Según la Oficina de Asuntos Humanitarios de la ONU en Colombia (OCHA), 25.366 colombianos sufrieron desplazamiento forzado por cuenta de la presencia de grupos ilegales en sus territorios, con 94 eventos registrados.
De la cifra total, 1.535 personas salieron de sus hogares en diciembre, hechos que se concentraron en Bahía Solano, Chocó, donde 900 indígenas abandonaron su comunidad; Roberto Payán, en Nariño con 333 damnificados; Argelia, Cauca con 118 afectados; Alto Baudó, Chocó con 94 víctimas; y Caucasia, Antioquia donde 91 habitantes dejaron sus casas.
Asimismo, el documento indicó que los mayores afectados fueron los indígenas, con un 75% de los eventos presentados en diciembre, seguidos por los afrodescendientes con el restante 25%.
Respecto a los confinamientos, 74.312 personas sufrieron en 2020 ese flagelo derivado de la presencia de grupos armados en su territorio, mientras que solo en diciembre, 4.661 colombianos restringieron su movilidad para evitar ser blanco de ataques armados o morir en medio de combates entre grupos ilegales en Iscuandé, Chocó con 4.149 confinados y Bojayá con 512 afectados.
El reporte además señala que, los desastres naturales produjeron 366.241 víctimas, de ellos 6.050 damnificados se produjeron en diciembre, la gran mayoría en Barbacoas, Nariño por cuenta de inundaciones relacionadas con lluvias.
La ONU alerta que, del total de emergencias presentadas en diciembre, solo el 73% de las personas afectadas en las tres categorías (desplazamiento, confinamiento y desastres naturales) recibieron atención de las autoridades por lo cual hizo un llamado a mejorar esos indicadores.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo precisó que la causa principal de los desplazamientos forzados en el país fueron las confrontaciones por los territorios entre grupos armados ilegales que, de igual forma, comenten otros delitos contra las comunidades de la zona.
Homicidios, violencia sexual, estigmatización, amenazas, hostigamientos, riesgo y materialización de reclutamientos, secuestro, desapariciones forzadas y territorios contaminados con minas personales, son los más recurrentes.
“Para la Defensoría del Pueblo es preocupante que en los departamentos de Nariño, Chocó, Antioquia, Norte de Santander y Córdoba, haya una crisis recurrente por el desplazamiento forzado y las víctimas no cuentan con garantías para el restablecimiento de sus derechos”, aseguró el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
En relación a los confinamientos, la entidad indicó que respecto a 2019 se incrementaron en al menos un 252% en el país, siendo la región del Catatumbo, en el departamento fronterizo de Norte de Santander, donde se presentaron la mayoría de los casos con 33.627 habitantes de casi 10 mil familias confinados.
Para el defensor del Pueblo, otro aspecto que se debe tener en cuenta de manera urgente es que a la crisis humanitaria que padecieron estas familias, se sumó el impacto de la pandemia del covid-19.
“Hay demoras en la atención a las víctimas, restricciones de los grupos armados ilegales en los territorios y el riesgo de propagación del virus en las comunidades, especialmente por los confinamientos en sitios hacinados y por la falta de acceso a servicios de salud”, concluyó Carlos Camargo.