdadera realidad social, económica y política de sus municipios, sobre todo por los efectos financieros que ha presentado la pandemia del Covid. Ellos han heredado de las anteriores administraciones, una cantidad de mega problemas que las pasadas administraciones fueron incapaces de solucionar en los últimos 50 años, pero se les quiere responsabilizar a los actuales, de la solución de éstos, a solo meses de trabajo que llevan.
