12 billones perdidos por corrupción en OCAD PAZ. En total son 2.094 proyectos en los que los recursos están perdidos. Alexander López, Director Nacional de Planeación, hizo un llamado a los entes de control para dar con los responsables y recuperar los recursos.
DIARIO DEL HUILA, PANORAMA
Por: Gustavo Patiño
Alexander López, director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), denunció que 12 billones de pesos del Sistema General de Regalías, específicamente asignados a los Órganos Colegiados de Administración y Decisión para la implementación de obras en el marco del proceso de paz, conocidos como OCAD PAZ, están perdidos debido a presunta corrupción por parte de funcionarios del gobierno anterior. Este anuncio se produce tras los resultados de una exhaustiva investigación realizada por el equipo de regalías del gobierno, cuyos hallazgos fueron entregados a la dirección del DNP y posteriormente revelados en una rueda de prensa en la Casa de Nariño este lunes.
«Con estos recursos pudimos haber transformado a Colombia. Esos recursos están en manos de criminales, carteles y clanes», expresó López a los medios de comunicación nacionales. La investigación, que destapó un panorama desolador en la administración de los recursos destinados para la paz y el desarrollo en los municipios más vulnerables del país señaló que, de los 6.631 proyectos que actualmente deberían de estar siendo ejecutados, 2.094 no cumplieron con sus obligaciones contractuales, sumando una pérdida de 12 billones de pesos. Este monto, que debió ser invertido en infraestructura, educación y agua potable en los 170 municipios más afectados por el conflicto armado, ahora está en riesgo de nunca ser recuperado.
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Cifras alarmantes
Las cifras presentadas por López son alarmantes: de los 2.094 proyectos mencionados, 1.497 tienen un plazo de ejecución vencido, representando 9 billones de pesos en recursos comprometidos; 301 proyectos están suspendidos por un valor de un billón; y 296 tienen contratos suspendidos con plazos de ejecución vencidos, sumando dos billones en pérdidas. Estas cifras no solo representan un fracaso administrativo para el país, sino un duro golpe a las esperanzas de paz y desarrollo en regiones que han sido históricamente marginadas y azotadas por la violencia producto del conflicto armado.
Ante esta situación, López hizo un enérgico llamado a la Procuraduría, la Fiscalía y la Contraloría para que intervengan de manera inmediata y tomen las acciones necesarias para investigar y sancionar a los funcionarios y exfuncionarios responsables de lo que calificó como «la tragedia que carcome al país». En su intervención, el director del DNP solicitó la creación de un equipo especial de fiscales para investigar a fondo el sistema de regalías en el país, y pidió a las Juntas de Acción Comunal – JAC de los municipios PDET y a la ciudadanía en general que se sumen a la vigilancia y veeduría de estos recursos.
López también reveló que hace un mes firmó un acuerdo de colaboración armónica con la Contraloría y la Procuraduría, con el objetivo de detener el desangre de los recursos de la nación. Además, anunció que próximamente el DNP firmará un acuerdo con la Fiscalía para que se inicien acciones penales de manera inmediata contra los responsables de este escándalo de corrupción.
No es la primera alerta
La denuncia de López no es la primera señal de alerta sobre la malversación de fondos en el OCAD PAZ. La semana pasada, el presidente Gustavo Petro ya había advertido sobre un «inmenso robo» de 9.1 billones de pesos en este instrumento, durante un acto en San Basilio de Palenque, en el departamento del Bolívar. En su intervención, el presidente subrayó que este robo es solo la punta del iceberg, ya que los análisis preliminares solo han cubierto el 20% del sistema de regalías.
