Para la fecha que relaciona la Procuraduría, se encontraban a cargo Francisco Solano Mendoza (2015 – 2016) y Luis Enrique Dussán López (2016 – 2018).
Por presuntamente omitir la presentación de informes ante la Comisión de Auditoría de la entidad para mitigar la materialización de un posible fraude, lo que pudo ocasionar la pérdida de recursos por $ 5 mil millones y $10 mil millones, respectivamente.
Solano Mendoza habría omitido generar un reporte en el que indicara la manera de evitar que se falsificaran escrituras, certificados de tradición y sanas posesiones en el trámite de créditos agropecuarios a pequeños productores, obligaciones que al vencerse eran cobradas por las oficinas afectadas, por lo que no se generaban alertas.
En el caso de Dussán López, actual gobernador del departamento del Huila, la Procuraduría, refiera que, al parecer, no implementó oportunamente las recomendaciones de la auditoría interna del banco, encaminadas en evitar los riesgos mencionados en las líneas de crédito agropecuario y libranza, y tampoco definió acciones y medidas para preservar los recursos oficiales.
La Procuraduría Delegada de Instrucción para la Economía y la Hacienda Pública indicó que esta modalidad delictiva, consistente en obtener créditos por parte de terceros con información fraudulenta, supuestamente afectó al Banco Agrario desde 2014, sin que el dinero haya sido recuperado.
Por los hechos, el ente de control calificó provisionalmente la aparente conducta de los expresidentes de la entidad financiera, y representantes legales de la misma, como falta grave cometida a título de culpa gravísima.
