La Procuraduría General de la Nación citó a juicio disciplinario, durante el martes 23 de agosto, a tres dragoneantes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario —INPEC— y al exdirector de la cárcel La Picota Wilmer José Valencia por presuntas irregularidades en el cumplimiento de una supuesta orden médica presentada al condenado empresario Carlos Mattos, que fue aprovechada por éste para realizar viajes en medio de su sentencia por corrupción en el denominado Caso Hyundai.
De acuerdo con el Ministerio Público, hubo anomalías en el actuar del ex director dado que no estuvo acorde a la orden médica proferida contra el condenado, indicando que “la remisión de la persona privada de la libertad —refiriéndose a Mattos— no se realizó con la debida vigilancia y seguridad que se requería, situación que provocó que no regresara de inmediato a las instalaciones del complejo carcelario La Picota, en la capital”.
Así las cosas, el organismo de control precisó en la decisión que Valencia Ladrón de Guevara habría faltado a su deber de cumplir con diligencia e imparcialidad la tarea encomendada de vigilar el cumplimiento de la orden de Mattos y que, por el contrario, no contempló las medidas de seguridad adecuadas para el traslado del condenado. En concordancia, habría omitido coordinar el apoyo de la fuerza pública para el traslado del preso.
El exdirector de La Picota, en marzo de este año, se refirió a los viajes que hizo el empresario mientras cumplía su condena por corrupción de la justicia, asegurando que no hubo indicio alguno de fuga en la supuesta cita médica de oftalmología que debía cumplir en un consultorio al norte de Bogotá. Para ese momento, aseguró en cambio que, “La remisión dispuesta se llevó a cabo con el lleno de requisitos legales establecidos para este tipo de citas médicas y además contó con el protocolo establecido”.
Sin embargo, Mattos terminó de manera inexplicable en un encuentro privado en una de sus propiedades con abogados y algunos allegados, entre ellos el reconocido penalista Iván Cancino, quien integra el equipo de la defensa del empresario. También la Procuraduría halló que el actuar del exdirector del centro reclusorio permitió un trato preferencial al señor Mattos Barrero, produciendo que el condenado cuestionara la actividad penitenciaria y soslayando el hecho de que todos los internos deben recibir el mismo trato.
Mediante un comunicado emitido a principio de año, en medio de esta polémica, el coronel retirado había manifestado que dentro de sus funciones como director de la cárcel de Bogotá La Picota estaba la de “propender y garantizar los derechos fundamentales como el acceso a los servicios de la salud y asistencia médica a los privados de la libertad” y, en ese orden, la remisión proferida a Mattos estuvo acorde “a los procedimientos reglamentados”.
Entre tanto, dicho concepto no es acorde con lo hallado con la Procuraduría, que lo citó junto con tres dragoneantes para el juicio cuya fecha aún está por definir. Recordemos que el pasado lunes 1 de agosto, el Tribunal Superior de Bogotá anuló una condena a más de cinco años de prisión que había sido proferida en contra de Mattos el pasado 7 de junio, por haber sobornado con 100 millones de pesos entregados en una caja de zapatos a la jueza Ligia del Carmen Hernández.
Finalmente, Mattos había reconocido que el soborno a la entonces jueza 16 civil municipal de Bogotá se había hecho para beneficiarlo en medidas cautelares que le permitieran continuar como representante de Hyundai en Colombia y comercializar los vehículos de esta firma
