Por: Juanita Tovar.
Tal vez uno de los momentos más dolorosos de nuestra historia reciente se remonta a la terrible tragedia que sacudió a nuestro país el 28 de abril de 2004, un hecho que jamás debió haber acontecido; sin duda, uno de esos episodios en donde nos preguntamos hasta qué punto los azares de la vida pueden ser tan desgarradores y despiadados.
Esa tarde de miércoles de abril de 2004, la ruta 12 del Colegio Agustiniano Norte se desplazaba por la avenida Suba, dirección norte. De repente, intempestivamente, a las 3:15 de la tarde, por una de esas extrañas e ilógicas situaciones de la vida, el trayecto del bus que llevaba aproximadamente 40 personas (entre estudiantes, todos menores de edad, y personal del colegio), fue trágicamente interrumpido; el conductor de una pesada maquinaria que estaba destinada para la realización de obras de adecuación de la troncal de Transmilenio, de aproximadamente 40 toneladas, perdió el control en la curva, colapsando sobre el bus escolar que transitaba justo debajo, en el carril contrario.
Testigos provenientes del Colegio San Juan de Ávila y de Vidrios Murán acudieron de inmediato para ayudar a las víctimas, en su mayoría niños, atrapadas en el accidente. A pesar de sus esfuerzos, la magnitud del desastre resultó incontrolable, el accidente se convirtió en una tragedia devastadora, con un saldo de al menos 21 personas fallecidas y numerosos heridos, muchos de ellos en estado crítico.
La mayoría de las víctimas eran niños y adolescentes, lo que conmocionó profundamente a la comunidad educativa y a toda Colombia. En el lugar de los hechos se hizo presente el entonces Alcalde Mayor de Bogotá, Luis Eduardo Garzón, quien curiosamente tenía un especial vínculo con el colegio Agustiniano Norte, pues sus dos hijos eran egresados de allá. Lucho no pudo sostener las lágrimas y se derrumbó como jamás se le había visto en su curtida experiencia como líder gremial y aguerrido político de la izquierda colombiana. Las horas pasaban y el desasosiego reinaba, el trágico saldo de 21 niños muertos en un accidente de esta naturaleza jamás había sido registrado en nuestro contexto.
Después de 20 años de sucedido este escabroso hecho, todavía muchas familias siguen esperando a que se haga justicia, pues únicamente se registra una sentencia condenatoria dictada el 12 de marzo de 2010 por el Tribunal Superior de Bogotá en segunda instancia. Esta sentencia fue en contra del conductor de la máquina, Reinaldo Blanco; el responsable del mantenimiento de la maquinaria del consorcio, Julián Antonio García Usme; y el individuo que designó a este último para ocupar dicho cargo, Martín Darío Rendón Betancur.
Ninguno de los tres estuvo bajo privación de libertad debido a la naturaleza «culposa» o accidental de los hechos. Únicamente Rendón asumió una compensación económica a dos familias que optaron por no conciliar, aunque cabe destacar que Rendón intentó declararse en quiebra en un intento de evadir esta responsabilidad. Además, no se impuso ninguna sanción disciplinaria contra los funcionarios involucrados. Por otro lado, los procesos civiles y administrativos, iniciados en 2006, permanecen pendientes de decisión en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
Ahora bien, al margen de los detalles al interior de los numerosos folios que componen este expediente y que versan sobre la órbita de la responsabilidad administrativa sobre el caso, hay importantes consideraciones que nos atañen a todos en materia de seguridad en el transporte de menores de edad en vehículos escolares.
En Estados Unidos, la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA, por sus siglas en inglés) establece estándares federales para la construcción y operación de autobuses escolares que abarcan aspectos como la resistencia estructural, la visibilidad, la seguridad de los asientos y el sistema de frenos. Además, cada estado tiene sus propias regulaciones adicionales, en materia de normas de tránsito y prioridad en vía de estos vehículos.
Por otro lado, la Unión Europea (UE) establece normativas detalladas para el diseño, la fabricación y la homologación de buses escolares a través de directrices específicas. Estas cubren aspectos como la seguridad estructural, la visibilidad, la accesibilidad para personas con discapacidad y los sistemas de retención infantil. Además, cada país miembro de la UE puede tener sus propias regulaciones y estándares adicionales.
En ambos casos, los conductores de autobuses escolares deben cumplir con requisitos específicos de licencia y formación, que incluyen capacitación en seguridad vial, primeros auxilios y manejo de situaciones de emergencia. Además, se realizan inspecciones periódicas a los vehículos para garantizar su mantenimiento adecuado y su cumplimiento con las regulaciones de seguridad.
Para el momento de esta tragedia, en Colombia la regulación específica para la protección del transporte de pasajeros en vehículos escolares se encontraba principalmente en el Código Nacional de Tránsito y en resoluciones emitidas por el Ministerio de Transporte, sin embargo, pese a esta desastrosa situación en nuestro país, persisten gigantescos desafíos, pues aún hay una ausencia de regulación y control lo que puede dar lugar a prácticas inseguras y falta de estándares de calidad en los vehículos y conductores.
Así mismo, el estado de las vías por las que transitan los vehículos de transporte escolar en Colombia presentandeficiencias en su estado, como baches, falta de señalización adecuada y falta de mantenimiento, lo que aumenta el riesgo de accidentes. Por otro, lado las condiciones de los vehículos utilizados para el transporte escolar no cumplen con los estándares de seguridad necesarios. Pueden estar en mal estado mecánico, carecer de cinturones de seguridad adecuados o no contar con los sistemas de retención infantil requeridos, y además las carencias en la formación y capacitación de los conductores son factores de riesgo que hacen que esta amenaza aún siga latente en nuestro contexto.
Urge que nuestros sistemas legislativos y regulatorios hagan especial énfasis en evitar a toda costa que tragedias como estas se repitan y que, por culpa de la negligencia, se afecte la vida e integridad de nuestros niños, niñas y adolescentes. Es fundamental que no olvidemos estos hechos y que además de solidarizarnos con las víctimas, nuestro actores políticos que mucho critican, también propongan proyectos para que estos vacíos jurídicos no sigan cobrando vidas.
