DIARIO DEL HUILA, REGIONAL
Por: Daniela Gutiérrez
Son 15 los municipios del departamento del Huila que hoy cuentan con 140 proyectos de los cuales 43 han sido avalados por las Administraciones Municipales para hacer explotación minera en las principales fuentes hídricas. En tres de esos municipios la ciudadanía y las veedurías ambientales han logrado detener las audiencias públicas; último paso para la aprobación de los mismos.
Gran preocupación hay en el departamento del Huila debido a la gran cantidad de proyectos que existen para explotación minera en 15 municipios con el aval de las Administraciones Municipales, que violan el derecho a estar bien informados para poder intervenir y en sí, la violación de la Constitución Política al no garantizar el derecho de la participación ciudadana y la no realización de los estudios que determinan la incidencia en comunidades indígenas que tienen los proyectos.
“El Huila es una gran fuente hidrográfica del país y por supuesto está expuesto a que se hagan proyectos de minería, desde hace un tiempo venimos emitiendo señales de alarma que han tenido cierta respuesta. Estos son proyectos que están siendo avalados por las alcaldías y la Agencia Nacional de Minería a puerta cerrada”, denunció la concejala Lourdes Mateus.
Modificación de la dinámica del río, conocida como la morfodinámica al afectar esto se pueden presentar afectaciones ambientales en la zona como el desbordamiento desmesurado de los ríos, crecientes incontrolables, etc.
Todos los proyectos de este tipo se concesionan mínimo a 30 años prorrogables a 60 para el caso del Huila, los proyectos tienen la intención de explotar arena, gravilla, material de recebo, mármol, explotación de oro y cerca de 10 minerales más, haciendo que todo el Huila quede minero.
Las denuncias
Lo grave del asunto es que las audiencias que se pretendían realizar no son vinculantes sino informativas, es decir, se presentan la Agencia Nacional de Minería, los alcaldes de cada municipio, las personas y lo que presentan es un informe dejando de tener validez jurídica para poder derogar los procesos; en caso de quererlo hacer ya en este punto.
“Este es un simple requisito formal, como parar suplir el proceso. De ahí se pasa a conceder la licencia minera para la explotación y esto es absolutamente grave, porque las comunidades son citadas y no pueden oponerse. Esto lo estaban haciendo a puerta cerrada sin que nadie se enterara”, indicó Miller Dussán Calderón coordinador del movimiento social “Defensores del Territorio” y director del macroproyecto institucional de acompañamiento a las víctimas del extractivismo de la cuenca del río Magdalena.
De este tipo hay 140 proyectos de los cuales se han firmado actas por parte de los alcaldes haciendo alusión a que están de acuerdo con los mismos, y como son la primera autoridad territorial, se infiere que la comunidad también lo está, explicó Dussán.
“Eso es gravísimo, antes la sentencia lo que decía era que había que hacer una consulta popular donde las personas podían votar sí o no, ahora es todo desde las cabezas liderado por las empresas que están detrás de estos negocios”, advirtió.
Los proyectos
Los proyectos están divididos de esta manera: en el municipio de Campoalegre existen 3 que impactan 4.163 hectáreas en donde el principal afectado sería el río Magdalena buscando explorar oro y sus concentrados. Para el caso de Algeciras se tiene un proyecto que impacta 28.5 hectáreas.
El Municipio de Palermo cuenta con 13 proyectos que afectan 1.339 hectáreas con el principal propósito de extraer arena, gravas, minerales de oro y sus concentrados, rocas metamórficas entre otros en el río Magdalena y el río Yaya.
Neiva tiene cerca de 18 proyectos con un subtotal de 1.167 hectáreas en el río Magdalena y el río Ceibas. Aipe cuenta con 2 proyectos que recogen 4.292 hectáreas. Tello tiene 5 proyectos con 712 hectáreas de intervención en el río Magdalena. Garzón aporta 3 proyectos en 462 hectáreas.
Tarqui 1 proyecto, Oporapa 2, Timaná 2, Elías 5 proyectos, Saladoblanco 2, Pitalito 7, Isnos 4 y San Agustín 5 proyectos todos los anteriores con zona de intervención en el río Magdalena.
En total son cerca de 18.000 hectáreas que serían explotadas que tiene unas afectaciones directas en el medio ambiente y en los cultivos sobre todo de cacao y café, ecosistemas y ambientes naturales ya que en el caso del Municipio de Isnos invade la vereda La Chorrera que nutre el Salto del Mortiño. El río Guarapas y Guacirco son otros dos afluentes que sufren con esta posible explotación.
Suspensión de audiencias
Debido a la intervención de la electa Representante a la Cámara, Leyla Rincón ante la Agencia Nacional de Minería, argumentando la invalidez de los proyectos y la no socialización con las comunidades se lograron 3 autos que suspenden las audiencias públicas a llevarse a cabo los días jueves y viernes en Neiva, Garzón y Pitalito, en donde al mismo tiempo se realizarán plantones rechazando estos hechos que atentan directamente contra el medio ambiente.