El OCAD PAZ es un órgano clave en la redistribución de las regalías generadas por la explotación de hidrocarburos en Colombia, creado específicamente para apoyar la implementación del Acuerdo de Paz firmado en 2016 con las extintas FARC. Su misión es aprobar proyectos de inversión que beneficien a los municipios más afectados por el conflicto armado, conocidos como municipios PDET. Sin embargo, desde su creación, el OCAD PAZ ha estado en el centro de numerosas controversias por irregularidades y presunta corrupción. El escándalo más sonado hasta ahora estalló en 2022, durante el gobierno de Iván Duque, cuando se descubrió que 500 mil millones de pesos destinados a este instrumento de inversión en infraestructura habían sido desviados a través de una red de corrupción que involucraba a funcionarios del Departamento de Planeación Nacional, la Contraloría y varios congresistas.
Comunidades afectadas
El informe presentado por el DNP no solo revela la magnitud de los recursos perdidos, sino también el impacto devastador en las comunidades que deberían haber sido beneficiadas por estos proyectos. Entre las obras más emblemáticas que quedaron inconclusas se encuentran la construcción de redes eléctricas para comunidades indígenas en Maicao, La Guajira. Un proyecto que ha recibido el 97% de los pagos, pero solo tiene un avance físico del 53%. Y la construcción de un acueducto en la zona rural de Sabana de Torres, Santander. Que se esperaba entregar en diciembre del 2019, pero actualmente se encuentra suspendido y en riesgo de desfinanciamiento.
Otro caso alarmante es el proyecto de implementación de gas combustible para la población rural de Puerto Gaitán, Meta. Que ha recibido un anticipo, pero cuyo avance físico es inferior al 60%. En Nariño, la construcción de puentes en vías terciarias de Ricaurte también está suspendida. Con el 99.60% del anticipo retirado en un solo mes y el proyecto paralizado desde entonces.
Medidas a tomar
Estas obras, que deberían haber mejorado las condiciones de vida en comunidades marginadas. Ahora representan símbolos de la corrupción y la ineficiencia que han plagado el sistema de regalías en Colombia. En respuesta a esta crisis, Alexander López anunció un plan de acción que incluye tres medidas principales. Para proteger los recursos del Sistema General de Regalías. La primera es la expedición de la circular conjunta 0052-4 de 2024. En colaboración con la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República. Para endurecer los controles y garantizar la transparencia en el manejo de estos fondos. La segunda medida es la firma inminente de un convenio con la Fiscalía. Que permitirá capacitar a los equipos del ente investigador en materia del Sistema General de Regalías. Y compartir información en tiempo real para detectar y actuar ante cualquier irregularidad.
Finalmente, la tercera medida incluye la verificación y ajuste de los proyectos en ejecución para asegurar que cumplan con todos los requisitos técnicos y administrativos. Además, se firmará un convenio con las Juntas de Acción Comunal para que actúen como veedores y supervisen los proyectos en sus respectivas regiones.
Llamado a la ciudadanía
López también hizo un llamado a la ciudadanía para que participe activamente en la vigilancia de los recursos de la nación. «Es fundamental que la comunidad, a través de las Juntas de Acción Comunal. Y otros mecanismos de control social, esté atenta a la ejecución de los proyectos financiados con recursos de regalías. Solo con la participación activa de la sociedad podremos evitar que estos recursos sigan siendo desviados», afirmó el director de la DNP.
El reto que enfrenta ahora el gobierno es monumental. Recuperar los 12 billones perdidos no solo requiere de una acción coordinada entre las entidades de control y el gobierno. Sino también de un compromiso firme por parte de todos los sectores de la sociedad. Para erradicar la corrupción que ha minado la confianza en las instituciones del país.
La denuncia de Alexander López pone en evidencia no solo la magnitud del problema, sino también la urgente necesidad de reformar el sistema de regalías. Para garantizar que los recursos destinados a los municipios más afectados por el conflicto lleguen efectivamente a sus destinatarios. Mientras tanto, las investigaciones continúan, y el país espera con incertidumbre las acciones que tomen la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría. Para llevar a los responsables ante la justicia y recuperar los recursos que han sido arrebatados a las comunidades más vulnerables de Colombia.
