Por: Luis Alonso Colmenares Rodríguez
El numeral 2.3.6 del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera estableció llevar a cabo la promoción de la representación política de poblaciones y zonas especialmente afectadas por el conflicto y el abandono, como una medida de reparación y construcción de la paz.
En tal sentido se acordó crear 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz para elegir igual número de Representantes a la Cámara por 2 períodos electorales, y fue presentado el proyecto de Acto Legislativo 05 Senado y 017 Cámara de 2017 utilizando el procedimiento legislativo especial (fast track), el cual no alcanzó a cumplir las mayorías requeridas y fue archivado sin que hubiera sido impugnado en la sesión del Senado de la República.
Por consecuencia, el senador Roy Barreras presentó acción de tutela que fue negada por improcedente en el Juzgado 16 Administrativo de Bogotá, y confirmada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, pero la Corte Constitucional la seleccionó, y en tal virtud, mediante la sentencia SU-150/21 ordenó dar por aprobado el proyecto de las 16 curules para víctimas, lo cual a todas luces significa arrogarse de funciones legislativas, como lo explicaron los magistrados que salvaron voto en la decisión.
Así las cosas, ya lo que sigue es que se cumpla la ley y convocar a elecciones para elegir a los 16 representantes a la Cámara en los municipios PDET con unos requisitos y procedimientos especiales que deben ser cumplidos.
En lo personal, si estoy de acuerdo con otorgar esas curules a las víctimas del conflicto y, contrario al criterio generalizado de que se debe reducir el tamaño del Congreso, más bien creo que se debe aumentar su tamaño, para darle mayor representación a las minorías que nunca han tenido una representación política y no son escuchadas desde las regiones apartadas del país, para que se apropien de la solución de sus problemas de manera directa en el Congreso.
Las únicas minorías que existen en Colombia no son las que reconoció la Constitución Política: comunidades indígenas, raizales, afrodescendientes y residentes en el exterior, que de todas maneras tienen una representación muy inferior si es que de verdad nos llamamos un “país incluyente”.
Hay otras minorías de las que nadie se acuerda, excepto que sea en épocas electorales para que voten por las mayorías.
Quién defiende los derechos de las minorías palenqueras, Rrom, LGBTI y religiosas que no están en el Congreso? ¿O es que esas minorías no tienen derechos?
Es que hasta los estudiantes universitarios deberían tener una representación en el Congreso, así como los sindicatos de trabajadores, los campesinos, las juntas de acción comunal.
Para que vayan al Congreso y entre todos ayuden a construir el país que se necesita. Un país en el que podamos caber todos sin necesidad de estarnos matando sino discutiendo las ideas, expresando las opiniones.
En fin, en el Congreso debería estar representada toda la composición social del país.
¿Hay algún colombiano que quiera algo distinto?
Por eso no estoy de acuerdo con los que se oponen a las 16 curules para las víctimas, y han propuesto que se debe reducir el Congreso con la excusa del costo fiscal.
Por qué no se evalúa el costo fiscal de la burocracia que se está creando para la Defensoría del Pueblo: ¿un defensor para cada municipio del país? y entonces qué hacen los Personeros?
¿Por qué no se evalúa el costo fiscal de los 500 cargos que se van a crear en la Procuraduría asumiendo funciones jurisdiccionales? ¿Acaso no se podía resolver esa función con los jueces administrativos?
¿Dónde están los resultados de los magistrados de las altas cortes comparados con los privilegios que tienen para cumplir sus funciones?
¿Y el costo fiscal de la burocracia que han creado en la Contraloría General de la República?
Lo que se necesita es que haya menos privilegios y más justicia, que haya menos privilegios y más legislativo discutiendo y resolviendo los problemas del país, que haya menos privilegios y más resultados de los órganos de control.
¿Cuál es el problema del costo fiscal de las 16 curules para las víctimas?
¡No sean descarados!
