La justicia tarda, pero llega
Uno de los mayores activos que poseen las organizaciones públicas o privadas, al igual que las personas naturales, es tener una credibilidad en su entorno por el manejo transparente y decente de todas sus actuaciones que enaltezcan sus principios y valores en el desarrollo de sus tareas y responsabilidades que les otorgan la Constitución Política, Leyes, Acuerdos y demás normas concordantes, que deben ser la ruta a seguir. Una vez toman juramento en el momento de posesionarse, deben conocer claramente las disposiciones que los rigen, para lo cual deben ceñirse estrictamente con el cumplimiento de la normatividad vigente. Pero cuando empiezan a tomar decisiones para beneficiar a ciertos sectores que conforman el poder, o en su defecto para sus intereses personales, se empieza a derrumbar la fe del constituyente primario que son el eje fundamental y el soporte para el normal funcionamiento de éstas. Recuerden que todo su accionar está visiblemente controlado y visibilizado por la ciudadanía en general. La justicia cojea, pero tarde o temprano llega. No se confíen.
Recuerden que ustedes son un ave de paso. Y después que terminan sus periodos siguen respondiendo ante los organismos de control. Salen con un pie dentro de la cárcel y con otro afuera de ella. La sociedad no olvida dichos casos de corrupción, pero en los anales de los despachos judiciales, continúan sus expedientes, que posteriormente salen a la luz pública para tomar los jueces tomen sus determinaciones. Tal es el caso presentado recientemente. Serán condenados Héctor Aníbal Ramírez Escobar, exalcalde de Neiva y Juan Carlos Herrera, gerente de Empresas Públicas de Neiva de ese momento. Se conoció el sentido del fallo condenatorio emitido por la Juez Primera Municipal en contra de ellos.
Se les imputaron los cargos de celebración de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales en calidad de coautores. El proceso que se le sigue está ligado a la obra del Parque Isla de Aventura mediante contrato de obra No. 573 de 2010 en el cual se invirtieron cerca de 47.000 millones de pesos. Lo que se presume es que la obra habría sido contratada sin la debida planeación razón por la cual el Juzgado 10° Penal Municipal, con funciones de control de garantías de Neiva, acogió los argumentos del ente acusador y concedió medidas no privativas de la libertad al exalcalde, al exjefe de contratación, Euclides Dussàn García y al representante legal del consorcio Muelle 2010, Juan David Cárcamo Luna para el año 2019. El proyecto estaba destinado para el turismo ecológico, adicional a la construcción en obra civil, la cual se encuentra en la actualidad abandonada en la isla del río Magdalena, además de una barcaza que hoy se encuentra abandonada a orillas del parque Caracolí. Existe un detrimento adicional de $300.000.000.
