Carlos Felipe Córdoba, Contralor General de la Nación, declaró de impacto nacional los contratos de las firmas integrantes de la Unión Temporal Centros Poblados con entidades del Estado.
La Contraloría hará, de manera inmediata, la revisión de 234 contratos celebrados con estas firmas desde el 2014. De acuerdo a lo revelado por la procuraduría, en total los contratos suman un billón doscientos mil millones de pesos.
Con esta decisión se revisará a fondo las posibles irregularidades en la ejecución de los contratos con diferentes despachos público en todo el país.
La Procuraduría en una fase inicial realizará una indagación preliminar para revisar “con lupa” y de forma urgente cada uno de esos contratos.
De los 234 contratos celebrados, 123 fueron entre Intec y el Estado por 790.118 millones de pesos, con Omega Buildings hay 14 contratos por un valor de 12.635 millones de pesos, ICM celebró nueve contratos por 189 mil millones de pesos y Funtic tiene 77 contratos con el Estado por 181 mil millones de pesos.
Esta medida hace parte de las estrategias del Gobierno para recuperar el abono entregado por parte del Ministerio de las Tic a Centros Poblados por 70 mil millones de pesos, sumado a la decisión del embargo de los bienes de Emilio Tapia y de algunos de sus socios y cómplices.
La Contraloría ya había vinculado formalmente al proceso fiscal a Emilio Tapia Aldana, Juan Carlos Ángel, Juan José Laverde, Jorge Molina y José Rafael Lastre, por presunta incidencia y contribución en la consecución de la garantía bancaria falsa y la pérdida de más de 70 mil millones de pesos girados en calidad de anticipo a la Unión Temporal Centros Poblados.
La Contraloría investiga además las irregularidades en el control y seguimiento adelantado por la interventoría. La Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción de la Contraloría vinculó inicialmente al proceso fiscal abierto a los funcionarios de Fondo Único de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones (FunTIC) Adriana Vanessa Meza, representante legal delegada de FunTIC, Sandra Orjuela, subdirectora de gestión contractual; Camilo Jiménez Santofimio, supervisor del contrato 1043 de 2020.
Piden investigación a Emilio Tapia
De otro lado, la Juez primera de ejecución de penas de Barranquilla le pidió a la Fiscalía General que investigue al contratista Emilio Tapia por haber violado la detención domiciliaria que se le otorgó para que continuara cumpliendo las condenas emitidas en su contra por el ‘carrusel de la contratación’ en Bogotá.
En el fallo que le revocó la «casa por cárcel» al empresario se advierte que en diferentes oportunidades salió sin permiso del lugar donde cumplía la pena y además habría salido de la ciudad en vuelos privados.
«Existen pruebas suficientes, como el informe de captura y sus anexos, los informes periodísticos del mes de septiembre de 2021 acreditan las salidas no autorizadas de Tapia Aldana de su lugar de internación domiciliaria, máxime cuando al interior del proceso no se advierte concesión de ningún permiso otorgado para esas fechas por este Despacho Judicial», señala la decisión.
En este sentido le pidió a la Fiscalía y a la Procuraduría General que establezcan si servidores públicos ayudaron o permitieron que Tapia Aldana saliera de su residencia e incumpliera la medida de prisión preventiva.
«Se compulse copias con destino a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación para que se aperturen las correspondientes investigaciones penales y disciplinarias en contra de los servidores públicos que con su acción u omisión hayan permitido o facilitado al condenado Emilio José Tapia Aldana incumplir las obligaciones impuestas al concederle la prisión domiciliaria, y en consecuencia burlado el accionar de la justicia en sede de ejecución de penas; inclusive utilizando, con ilegales propósitos, el domicilio en el que una autoridad judicial dispuso que debía permanecer privado de su libertad», precisa la decisión.
Tapia además deberá pagar una caución por un valor cercano a los 2.400 millones de pesos al Tesoro Nacional por multas y cauciones efectivas.
