ERNESTO CARDOSO CAMACHO
Dentro de los diversos sucesos que ocurren frecuentemente en la vida nacional es necesario priorizar aquéllos que tienen la mayor relevancia y trascendencia, en el propósito de contribuir, como es el deber del columnista, en buscar las explicaciones y motivaciones de quienes determinan tales sucesos, siempre respetando los criterios de sus lectores y con la mayor objetividad ajena a la manipulación del lector.
En este contexto es inevitable referirse al regreso del señor Salvatore Mancuso, quien fungiera en el reciente pasado como uno de los más destacados líderes del paramilitarismo, durante los aciagos años del conflicto armado entre las Farc y los paramilitares, el cual originó millones de víctimas y enormes crímenes de guerra considerados por el DIH como delitos de lesa humanidad, imprescriptibles y sujetos eventualmente a la jurisdicción y competencia de la Corte Penal Internacional.
Lo primero es recordar que su regreso de los Estados Unidos, donde fue condenado por narcotráfico y duró preso durante 15 años en establecimiento carcelario de máxima seguridad, con ocasión de la extradición ordenada por el expresidente Uribe en compañía de otros célebres protagonistas que, no obstante haberse acogido al sistema penal de Justicia y Paz, derivado de los acuerdos de Ralito, continuaron delinquiendo desde sus sitios de reclusión en Colombia.
La trascendencia de su regreso tiene relación con dos hechos significativos. El primero, que deberá responder ante la justicia penal ordinaria, ante el sistema de Justicia y Paz aún vigente, por cuantiosos procesos donde ya ha sido condenado y por otros aún pendientes de condena o absolución; además, ante la JEP organismo derivado del Acuerdo de Paz de Santos con las Farc, donde ya fue admitido a solicitud suya como “bisagra” entre las Fuerzas Militares y el paramilitarismo, responsable de numerosos actos criminales que constituyen delitos de lesa humanidad. El segundo, por haber sido designado y haber aceptado como gestor de Paz, en la política de “paz total” diseñada por el presidente Petro, adoptada por el congreso mediante la Ley 2272/22, la que fue declarada constitucional por la Corte, con algunas restricciones.
Al respecto cabe mencionar que dicha norma jurídica tiene antecedente en la Ley 418/97 que estableció, en desarrollo del mandato constitucional, la iniciativa legislativa del presidente para implementar políticas que conduzcan a garantizar la conservación del orden público, para lo cual, puede adelantar negociaciones con estructuras criminales de alto impacto para su desmovilización y sometimiento a la justicia.
Pues bien. Concretando el análisis respecto al regreso del señor Mancuso en este claro contexto jurídico, es también indispensable mencionar las eventuales o muy seguras consecuencias políticas que tal suceso generará en la actual coyuntura nacional, caracterizada por la aguda polarización, resultante de las acciones del gobierno Petro, dirigidas a sindicar a la “extrema derecha” como principal responsable del conflicto armado y de las inequidades sociales acumuladas durante su monopolio en el ejercicio del poder.
Muchos ciudadanos todavía no entienden como es posible que caracterizados criminales de una u otra concepción como protagonistas del conflicto armado, puedan ser considerados como eficaces gestores de paz. Para ello conviene recordar que no obstante tan respetable posición conceptual y política, el mecanismo legal ha sido utilizado en otros gobiernos como ocurrió en el del expresidente Uribe.
El asunto de Mancuso tiene especiales connotaciones ideológicas, políticas y sociales; dada su destacada jefatura militar en las fuerzas del paramilitarismo, por las versiones que ha suministrado en las audiencias rendidas ante la JEP en las cuales; según versiones de prensa, ha señalado con nombres propios a personajes políticos, empresarios y empresas que concurrieron en la financiación de sus actividades criminales.
Por otra parte, la coyuntura actual en la que el presidente Petro pretende consolidar su proyecto de paz total, cuando han asesinado a cerca de 400 firmantes del proceso de la Habana; el ELN da un paso adelante y dos atrás en los diálogos que sostiene con el gobierno; el Clan del Golfo y otros importantes grupos al margen de la ley que son herencia del paramilitarismo; las numerosas bandas criminales existentes en buena parte del territorio nacional; donde la delincuencia común tiene azotada a la ciudadanía y las fuerzas del Estado son impotentes para neutralizar la andanada criminal que agobia a los colombianos; pero sobre todo con el denominador común del narcotráfico y la minería ilegal como financiadores; tal coyuntura ha hecho que ya muchos colombianos aún aquéllos que apoyan al gobierno en otras de sus políticas, consideran con sobrada razón que dicha paz total es una quimera o una utopía en la que solamente insiste el presidente Petro.
En conclusión, dadas las anteriores reflexiones, el regreso de Mancuso para ser “Gestor de paz” dependerá de que logre obtener su libertad por la suspensión de sus condenas vigentes y de sus procesos aún en curso; decisión que deberá tomar el Juez de Ejecución de Penas de conformidad con lo dispuesto por la Corte Constitucional.
Por otra parte es evidente que, con esta hábil jugada, el presidente Petro busca mejorar su imagen ante la ciudadanía, al tiempo que pretende desgastar aún más la del expresidente Uribe; avanzar en obtener apoyo en las bancadas gobiernistas e independientes en el congreso para consolidar mayorías que aprueben sus reformas en curso; y profundizar la confrontación ideológica y política, con el fin de esconder su propia incompetencia y la de todo su equipo de gobierno.
El presidente Petro no gobierna, confronta y divide. Y en esta clara circunstancia, los numerosos actos de corrupción que se están conociendo, lo debilitan aún más ante la opinión nacional e internacional, hecho que podría azuzarlo a incrementar su estilo pendenciero y anárquico, escenario en el cual perderíamos todos los colombianos.
