Por: Luis Alfonso Albarracin
Cada cuatro años, una vez posesionado el nuevo presidente de los colombianos, empieza el pugilato en el Congreso de la República para elegir al nuevo Contralor General de la República. Nuevamente volvimos a revivir el clientelismo y la presión de los partidos políticos que apoyan al gobierno nacional y de los sectores de oposición para depurar la lista de los elegibles que fueron preseleccionados, luego de un tortuoso proceso de selección, donde la justicia tuvo que intervenir.
Como no sucedía hace décadas, la elección del nuevo contralor general de la República en el Congreso se ha visto salpicada por una serie de polémicas jurídicas y políticas que, sin duda, enrarecen un proceso cuya fortaleza y transparencia son fundamentales para el país. De acuerdo con algunos expertos de la opinión pública, es una figura determinante contra la corrupción que tiene origen en los vicios crónicos de políticos como alcaldes, gobernadores, ministros, altos funcionarios con los senadores y representantes. A los congresistas y los funcionarios del alto gobiernos se les cumple su sueño más dorado de la corrupción y es que quien los vigila les deba su elección; una suerte de paradoja de quien me investiga me cuida. Por eso, el ruido de cada cuatro años a la hora de conformar la lista en contra de quienes aspiran a tan importante función pública, que no solo tiene el rol de hacer control previo a las obras estatales, sino que goza de una altísima burocracia que siempre suple con nombres que aportan los mismos vigilados.
El cargo de contralor general, más después de la reciente ley que amplió sus facultades, es uno de los más importantes en la lucha contra la corrupción y por el buen uso de los siempre escasos recursos públicos. La elección que recayó en Carlos Hernán Rodríguez es fundamental que su mandato legal no esté en entredicho, lo cual es imperante procurar en medio de las actuales circunstancias. Posee los méritos profesionales y académicos, eso no se cuestiona, pero llega a un cargo de supuesta autonomía con muchos favores por pagar. En la historia del país son varios los capítulos de altos funcionarios que llegaron a sus cargos luego de serios cuestionamientos a sus procesos de elección y que finalmente salieron por decisiones de la jurisdicción contencioso-administrativa, con todo el desgaste institucional y para el cumplimiento de su misión que ese tipo de situaciones conllevan.
A pesar que este Congreso de la República, que fue altamente renovado, mantiene las mismas fallas de origen que sus antecesores: manipular la importantísima elección del Contralor General, que tiene como función constitucional ser la máxima autoridad de vigilancia del fisco, cuidar el buen uso del dinero público e ir en contra de los gastos corruptos, obras sin terminar, incestos económicos entre senadores y ministros, componendas entre contratistas y gobernantes e investigar a fondo qué se hace con el dinero de impuestos que nunca alcanza para la inversión social. Nos queda esperar que Rodríguez entienda que ha sido elegido para vigilar a quienes lo eligieron, que cumpla con la autonomía de una entidad golpeada por los escándalos y que haga una labor ejemplar.
