Una misiva en la que las organizaciones de víctimas le reclaman a Dairo Antonio Úsuga que cuente todo lo que sabe sobre el conflicto armado y sus consecuencias en el Urabá antioqueño, fue la otra acción que marcó la audiencia en la que alias ‘Otoniel’ aseveró que no fue capturado, sino que se entregó a las autoridades colombianas.
Las víctimas apelaron a que la JEP considere la posibilidad de acogerlo en su jurisdicción, esto como una forma de aclarar los sucedido en el conflicto armado, sumado al conocimiento que tiene “y (su) actuación desde los años 80 hasta noviembre de 2016, y la misma JEP comprendiera que todo lo que sigue sucediendo desde 2016 es una secuencia de un pasado de por lo menos 30 años”.
En el documento, le indicaron a alias ‘Otoniel’ que entendían su decisión de entregarse voluntariamente a las autoridades colombianas para “obtener su libertad prontamente y preservar la vida”, pero insistieron en que se debe conocer la verdad para que se cumplan los preceptos de verdad, justicia, reparación ya garantías de no repetición; bases para que llegue, según las víctimas, la paz a los territorios afectados por los grupos armados ilegales.
“Queremos que nos escuche, que nos vea y que muchas verdades sean por nosotros conocidas directamente. No queremos venganzas ni odios. Entendemos que usted tomó la mejor decisión para preservar su vida y lograr una libertad pronta. Quizás para nosotros es muy difícil que usted sea extraditado a los Estados Unidos”, dice el documento presentado en la audiencia de ‘Otoniel’.
En el mensaje dirigido a alias Otoniel, las víctimas le instan a que cuente quienes estuvieron detrás de la guerra que azotó a sus regiones, quienes fueron los patrocinadores de la confrontación.
Finalizada la audiencia, la magistrada de la JEP, Nadiezhda Natazha Henríquez Chacín, hizo énfasis en que Dairo Antonio Úsuga se presentó ante esa jurisdicción en calidad de testigo, pero dejó claro que el antiguo jefe de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, Agc, ha colaborado frente a las peticiones de las víctimas.
“La justicia ordinaria tendría las facultades lo ocurrido ante la JEP en calidad de testigo”, concluyó la magistrada Henríquez Chacín.
